El disputado litro de leche

Hace una década, buena parte de la industria láctea más importante pactaba precios de compra a la baja a los ganaderos, lo que motivó una sanción de 80 millones de la ­CNMC. Aquella práctica, tras el correspondiente proceso judicial y los recursos de las partes, aún está pendiente del pronunciamiento de la Audiencia Nacional.

Más recientemente, hace apenas unos meses, la industria se resistía a subir los precios por encima de los 0,35 euros litro, cifra que no cubría los costes de producción de las explotaciones ganaderas con la Ley de la Cadena (que obliga a pagarlos) como de convidada de piedra.

Aquellas políticas de pactos y silencios dieron lugar a que miles de ganaderos estuvieran trabajando a pérdidas y que, ante esa situación, optaran por la eliminación de unas 50.000 vacas (hasta un censo de menos de 900.000), y por el cierre medio de unas 700 explotaciones al año, hasta las 11.000 actuales.

Hoy, consecuencia de todo ello, la producción de leche se ha recortado estructuralmente a solo unos 7,5 millones de toneladas, con una reducción sobre el año anterior equivalente al 1,4% en marzo, al 2,3% en abril y al 1,3% en mayo, coincidiendo con periodos tradicionalmente de aumento de la producción. A este recorte se suma otro ajuste medio del 12% por los efectos de la ola de calor sobre los animales. Para el otoño se teme una mayor reducción de la producción, lo que está suponiendo un vuelco en los mercados actuales y a futuro.

Las empresas que en el pasado pactaban para comprar a la baja, actualmente se pelean para hacerse con los contratos de los ganaderos a cualquier precio, sabiendo que en el exterior los precios son superiores. Ya no sucede como en el pasado, cuando España era el descargadero de la leche barata excedentaria de otros países comunitarios. Hoy cisternas que tradicionalmente viajaban desde otros países europeos a España, lo hacen en sentido inverso.

Falta leche para una demanda total superior a los 10 millones de toneladas y ello se está traduciendo en una subida espectacular de los precios en origen, aunque una minoría del sector sigue entendiendo que continúan muy ajustados por la subida de costes de insumos derivados de la invasión de Ucrania.

Las negociaciones para la renovación de miles de contratos en los meses de julio y agosto están suponiendo una batalla entre los grupos más importantes y también los pequeños. Todos quieren hacerse con el mayor número de acuerdos y, sobre todo, con las entregas de mayor volumen. Esta situación ha dado lugar a que los pactos hayan pasado de una media de 0,34-0,36 euros hace unos meses a cifras medias de 0,48 actualmente, que llegan a medio euro, e incluso hasta los 0,57 o 0,60 euros, en las operaciones de venta de cisternas en los mercados. La previsión, señala Román Santalla, ganadero gallego y responsable del sector en UPA, es que los precios sigan subiendo entre uno y dos céntimos cada uno de los próximos dos o tres meses si no cede la demanda en los hogares.

En esta batalla se hallan todas las empresas, desde la multinacional francesa y líder en el sector, Lactalis (Puleva, President, Lauki, Flor de Esgueva), al resto: Celta, Pascual, Entrepinares, Reny Picot, Inleit o Río.

Al margen de esa guerra estarían grupos cooperativos como Central Lechera Asturiana, Clun, Covap, Lactiber o Iparlat. Pero ellas también tuvieron sus problemas. Estos tres últimos grupos, como proveedores de Mercadona, sufrieron dificultades por las bajas cotizaciones hasta que la empresa de distribución optó por elevar progresivamente los precios de venta desde los 0,59 euros a los más de 0,70 euros actuales.

Ante este clima de euforia en las cotizaciones, desde la parte ganadera existen dos posiciones frente a la revisión de los miles de contratos: unos se plantean contratos de larga duración para asegurarse unos ingresos al alza, mientras que otros estiman que no deben superar los tres meses al considerar que en otoño habrá menos oferta y más precio por la reducción de los censos y de la producción.

Rosario Arredondo, ganadera cántabra con una explotación de 100 animales y responsable del sector en Coag, considera positivos esos contratos a medio euro por litro, pero recuerda que la rentabilidad se mantiene ajustada por culpa de unos costes de producción que no paran de subir. Reclama comprensión a los consumidores por el incremento de estos en la distribución, ya que producir leche por debajo era una ruina. No obstante, denuncia que algunas industrias estén pagando más a las explotaciones de mayor tamaño, lo que impulsa a los más pequeños a seguir cerrando las suyas.

La subida en origen ya se ha trasladado al consumo, con el cartón de leche por encima de los 0,80 euros.

Esta situación del mercado español se ha repetido en otros grandes países productores por la subida de los costes y el tirón de las compras, muy especialmente en países asiáticos, donde destaca China. Pero se repite más de lo mismo en el sector: también los costes de producción suben, de modo que podría prolongarse la reducción de los censos de animales, lo que significa que habrá menos partos de vacas y un otoño donde el mercado estaría abocado a un mayor desajuste entre la oferta y la demanda.

El déficit está ahí: España necesita más de 10 millones de toneladas para leche y productos derivados frente a una producción de 7,5 millones. Ello supone el mantenimiento de la dependencia exterior, que tradicionalmente se cubría con importaciones de leche excedentaria a precios más bajos. Hoy, esa posibilidad no existe ante los ajustes entre oferta y demanda en todos los mercados a causa de reducciones de la producción también en otros países comunitarios, lo que impide a la industria nacional cubrir una parte de sus necesidades de leche con importaciones a precios más caros.

Multas y reclamaciones

Por otra parte, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una cuestión de competencia referente a otro sector ha abierto nuevamente la puerta a la posibilidad —a los ganaderos que no lo hicieron en su día— de plantear reclamaciones a las industrias de la leche por haber pactado precios entre 2000 y 2013. Como resultado, una docena de empresas, entre las que se hallaban casi todas las más importantes, sufrieron la multa de más de 80 millones de la CNMC que se dirime ahora en los tribunales y sobre la que se espera una respuesta para el próximo año.

El expediente por el que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia multaba a la industria se produjo en 2019 y fueron miles los ganaderos que plantearon reclamaciones en un montante equivalente al 10% del valor de sus ventas en dicho periodo. Ahora se abre la posibilidad de que los afectados que no hicieron en su día las reclamaciones lo puedan hacer al ampliarse el plazo hasta los cinco años. Los diferentes bufetes que llevan este caso están señalando a los ganaderos la posibilidad de plantear sus demandas.