El gran dilema de los gestores de fondos: ¿invertir en empresas que venden armas ya no está mal visto?

Se ha abierto un debate en el mundo del dinero sobre si existen armas buenas y malas, matizando si se usan para defenderse o para invadir y destruir. En estas claves se mueve hoy día la llamada inversión sostenible, conocida por sus siglas inglesas ESG (Environmental, Social y Governance) que abarca la defensa y el respeto del medio ambiente, el efecto de la empresa en el entorno social en el que se desarrolla y también si el gobierno de una compañía está basado en la transparencia, el respeto a los accionistas y la correcta creación de sus órganos decisorios.

La invasión a Ucrania ha encendido la discusión, como también lo ha hecho la crisis energética. A principios del pasado mes de febrero la Comisión Europea incluía el gas natural y la nuclear en el grupo de las energías verdes, con el desconcierto de algunos países miembros, al tiempo que matizaba en un borrador limitar las prohibiciones a las llamadas armas controvertidas (bombas de racimo, minas antipersona, armas biológicas y químicas, y armas nucleares). Circunstancias que han puesto la ESG, al menos temporalmente, en cuarentena.

La moda de lo verde y lo social se ha impuesto en los mercados financieros en los últimos años. Los grandes inversores como bancos, aseguradoras y fondos de capital riesgo se cuelgan esas etiquetas tanto en los activos financieros que adquieren como en sus propias emisiones que se tiñen de este color. Asimismo, los fondos de inversión ofrecen esta posibilidad para que los pequeños ahorradores tengan su dinero en compañías (bien sea con acciones o bonos) sujetos a principios éticos de preservación medioambiental, y actividades que beneficien al conjunto de la sociedad. Y la importancia de este sello verde y social no es baladí. Supone que los grandes fondos e inversores financien o no empresas de acuerdo a estos criterios, es decir, que les den oxígeno para seguir creciendo o que limiten su expansión. Las armas y el tabaco son ejemplos de inversiones que nunca entraban a formar parte de sus carteras.

Patrimonio

En España, además de las numerosas emisiones verdes que se realizan prácticamente todas las semanas, solo el 20% del capital de los fondos de inversión cuenta con este marchamo. A cierre de 2021, los fondos sostenibles contaban con un patrimonio cercano a los 65.000 millones de euros en manos de cinco millones de partícipes (uno de cada tres) que optaban por lo socialmente responsable. En otros países las cifras y porcentajes son mucho más generosas. Pero sin duda, la inversión en la industria armamentística está siendo el eje del desencuentro de la sostenibilidad. El pasado mes de febrero, la propuesta de Unión Europea de una Taxonomía Social de Finanzas Sostenibles sólo consideraba como opuestas a los objetivos sociales las armas muy controvertidas. Eso supone cuestionar el no rotundo a estas inversiones que, hasta ahora, predominaba.

La directora de investigación de inversión sostenible de la gestora holandesa Robeco explica en una reciente nota que “el tema de las armas suscita tales pasiones en la actualidad que no parece que las carteras sostenibles puedan cambiar a corto plazo. Los inversores en sociedades cotizadas no tienen ninguna garantía de que las armas vayan solo a venderse para hacer el bien, ni pueden controlar su destino final”, explica. Un punto de vista que comparte Fernando Delgado, director del Instituto Español de Inversión Responsable, que considera que las armas deben estar fuera “de la inversión sostenible desde cualquier enfoque”.

Desde el otro lado del Atlántico no lo tiene tan claro el banco estadounidense Goldman Sachs. En un reciente informe apunta: “Creemos que aeroespacial y defensa son uno de los sectores más infraponderados por los fondos ESG, pero podrían ver una mayor inversión con el tiempo debido a tres cambios recientes: En primer lugar, la inclusión de la tecnología aeroespacial y satelital en la próxima fase de la taxonomía verde; la eliminación de todo el sector armamentístico de la lista negra en el borrador de taxonomía social y, por último el impacto de la crisis Rusia-Ucrania en la necesidad de defensa básica”, explican. Estos nuevos criterios, según Goldman, sirven de partida para esperar un mejor comportamiento de muchas acciones de estos sectores en las Bolsas por la entrada de dinero fresco.

Javier Garayoa Arruti, director general de Spainsif —plataforma de inversión sostenible con 106 entidades asociadas— se muestra más cauto sobre la posible entrada de estas inversiones en el mundo sostenible. “Se reabre el debate sobre la exclusión en materia de armamento, con matices que es oportuno valorar y consensuar a nivel de sociedad e industria financiera”, explica. Garayoa muestra, en línea con el comunicado de Eurosif —agrupa a las plataformas europeas de inversión sostenible—, una mayor determinación en cuanto a las inversiones en Rusia del mundo ESG: “Las restricciones impuestas a los bonos y otros valores rusos tienen el potencial de hacer imposible que se beneficien del acceso a los mercados de capital europeos y mundiales”, concluye.

Menos polémica hay respecto a la situación energética. Los elevados precios del petróleo o el gas, los problemas de suministro y la llamada inflación de las renovables pueden relajar más las restricciones a estas inversiones por parte del mundo ESG. Fernando Delgado se muestra favorable a no abandonar avances tecnológicos que podría traer la fusión nuclear y se opone a excluir a las petroleras, “ya que cuentan con una gran capacidad para hacer la transformación verde”. Por su parte, el director general de Spainsif cree que la crisis energética no ha supuesto un freno en los avances medioambientales. “Estamos iniciando el proceso de transformación hacia un modelo de energías limpias y sería poco realista no contemplar la realidad de partida y sus efectos sociales, de los que es una muestra clara la subida de las facturas de la luz y el gas de los últimos meses”, argumenta.

Los inversores particulares no podrán eludir su responsabilidad en materia de sostenibilidad. El próximo agosto, cuando se implanten las medidas de la directiva europea MIFID II, será obligatorio para las entidades financieras preguntar al cliente sobre sus preferencias de sostenibilidad, dentro del test de idoneidad que realizan las entidades.