Las infraestructuras vuelven al primer plano

Trece republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor del proyecto de ley de infraestructuras que ahora va camino del despacho del presidente Biden. Tal vez no parezcan muchos, pero dada la intensidad del partidismo republicano —el perdedor en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey no ha admitido aún su derrota—, conseguir siquiera que esa cantidad de republicanos respalde una iniciativa que podría ayudar a Biden es ya un triunfo.

Esta votación da a entender que los políticos creen lo que indican los sondeos: que reparar carreteras y puentes, ampliar el sistema de banda ancha y mejorar otras cosas es inmensamente popular, y que oponerse a la ley les haría pagar un precio político. (Seis demócratas progresistas votaron en contra de la ley, aunque Nancy Pelosi, que afirmó tener un “recuento secreto de los responsables de la disciplina de partido”, podría haber conseguido alguno de esos votos si los hubiera necesitado). Pero si el gasto en infraestructuras tiene tirón político ¿por qué no se produjo con Donald Trump? El Gobierno de Trump declaró por primera vez la Semana de las Infraestructuras en junio de 2017, pero ninguna propuesta legislativa llegó a materializarse, y cuando Trump perdió la presidencia la expresión se había convertido ya en un chiste nacional. ¿Por qué?

No fue solo por incompetencia. Lo más importante es que el Partido Republicano actual es constitucionalmente incapaz —o quizá, dado su comportamiento reciente, deberíamos decir inconstitucionalmente incapaz— de invertir en el futuro de Estados Unidos. Y, por triste que sea decirlo, los demócratas proempresa, a los que verdaderamente deberíamos dejar de llamar “centristas”, tienen algunos de los mismos problemas.

Trump habló mucho de infraestructuras durante la campaña electoral de 2016. Pero el “plan” presentado por sus asesores —se trataba en realidad de un ambiguo esbozo— era un lío. Ni siquiera era realmente una propuesta de inversión pública; era en gran medida un ejercicio de capitalismo de amiguetes, un plan de inversión privada subvencionada por los contribuyentes que, al igual que las “zonas de oportunidades” que formaban parte de la rebaja fiscal de 2017, habrían acabado por beneficiar enormemente a los promotores ricos. Además, era completamente inviable.

Si Trump hubiera querido que se lograra algo real, habría tenido que recurrir a gente con cierta idea de lo que hacía, que al menos supiera redactar leyes. Pero no estaba dispuesto a trabajar con los demócratas, y algunos republicanos clave en el Congreso —Mitch McConnell en particular— se opusieron en todo momento a efectuar una inversión significativa en infraestructuras. ¿Por qué esta oposición? Aparentemente, se debía en gran parte a la manera de sufragar el gasto adicional. Los republicanos se oponían, cómo no, a aplicar nuevos impuestos, en especial a las grandes empresas y a los ricos; también decían estar en contra de un endeudamiento adicional del Gobierno.

Pero la primera regla de la política del déficit es que a nadie le importan realmente los déficits. Desde luego, a los republicanos no les importaban cuando aprobaron a toda prisa una rebaja fiscal de 1,9 billones de dólares sin ningún ahorro de costes para compensar. El puñado de demócratas que siguen resistiéndose al plan Reconstruir Mejor presentado por Biden, que invertiría en personas además de en acero y hormigón, han retrasado la votación al exigir a la Oficina Presupuestaria del Congreso un cálculo de los gastos. Pero no parece importarles el hecho de que la ley de infraestructuras físicas vaya a pagarse en parte con pretextos y engaños, y que la Oficina Presupuestaria calculase que va a sumar cientos de miles de millones de dólares al déficit.

Casualmente, muchos economistas creen ahora que, dados los tipos de interés tan bajos, no deberíamos preocuparnos realmente por los déficits. Pero eso no impide a los políticos invocar selectivamente el temor al déficit para bloquear los programas de inversión pública que no les gustan.

En el caso de los republicanos convencionales, eso significa básicamente oponerse a todo aquello que no sea gasto militar. Todo lo demás es “socialismo”, que para la derecha ha llegado a significar gastar dinero de cualquier manera que ayude a los ciudadanos de a pie. De hecho, está bastante claro que lo que los conservadores temen no es que los nuevos programas públicos fracasen; temen que esos programas se perciban como un éxito, y que eso ayude a legitimar un papel más amplio del Gobierno a la hora de abordar los problemas sociales.

O sea, les preocupa que los programas públicos que ayudan a los ciudadanos pudieran convertirnos en un “país de parásitos”, e incluso tal vez en un país que grava a los ricos para pagar la ayuda a los necesitados. Con esta actitud, el único modo en que Trump podría haber sacado adelante una ley de infraestructuras habría sido ignorar a buena parte de su propio partido y trabajar con los demócratas. Pero como ya he dicho, no estaba por la labor de hacerlo.

Por desgracia, el puñado de demócratas que todavía podría matar el plan Reconstruir Mejor parecen compartir la falta de voluntad republicana para invertir en el futuro, aunque de forma más moderada. Están dispuestos a gastar en infraestructuras, incluso con dinero prestado. Pero el gasto social les echa para atrás, a pesar de que hay pruebas firmes de que dicho gasto ayudaría enormemente a la economía. ¿Por qué? Bueno, Joe Manchin dice que le preocupa que nos convirtamos en una “sociedad subsidiada”.

Sin embargo, a estas alturas, dar rienda suelta a este disparate tendría enormes costes políticos y humanos. La capacidad de Biden para conseguir por fin que se apruebe la ley de infraestructuras que Trump no logró en cuatro años es una lección práctica de lo que puede conseguirse si dejamos a un lado a los ideólogos y a los partidarios del capitalismo clientelista. Ahora los demócratas deberían rematar el trabajo.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2021. Traducción de News Clips