El reto de descarbonizar la industria española

La industria española navega en un mar lleno de desafíos. Tras hacer frente a la tormenta de la covid-19, le sobrevino un fuerte aluvión con el aumento de precios de los combustibles, las materias primas y la rotura de las cadenas de suministro. Después, el temporal empeoró con la invasión rusa en Ucrania, que ha sido la guinda en este sector, que ha perdido peso en el PIB nacional y que ahora, en medio de este mar revuelto, atraviesa por un proceso de descarbonización.

La transición de la industria hacia procesos más sostenibles es clave para lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050 que establece el Pacto Verde Europeo, ya que representa el 24% del consumo final energético, del 22% del consumo final de combustibles fósiles (teniendo en cuenta solo los usos energéticos) y del 21% del total de las emisiones de GEI, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero cumplir con la meta no está siendo sencillo. “Las empresas del sector tienen que adaptar sus procesos productivos (tanto tecnológicos como energéticos) a unos plazos ya fijados, que son bastante restrictivos, que necesitan cuantiosas inversiones y exigen una rentabilidad y un tiempo [de ejecución]”, afirmó Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España.

En un encuentro celebrado en las oficinas de KPMG en Madrid, Cristeto explicó que en este cambio de modelo el gran reto de este sector —que supone más del 15% en el PIB nacional— está en garantizar su viabilidad económica, pues lo que está en juego es la competitividad y la deslocalización de varias empresas. “Nos enfrentamos a un enorme desafío, pero también a una gran oportunidad”, aseguró. La llegada de los fondos europeos Next Generation será fundamental. Sobre todo, Cristeto hizo énfasis en los recursos que se esperan del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial, que fue aprobado en diciembre del año pasado y del que en las próximas semanas se conocerán los detalles de una primera convocatoria de ayudas, dotada con 1.000 millones de euros.

Estos recursos, sin embargo, son insuficientes para las necesidades de las firmas del sector, según coincidieron los expertos convocados este viernes en el evento titulado El futuro del sector industrial: las claves del PERTE de descarbonización. “Necesitas inversiones mucho más grandes”, dijo Carmen Díaz Canabal, consejera delegada de Holcim España. La directiva explicó que la industria del cemento requiere un gasto millonario en la captura, almacenamiento y el uso de CO2. “Tan solo en la captura se necesitan 300 millones de euros, si vamos a toda la cadena de valor estamos hablando de 1.000 millones por fábrica. Eso estaría ocupando la totalidad del PERTE”, añadió. Además, se compite en un mercado en donde no hay igualdad de condiciones, según José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. “Europa quiere ser la referencia del libre mercado y la libre competencia, pero son los Estados los que quiebran las reglas del juego con ayudas a sus empresas nacionales”.

Jainaga destacó que Alemania, Francia e Italia han vertido “miles y miles de millones” en su industria en los últimos años. El último ejemplo se produjo con motivo de los altos precios del gas. “España ha aprobado un esquema de ayudas de 400 millones para su industria, con un máximo de cuatro millones de euros para empresas. Chequia, con un PIB casi cinco veces inferior al nuestro, ha puesto 800 millones de euros a disposición; Polonia, 1.000 millones; Francia, 7.000, y Alemania, 49.000 millones. Son fondos que van en contra de la libre competencia”, denunció. “En España vamos tarde”, abundó Fernando Coh­nen, director de Operaciones de Solvay. Recordó, además, que en las economías más avanzadas de la zona, desde hace dos años, han empezado a dotar con recursos a sus empresas para hacer frente a la descarbonización y a los plazos que implica el Pacto Verde.

Los expertos participantes aseguraron que la publicación de las convocatorias llegan con retraso frente a lo que sucede en otros países, donde los fondos ya están en marcha. Cristina Ballester, vicepresidenta Large Industries Europe de Air Liquide, una firma con una quincena de proyectos de secuestro de carbón, electrolizadores de hidrógeno o fabricación de hidrógeno, explicó que se requieren de entre cuatro y cinco años para poder desarrollar un proyecto sostenible en la industria. “Una vez que te dan los fondos es un proceso largo”, aseguró. Y, en este sentido, advirtió de que los fondos del PERTE de descarbonización “llegan tarde”. “No vamos a cumplir el plazo de 2030… La industria española tiene que competir con otras que han llegado antes y mejor subvencionadas”, resaltó. “Los plazos de ejecución son un gran reto por resolver”, secundó Antonio Latorre, director de Desarrollo Sostenible e Innovación Tecnológica de Porcelanosa. “Presentar un proyecto requiere de un tiempo y unos plazos de ejecución rea­listas”, añadió Latorre.

Las empresas están realizando un esfuerzo “titánico” para acercarse estos recursos, coincidió Elisabet Alier, presidenta de Alier. “Hay una parte de proyectos que no se pueden resolver sin estas ayudas, de inversiones muy considerables, en un momento en que hay una alta inflación, con altos intereses, una bajada en la demanda y los precios altos de la energía… Si no llegan los recursos del PERTE, algunos proyectos se quedarán en el tintero”, dijo la representante de la firma papelera.

A estas actividades se suman las grandes instalaciones de combustión en otros sectores, con especial relevancia en la industria de alimentación y bebidas. “Si tuviéramos que hablar de los desafíos concretos a los que nos enfrentamos en el PERTE de descarbonización, destacaría la amplitud de sectores a los que está dirigido y la multitud de procesos y tecnologías que involucra en distintos grados de madurez”, explicó en una nota enviada a EL PAÍS (no pudo participar en el evento) el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez. “Los plazos para la finalización de las inversiones, las vicisitudes de la cadena de suministro y la alta demanda de personal cualificado son aspectos que estamos teniendo en cuenta con antelación para que el PERTE se desarrolle de la manera más favorable y tenga el mayor éxito posible”, agregó. Las actuaciones previstas se ejecutarán entre los años 2023 y 2026, si bien los proyectos podrían finalizar posteriormente. El desarrollo completo del PERTE implica una inversión pública de 3.100 millones.

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