El pueblo se queda con Winnie the Pooh y Disney con su maná económico

Cuando el escritor británico Alan Alexander Milne imaginó un oso adicto a la miel como protagonista de sus cuentos infantiles, poco podía intuir que su personaje encarnaría una de las franquicias más rentables de la historia de la cultura de medios. Hasta hoy, el imperio Winnie the Pooh ha amasado una riqueza estimada de más de 80.000 millones de dólares en casi 100 años de vida. Solo ha sido superado por Pokémon y Hello Kitty.

Desde el 1 de enero de este año, el cuento original de Winnie the Pooh ha pasado a formar parte del dominio público de Estados Unidos. El suceso abre el debate sobre qué ocurrirá con el importante negocio de Disney basado en un oso amarillo con jersey rojo. La doctora Jeniffer Jenkins, directora del Duke’s Center for the Study of the Public Domain de la Universidad de Duke, así lo remarca en un reciente artículo académico, donde explica que ahora cualquier ciudadano puede copiar, compartir o basarse en la historia original del célebre oso, así como en la historia de Bambi, que también pasará a ser libre. Los usuarios podrán crear variantes y cuentos paralelos, descargar la obra gratuitamente, venderla o compartirla.

Pero detrás de creaciones como Micky Mouse o Winnie the Pooh existe una compleja maraña de derechos, diseñada para proteger la explotación en exclusiva de estas míticas figuras. Estos personajes son, ante todo, creaciones artísticas. Como tales, están blindados por los derechos de autor, otorgados a un creador sobre su producción siempre que sea original. Pero estos derechos no funcionan igual que la propiedad sobre un objeto o un inmueble. La propiedad de una casa, por ejemplo, pasa de generación en generación de forma indefinida, mientras que la propiedad de las creaciones artísticas tiene una vida finita. Pasados unos años, estos bienes culturales pasan a formar parte de lo que se conoce como dominio público.

¿Qué implica esto? En términos generales, “el monopolio de explotación concedido a su autor y después a sus herederos expira, y cualquiera puede ya utilizar libremente esos textos, canciones u obras”, explica Violeta Arnaiz Medina, abogada y directora del área TMT, propiedad intelectual y software de PONS IP.

En el caso de Winnie y Bambi en Estados Unidos, aclara la experta, “lo que entra en el dominio público son los cuentos o historias originales en el marco de las cuales estos personajes fueron creados”. La figura del osito rechoncho, a color y con camiseta roja que todos tenemos en mente “continuará protegida”, al ser una creación posterior.

Que la historia original pase a ser pública en Estados Unidos no significa que alguien en Madrid pueda montar un musical sobre uno de estos personajes. Los derechos de propiedad intelectual tienen carácter territorial, por lo que todo depende de la ley de cada país. En Estados Unidos, el cuento de Winnie the Pooh pasa a ser de dominio público al cumplir 95 años desde su creación, pero no ocurre lo mismo en otros países, remarca Rodrigo Manzanares, abogado especializado en propiedad intelectual e industrial en ABG IP.

En España, sin ir más lejos, “los derechos de explotación del autor expiran 70 años después del fallecimiento de este”, apunta Manzanares. Por tanto, Winnie the Pooh no entraría en dominio público español hasta 2037 (Alan Alexander Milne murió en 1956). Bambi, por su parte, lo haría en 2026 (su creador, Felix Salten, falleció en 1945).

Protección legal

Para evitar que el paso del tiempo amenace sus negocios de oro, Disney protege a sus archiconocidos personajes por tres flancos legales, explica David Gómez, socio director de Baylos. En primer lugar, con los derechos de autor, inherentes a cualquier creación original. En segundo término, con marcas, que protegen tanto el nombre como el dibujo. Y, en tercer lugar, con diseños, lo que toca el campo de la propiedad industrial. Lo común es que las productoras “utilicen las tres vías de protección para un mismo dibujo animado, ya que cada una ofrece unas ventajas”, explica el abogado.

El registro de una marca sobre un dibujo y su nombre suele ser la opción más común para las productoras. A diferencia de los derechos de autor, una marca puede durar para siempre si se paga por sus continuas renovaciones. Esta vía permite guardar “la exclusividad a utilizar y explotar el dibujo sin que nadie más pueda hacerlo”, remarca Gómez. Es una fórmula perfecta, por ejemplo, para garantizar el control sobre una gama de productos y juguetes. En España, sin ir más lejos, Disney tiene registrado a Winnie the Pooh como marca propia.

Estas herramientas legales, sin embargo, no pueden derivar en “nuevos monopolios sobre las obras caídas en dominio público”, advierte Violeta Arnaiz. Las industrias pueden proteger partes concretas del negocio, por ejemplo, los peluches de Winnie que vende Disney. Pero la regla de oro es que, si un personaje pasa al dominio público, la libertad de difusión y creación debe respetarse sobre los elementos originales. En otras palabras, la comunidad debe poder disfrutar de la aportación del creador original de forma libre y gratuita.

Arnaiz lo ve como “un trato”, donde “el Estado recompensa al autor su esfuerzo y talento creativo mediante el reconocimiento de unos derechos de exclusiva que le permitan rentabilizar y controlar la obra”, y a cambio, “el autor permite que, pasado el tiempo establecido, la sociedad se beneficie de la obra, y esta pueda servir como estímulo y punto de partida de nuevos creadores”.

El caso de Bambi

Bambi pasará al dominio público en España en 2026. Esto significa que cualquier persona podrá crear su propia versión de la historia del cervatillo y comercializarla de forma libre. Estas obras derivadas, sin embargo, no podrán tomar elementos que hayan sido creados por Disney posteriormente. El dibujo de Bambi, tal como lo conocimos en la película de 1942, quedaría, por tanto, restringido. Rodrigo Manzanares, abogado de ABG IP, explica que un tercero tampoco podrá vender juguetes similares a aquellos que comercializa Disney. Por mucho que el personaje pase al dominio público, no es posible crear confusión en el consumidor, ya que “no es admisible que una empresa parasite sin más la actividad de otra”.