¿Quiere abrir una planta fotovoltaica en España? Ármese de paciencia y rodéese de una cohorte de abogados

La semana pasada, el grupo francés Cobra anunció la puesta a punto de un importante macroproyecto verde en España. La multinacional gala hizo público un contrato de inversión con Natixis CIB y el banco Santander por una financiación de 700 millones de euros, destinados a la construcción de 21 plantas fotovoltaicas con capacidad de generar 1.231 megavatios (MW). Operaciones como esta no se cierran en una tarde. Requieren largas horas de estudio y negociaciones con potentes despachos de abogados. En el caso Natixis y Santander, los inversores han contado con los servicios de la división española del bufete Watson Farley & Williams, una firma especializada en operaciones energéticas.

Buscar consejo legal antes de invertir en una renovable es lo normal, pues en juego hay cifras estratosféricas, pero, sobre todo, los inversores saben que esta aventura implica adentrarse en una peligrosa telaraña burocrática y legal. Las leyes marcan un exigente calendario de plazos legales e hitos administrativos, y fallar en un trámite puede condenar al naufragio un proyecto millonario.

En primer lugar, la ley exige que cualquier planta eólica o solar debe estar operativa en cinco años desde que comienza su tramitación. Pero hay un problema: un tapón de solicitudes colapsa las oficinas públicas, que no dan abasto para dar luz verde al centenar de peticiones de licencia que se amontonan en sus oficinas. Según fuentes del sector energético, hasta 50.000 millones de euros podrían quedar varados por los retrasos de las administraciones nacionales y autonómicas.

Riesgo de ejecución

“La existencia de un volumen de proyectos tan elevado ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de su tramitación hasta el punto de que se está poniendo en riesgo su ejecución”, corrobora Miguel Cuesta Boothman, abogado socio especialista en energía Montero Aramburu, quien advierte de la existencia de “tensiones y cuellos de botella”. Los plazos son tan ajustados que los promotores temen no conseguir los sucesivos permisos administrativos a tiempo para iniciar las obras. Cuando obtienen las licencias comienza otra carrera a contrarreloj: construir la planta y echarla a rodar a tiempo. En términos generales, la ley exige cumplir cuatro grandes hitos burocráticos: conseguir un permiso de conexión a la red, una declaración de impacto ambiental favorable, la autorización para construir y, por último, la autorización de explotación definitiva. Y cada fase tiene un plazo.

Los promotores deben andarse con ojo. No cumplir con los sucesivos plazos legales se torna en pesadilla, pues puede producir un fallo en la cadena de contratos (bancos que no cobran, constructores que quedan varados, inversores en la estacada…). “La principal consecuencia es la caducidad del permiso de acceso y conexión a la red”, advierte el abogado Boothman. Lo que, llanamente, implica “el fin del proyecto en casi todos sus ámbitos”. Hay una fecha clave, el 25 de enero de 2024. Es el límite que tienen mil parques eólicos y solares —el grueso de los proyectos de renovables que planean construirse— para conseguir la codiciada licencia de obra. Rebasar el plazo supondría la caducidad de la autorización ambiental que ya tienen concedida. Por el momento, la pelota está en el tejado de la administración. El plazo fue ampliado este verano por el Ministerio de Transición Ecológica por seis meses, motivado por las quejas del sector que denunciaba que el día se echaba encima y que no podrían cumplir con el papeleo.

Para María Pilar García Guijarro, socia directora del bufete Watson Farley & Williams en España, la ampliación de este margen legal fue un parche. “La extensión del plazo para obtener la autorización de construcción se ha traducido en la reducción del tiempo para construir la planta”, que antes era de dos años, y ahora debe materializarse en poco más de uno. El efecto dominó se agrava, pues el término para conseguir la autorización de explotación a tiempo, el último de los logros burocráticos, permanece inamovible: sigue siendo cinco años. Y las prisas provocan problemas coyunturales, como “una sobrecarga de trabajo de las empresas constructoras”, señala García Guijarro, además de una repentina falta de suministros y el consiguiente incremento de los costes por una explosión de la demanda.

Para Andrés Jiménez Díaz, socio de derecho público de Eversheds Sutherland, una de las causas de los retrasos de la Administración es que la ley no distingue entre proyectos de gran envergadura y modestos. Todos están sujetos a los mismos plazos, “aun cuando la ejecución de los grandes proyectos puede presentar condicionantes técnicos o medioambientales especiales”, remarca Jiménez. Solo en el caso de plantas de energía hidráulica de bombeo, la ley concede siete años de margen para que la planta esté operativa.

Como añade el abogado, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reconocido en varias ocasiones que la mayor parte de los hitos no dependen de la diligencia del promotor, “sino de la celeridad o tardanza de la Administración en resolver y conceder las autorizaciones”. La propia administración reconoce que los promotores de los proyectos verdes tienen las manos atadas. Solo cabe esperar. Otro escollo, apunta Coral Yáñez, socia de Bird & Bird, radica en la falta de experiencia de los ayuntamientos a la hora de valorar los casos. “Algunos están familiarizados con este tipo de expedientes pero para otros todavía es algo nuevo”, apunta la experta. Sobre todo, agrega, cuando quien abre el expediente son “ayuntamientos pequeños con recursos limitados y sin una normativa urbanística adaptada”, lo que “puede dificultar el proceso”.

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