La España apretada

Lo impensable, comenzar a regular el camino de los peatones por las aceras, lo empezó a barruntar el concejal Javier Barbero Gutiérrez unos meses antes de la Navidad de 2017. Desde hacía años, la almendra central de Madrid se atestaba de gente algunos fines de semana y, en los puentes, se llenaba, literalmente. El nivel de apretuje en las arterias más populares se asemejaba al de un concierto, solo que la gente, en lugar de quedarse en un sitio, se movía en diferentes direcciones. Las zonas angostas se convertían en una ratonera y Barbero, responsable del área de Salud y Seguridad, reunió a la policía y se decidió: en los días cumbre de diciembre, la calle de Preciados se usaría para subir desde Sol y la del Carmen, para bajar.

“Fue muy criticado, una cacería, nos acusaron de quitar la libertad de los ciudadanos, pero es una medida que, evidentemente, se ha quedado porque era necesaria, porque ese tipo de aglomeraciones en lugares que son de paso generan situaciones de tensión y la línea entre eso y un problema grave de seguridad es muy fina”, rememora el regidor. Nunca la transformación de una ciudad, ni de un país, tiene una fecha concreta para marcar la efeméride, pero algunos días se convierten en símbolos inesperados, y ese diciembre de hace nueve años, cuando miramos boquiabiertos una decisión hoy naturalizada, lo fue.

Madrid capital superó el año pasado, por primera vez, los 3,5 millones de empadronados y batió un récord de 11,2 millones de turistas. A esta marea humana se suman los 1,12 millones de almas que llegan cada día desde fuera de la ciudad para trabajar en ella, frente a las 790.000 que lo hacía en 2016. El número de viajes en metro y autobús ha batido a su vez las marcas históricas, la economía vibra y la comunidad autónoma se acerca al pleno empleo.

Al tiempo, la vivienda se ha convertido en un bien de lujo, las estaciones de Atocha y Chamartín de tren han dejado para la posteridad imágenes de caos como no se recordaban y las quejas vecinales por la suciedad apenas han dado tregua en los últimos años. En el centro se puede ver a los empleados de limpieza trabajando durante todo el día, pero los contenedores se llenan continuamente, al calor de la explosión de la vida y la actividad del centro.

Hay una España vacía, también llamada vaciada, que, en ocasiones, se ha demostrado abandonada. Su reverso es la España apretada, saturada. Nunca hemos vivido tan aglutinados en pocos sitios como ahora. El relato de Madrid se podría calcar, con particularidades, para Barcelona, Palma o Málaga, entre otras urbes, y en zonas de costa. Es falsa la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor; los datos muestran que hoy disponemos de la mayor red de infraestructuras hasta la fecha, pero la España que roza los 50 millones de habitantes, la que ha crecido a un ritmo de medio millón anual, la de los casi 100 millones de turistas, está poniendo a prueba sus costuras. La presión se deja ver en el transporte, en la vivienda, en la propia convivencia.

“Esta no es una España a dos velocidades, sino dos formas de ocupar el territorio. La población no ha estado jamás tan concentrada, ya no hablamos tanto de campo-ciudad como de litoral-interior y, básicamente, de cuatro focos peninsulares: las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga-Costa del Sol, que va a superar a la de Sevilla en poco tiempo, y el crecimiento en población permanente de las islas mayores de los archipiélagos balear y canario ”, afirma José María Ezquiaga, especialista en planificación estratégica urbana y exdecano del Colegio de Arquitectos de Madrid. A su juicio, se necesita “una política nacional de ciudades para impulsar un desarrollo más armónico, pero esta reflexión debe hacerse a escala nacional, porque cada territorio por separado solo tiene una visión parcial del problema”.

Un puñado de datos ilustra esa concentración. El 90% de la población española vive en el 2,6% del territorio, una densidad que no tiene parangón en Europa; el grueso del crecimiento se ha dado en las citadas áreas y el 30% de los vecinos no nacidos en las ciudades ha llegado a estas después de 2016. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana significan casi el 60% de la expansión del PIB de los últimos cinco años.

El efecto directo más palpable es el encarecimiento de la vivienda, lacerante para la sociedad y la economía. El déficit de residencias no se da en el país, en general, sino en esa España donde todo el mundo quiere vivir. Entre 2021 y 2024, Caixabank calcula una escasez de 765.000 casas, la mitad de ellas en Madrid, Alicante, Barcelona, Valencia y Málaga. El 39% del aumento de precio en el total nacional, según el mismo estudio, se debe a la falta de disponibilidad.

“No veo un problema de especulación en el mercado residencial, tenemos un problema de insuficiente oferta en los lugares donde se concentra la demanda”, afirma Jorge Galindo, doctor en Sociología y autor de Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia. Según los datos de Tinsa, la mayor tasadora de España, el año pasado los precios de compra subieron a un ritmo de dos dígitos en 11 comunidades y el récord de coste por metro cuadrado se mantuvo en Madrid (3.799 euros), Baleares (3.644 euros) y Cataluña (2.549).

El caso de las islas requiere una nota al pie. El déficit de vivienda que Caixabank calcula, del 3,3% sobre el total del parque de viviendas principales, no resulta especialmente acusado, lo cual atribuye a la propia dificultad de acceso a un techo, que frena la emancipación, y las trabas para conseguir trabajadores que puedan trasladarse a Baleares.

La hemeroteca da cuenta de situaciones extremas de profesores que toman el avión cada mañana en Palma para trabajar en Ibiza, o el caso de José Juan, un hombre que quedó primero en una oposición para un puesto en el ayuntamiento de un pueblo de Ibiza y ha renunciado a esta porque no se puede permitir vivir en la localidad. Se trata de Santa Eulària des Riu, bendecida con el metro cuadrado más caro de España.

El periodista Joan Ferrer, autor del libro Ibiza masificada, concluye: “Ibiza es la zona cero de la masificación turística; salimos a 27 turistas por habitante, cuando en Mallorca este ratio es de 17,4, y eso es algo que afecta a todos los niveles, colapsa los servicios públicos porque muchos profesionales no se pueden permitir vivir aquí. Hemos normalizado también que el camarero que te sirve el café, cuando termina el turno, se marcha a dormir a una furgoneta”, explica. La presión se palpa también en la gestión de los residuos. El vertedero de la isla, Ca na putxa, lleva años saturado y el Gobierno balear ha decidido empezar a enviar basura a Mallorca para su incineración a partir de este verano.

España cerró 2025 con un récord de 97 millones de visitantes y, con toda probabilidad, alcanzará el centenar este año. El debate sobre la saturación turística o la turismofobia (el diablo se esconde en las palabras) se trampea con falsos dilemas maximalistas: turismo sí o no. En la realidad, se abren camino soluciones intermedias. En Barcelona, meca turística con 16 millones de foráneos el año pasado, el Ayuntamiento ha decidido reducir a medio plazo la actividad de cruceros y tiene un acuerdo con asociaciones de guías turísticos para que reduzcan el tamaño de los grupos de 30 personas a 15 si los paseos se dan dentro del distrito de Ciutat Vella, el barrio gótico de Barcelona, un conjunto de calles estrechas y plazas minúsculas cuyos residentes tienen problemas para moverse.

El profesor de Secundaria Martí Cusó, treintañero y miembro de la Asociación de Vecinos, explica la transformación de la vida en las calles en las que creció. “Los niños ya no tienen sitios donde jugar, la gente tiene mucho más difícil pararse a hablar, salvo que se sienten en la terraza de un bar; es decir, se ha privatizado el espacio público, pero este sigue siendo un barrio con vecinos y parece que interesa olvidarlo”, subraya.

España ya tiene de por sí un modelo urbanístico más denso que el de sus vecinos europeos. Un estudio de Alasdair Rae, de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, recopiló en 2018 una serie de mapas que sirven para calcular la densidad de población por kilómetro cuadrado. El campeón de Europa fue La Florida, un barrio de L’Hospitalet de Llobregat, con 53.119 habitantes, el doble que Manhattan. Pero el problema, advierte Cusó, “no es la densidad de vecinos; si hay espacio en las calles para la vida y los servicios funcionan, el problema es el bloqueo de la vida fuera de la casa, esa privatización del espacio público”.

Los datos del tráfico de los aeropuertos resultan elocuentes: los 275 millones de pasajeros que registró toda la red de Aena en España en 2019, antes del shock del Covid, se convirtieron al cierre de 2025 en más de 321 millones, con un récord de operaciones y también de transporte de mercancías.

El tirón de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga y Alicante, las principales plazas, explican este crecimiento, que ha sucedido sin sobresaltos operativos tras una potente ola inversora en la década de 2000 a 2010. “Justo después llegó la crisis y se cuestionaron mucho, equivocadamente, los aeropuertos ampliados, pero ahora se están recogiendo los frutos de ese esfuerzo y ahora toca otra fuerte ola inversora para las ampliaciones en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia o Tenerife”, señala Maurici Lucena, presidente de Aena.

El ferrocarril, en cambio, está en el ojo del huracán. El accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que costó la vida a 46 personas, se produjo tras una larga época de incidencias en la red y en los servicios con los consiguientes retrasos y aglomeraciones en las estaciones, que ya provocaron indignación entre los usuarios. Tras la tragedia, que en principio se atribuye a un problema en el raíl y su soldadura, se ha redoblado la seguridad, se han suprimido conexiones, se han alargado los tiempos de viaje y las dificultades van para largo.

El sistema ferroviario, un día motivo de orgullo y símbolo de la modernización por la apuesta por la alta velocidad, afronta un indiscutible problema de desgaste. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido un déficit de inversión en ferrocarril de 30.000 millones de euros y la necesidad de renovar hasta 500 trenes en los próximos años, pero ha responsabilizado de ello al anterior Gobierno.

Los trenes y los sistemas han envejecido mientras la afluencia de usuarios ha crecido. Es palpable en la alta velocidad: con la liberalización, por las mismas vías por las que antes solo operaba una compañía, el AVE de Renfe, ahora lo hacen dos más: Iryo y Ouigo. La competencia ha abaratado los precios y ha elevado la demanda. El 10% de los viajeros usa estos trenes rápidos, el doble que antes de la pandemia. Sin embargo, con datos comparativos, el problema no radica tanto en la intensidad del uso (el ratio de circulación español, de 58 trenes por kilómetro, es muy inferior al de 96 de Francia, por ejemplo), sino en la adecuación del sistema. “Es necesario identificar los cuellos de botella en la infraestructura y en las estaciones, y aplicar las medidas necesarias”, ha concluido un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Juan José Montero, catedrático de la UNED experto en regulación de ferrocarriles, coincide con el diagnóstico. A su juicio, “hubo una desconexión entre la liberalización de los ferrocarriles y la capacidad de las estaciones”. “En el caso de la alta velocidad, ha subido la demanda de familias y gente joven que antes viajaba en coche o en autobús. En el caso de los Cercanías, sí ha habido un problema de saturación, tras años de ajustes y baja reposición de personal, con además un incremento de usuarios trabajadores que se desplazan cada día a la capital”, explica, y concluye: “Y todo eso converge en las estaciones”.

Las grandes metrópolis concentran la actividad, el empleo, y eso se respira cada mañana en esas estaciones de las que habla Montero, así como en las carreteras. “El motivo de la movilidad geográfica siempre ha sido la búsqueda de trabajo y prosperidad y ahora estamos más concentrados que nunca porque ese trabajo y esa prosperidad se encuentran en las capitales y en la costa”, afirma Julio Pérez Díaz, demógrafo y sociólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Lo que sí es peculiar de España”, añade, “es la intensidad migratoria, no los números absolutos: sumar a 500.000 personas al año en un país de 47 millones de habitantes es mucho y tiene que ver con el idioma, en el caso de Latinoamérica”, añade.

España ha rebasado por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, sobre los 49,5 millones que suma la población, según los datos a 1 de enero de 2026 publicados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Sin la aportación migratoria, el país empezaría a encoger. La economía tampoco avanzaría igual. La incorporación de mano de obra extranjera explica casi la mitad del crecimiento del producto interior bruto (PIB) español desde 2022, según un informe de Funcas de esta semana. Aun así, el fenómeno ha prendido la mecha en España, siguiendo la estela del resto de Europa, y alentado posiciones extremas contra los extranjeros.

La situación de la sanidad pública y las listas de espera es terreno abonado para esta batalla, aunque las cifras revelan una realidad más compleja. El gasto sanitario ha aumentado. Sin embargo, el propio Ministerio de Sanidad ha publicado informes admitiendo un déficit de 4.500 médicos de familia hasta 2035 o de 100.000 enfermeras para conseguir equipararse a la proporción de la Unión Europea.

El tiempo de espera para una consulta de atención hospitalaria se ha disparado en 10 años, de los 65 días en 2014 a 105 en 2024, según el último informe anual del Sistema Nacional de Salud. De los 20 Estados miembros de la UE que proporcionan datos de profesionales a Eurostat, España es el octavo con más médicos en ejercicio por 1.000 habitantes de la Unión Europea y el séptimo en personal médico que trabaja en hospitales.

“Las costuras se rompen por las listas de espera, las consultas a los médicos de cabecera han disminuido y crecido en Urgencias, una anomalía que se explica por el colapso de la atención primaria”, señala José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. “Muchos expertos opinan”, continúa Repullo, que el problema “no es tanto de la demografía, aunque esta no ayuda, como de propulsores internos del gasto que exigirían mejoras en la gobernanza y la gestión”.

Algunos de los desafíos parten de la propia demografía; otros, de la demanda. El crecimiento económico también se ha encontrado con algunos cuellos de botella en la infraestructura eléctrica. Aelec, la patronal que representa a las grandes compañías, como Iberdrola, Endesa y EDP, advirtió el pasado diciembre que debía rechazar nueve de cada 10 solicitudes de acceso debido a la saturación de las subestaciones eléctricas, lo que en la jerga suelen llamar nudos. El 88% de ellos, según los últimos datos disponibles, están saturados, es decir, tienen cero capacidad.

Esta congestión no afecta solo a la actividad de las empresas industriales o los centros de datos, que explican una parte importante de la demanda, sino también a la promoción de nuevas viviendas. “Llevamos desde 2014 invirtiendo por debajo de lo que hace falta, en algunos casos es por el techo legal, en otros por quejas de la retribución; a esto se le añade la lentitud de los ayuntamientos a la hora de conceder permisos. Esto no tiene solución a corto plazo, salvo que se desarrollen los accesos flexibles a la red como se hace en Países Bajos y Reino Unido y se libere capacidad inutilizada”, afirma Joaquín Coronado, un veterano del sector, ahora presidente de Build to Zero.

El problema es un hecho; el debate gira en torno a si la normativa y la retribución desincentiva el crecimiento, si las compañías no dan el do de pecho todo lo que podrían o una mezcla. “El bum de las renovables y la electrificación esperada de la demanda han disparado las solicitudes de acceso a las redes eléctricas. En la responsabilidad de la congestión actual se suman una regulación que no ha impulsado suficientemente la inversión, unas tramitaciones administrativas muy lentas, un acaparamiento de accesos por proyectos fantasma, inmaduros o sin contenido y un aprovechamiento insuficiente de la capacidad de la red disponible”, señala Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica. “En la inversión en redes eléctricas es mucho mejor pasarse que quedarse corto, sobre todo para España, que va a tener la electricidad más competitiva de Europa gracias a las renovables”, añade.

Algunos de los retos engarzan con el viejo peligro de morir de éxito. Durante la pandemia, hubo quien se atrevió a hablar de la muerte de las ciudades. La noticia, como decía el famoso desmentido de Mark Twain sobre su propio fallecimiento, se ha demostrado exagerada. La metrópolis ha sido históricamente El Dorado de las clases populares y la emigración a estas es un fenómeno mundial que comienza con la Revolución Industrial. Lo sigue siendo. Esta última ola avanza en medio de un nuevo orden global, favorecida por la digitalización, y requiere repensar las estructuras del conjunto del país. Ese trozo de tierra tan deseado, la España llena, la que necesita poner orden entre los propios peatones que pasean es anhelada, en buena medida, por los problemas de la España vaciada.