Las empresas de talla intermedia también existen
Las firmas familiares europeas reclaman a Bruselas que se cree una nueva categoría entre las pymes y las grandes
Un movimiento empresarial se viene produciendo y tomando cuerpo desde hace un tiempo en el seno de la Unión Europea. Se trata de la iniciativa de la European Family Businesses (EFB), el equivalente al Instituto de la Empresa Familiar español en el ámbito europeo, de proponer cambios en las categorías de las empresas para facilitar su desarrollo y crecimiento. Es decir, crear una nueva categoría intermedia que se encuadre entre las pymes (pequeñas y medianas empresas) y las grandes empresas. Se las denominaría mid-caps (mediana capitalización, en inglés) o empresas de talla intermedia.
Esta categoría recogería a las empresas que han rebasado el techo de lo que se define como pyme en Europa (hasta 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación) y se encuentran en tierra de nadie porque tampoco llegan a la consideración de grandes empresas. Su curva de crecimiento las saca del escalón más bajo y no se pueden beneficiar de las políticas regulatorias y los programas de apoyo de los que disfrutan las pymes. Operan como una mediana empresa ágil y resiliente; pero, al tiempo, están muy lejos de tener la capacidad y el músculo necesario para abordar los requisitos de cumplimiento normativo de una gran empresa.
Esa circunstancia provoca que, a menudo, muchas de esas empresas sean reacias a rebasar la línea de crecimiento que marca la calificación de pyme y que hace que se las considere grandes y, por tanto, se les impongan exigencias normativas como si ya fueran grupos con actitudes más ambiciosas. Una vez que el negocio supera los 250 empleados, la empresa tiene que cumplir con las mismas regulaciones que una gran empresa, a menudo desalentando a las pequeñas empresas a dar un impulso para seguir creciendo. Aunque no se han establecido ningunos límites para considerar a esta categoría, se han barajado las cifras de 500 millones de euros y 1.500 empleos.
La citada institución ha solicitado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo desarrollar esa nueva categoría que esté bien definida en la UE, con políticas específicas que permitan su desarrollo y no frenen su crecimiento. EFB se basa en el impacto económico y social y las contribuciones que hacen y pueden seguir haciendo en la economía. El objetivo, según el español Jesús Casado Navarro-Rubio, director general de EFB, es ayudar a los responsables políticos europeos a comprender el potencial de crecimiento y el impacto de estas empresas, así como aclarar los beneficios que se desprenden de crear una categoría distinta para las empresas de talla intermedia con el apoyo político específico. Los promotores reconocen que “es difícil para el Gobierno entender que no operamos como una gran multinacional, y necesitamos un sistema diferente para administrar la empresa”, pero quieren que entiendan los beneficios que tendría la adaptación.
Si bien se trata de una regulación nacional, el respaldo desde Europa a una nueva categoría alentaría a cada país a abordar las regulaciones y políticas apropiadas para las empresas intermedias. Este no es el caso hoy en día, y animaría y permitiría a estas empresas seguir creciendo.
El término mid-cap, de hecho, ha aparecido en algunos documentos del Parlamento y de la CE. Un ejemplo es la Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad de las Empresas (CSDDD), en la que se argumentó qué categorías de negocio estaban cubiertas y se redujo significativamente tras las reflexiones del Consejo, en particular por lo que se refiere a las pymes. En el caso de las mid-cap de sectores de alto impacto, las normas se aplicarán después de un periodo transitorio. Además, las obligaciones de diligencia debida de estas empresas se limitan únicamente a los impactos graves relevantes para su sector.
Se estima que en torno al 70% de las empresas intermedias son de propiedad familiar, consolidadas en varias generaciones. Las empresas familiares representan entre el 70% y el 90% del PIB mundial y más del 60% de todas las empresas en Europa. Además, desempeñan un papel importante como creadores de empleo, impulsores de la innovación y mantenimiento del medio rural utilizando el suministro local y contribuyendo a la sostenibilidad del bienestar de sus comunidades. Se trata, por tanto, de fuentes esenciales de empleo, principales contribuyentes a la prosperidad económica local y regional, catalizador del crecimiento económico y de la responsabilidad social, impulsores de la innovación, estimuladores políticos para integrar una cultura empresarial en la UE y reducir la deslocalización.
Los corros
- Un impuesto rebajado. Para algo ha servido la presión de las energéticas. Para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rectifique. El impuestazo que había propuesto el Gobierno (el 1,2% de los ingresos obtenidos) se va a reducir considerablemente. La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aceptó las enmiendas de PNV y PDeCat. Aunque no está cuantificado, se colige que el recorte va a aliviar a las compañías, que individualmente y a través de sus lobbies habían intervenido ante los grupos políticos. Así, se excluye de la cifra neta de negocios para determinar el gravamen el que se refiere a las actividades reguladas y se aplicará solo a las actividades desarrolladas en España.
- El interminable Corredor Mediterráneo. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, casi sufre un levantamiento empresarial en el acto celebrado en Barcelona por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que encabeza Vicente Boluda. Y de otro AVE se habló mucho en la jornada por los retrasos en el Corredor del Mediterráneo. Según la ministra, las obras estarán terminadas en 2030, entre otras cosas porque es el calendario exigido por Bruselas para financiarlas. El compromiso genera dudas entre los empresarios, que critican al Gobierno por “coleccionar retrasos”.
- Alianza para reponer baterías eléctricas. Cepsa, dirigida por Maarten Wetselaar, y Acciona han alcanzado un acuerdo para desarrollar una red de intercambiadores de baterías en estaciones de servicio de la firma energética para los vehículos eléctricos que fabrica Silence, filial del grupo de servicios. La iniciativa arranca en Barcelona y prevé 10 intercambiadores en otras tantas estaciones de servicio (cinco en la capital catalana y otras cinco en Madrid). Silence usa en sus motos eléctricas un sistema de baterías extraíbles que permite dejar la unidad descargada en una estación de intercambio.
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