Cuenta atrás para la baliza V-16: ¿cuánto cuesta? ¿qué multas se contemplan? ¿rastrea el coche?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto fecha de caducidad definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia. A partir del 1 de enero de 2026, cualquier señalización de avería o accidente que no se realice mediante una baliza luminosa V-16 con conectividad a la nube será inválida y objeto de sanción. La medida, única en Europa, busca reducir los atropellos en carretera, pero ha desatado una batalla comercial de 1.400 millones de euros entre telecos y fabricantes de equipos. También ha despertado recelos sobre si el dispositivo puede ejercer vigilancia y transmitir datos privados de los usuarios del vehículo.

Pere Navarro, director general de Tráfico, ha querido disipar cualquier duda ante la cercanía de la fecha: “No habrá prórrogas ni excepciones”. La contundencia de sus palabras busca movilizar a los propietarios de los más de 30,5 millones de vehículos que circulan por España y que, en cuestión de semanas, deberán contar obligatoriamente con este dispositivo en sus guanteras. Pese a ello, el 80% de los conductores aún no dispone de esta luz de emergencia, pese a que su uso será obligatorio en apenas unas semanas, según un estudio de Coyote, empresa de asistencia en conducción.

La justificación de esta medida drástica reside en las estadísticas de siniestralidad. La DGT lleva años alertando sobre la alta vulnerabilidad de los conductores que abandonan el habitáculo tras una avería. Según los datos de Tráfico, cada año pierden la vida una veintena de personas atropelladas mientras intentaban colocar los triángulos de preseñalización.

Funcionamiento. La nueva luz V-16 busca erradicar este riesgo eliminando la necesidad de pisar la calzada. El conductor simplemente deberá bajar la ventanilla y colocar el dispositivo magnético sobre el techo. Sus especificaciones técnicas prometen una mejora sustancial en la visibilidad: la luz tiene que ser perceptible en un radio de 360 grados y a una distancia de un kilómetro, superando con creces la capacidad reflectante de los viejos triángulos, especialmente en condiciones de baja luminosidad o lluvia.

Sin embargo, la verdadera revolución no es lumínica, sino digital. La clave de la norma reside en la integración con la plataforma DGT 3.0. Al encenderse, la baliza no solo emite luz, sino que envía automáticamente una señal de geolocalización a los servidores de Tráfico. Esta información se procesa en tiempo real para alertar al resto de usuarios de la vía, ya sea a través de paneles luminosos variables en la carretera o mediante avisos directos en las aplicaciones de navegación de los vehículos conectados. El objetivo es anticipar el peligro antes de tener contacto visual con el accidente.

Privacidad. Ante la polémica despertada en las redes sociales sobre el peligro de que se vulnerara la privacidad, la DGT y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han enfatizado que la función de la baliza V-16 se limita estrictamente a la geolocalización de un vehículo inmovilizado en caso de emergencia. La señal emitida es completamente anónima y no requiere cobertura móvil tradicional, ya que se conecta a la plataforma DGT 3.0 mediante redes especializadas.

Es importante destacar que el dispositivo solo transmite la posición cuando se activa, sin enviar datos personales ni información del vehículo, como la velocidad. La AEPD añade que el aviso usa un “identificador técnico” no asociado a una persona o matrícula, y dado que el conductor no tiene que registrar sus datos al adquirir la baliza, la DGT desconoce quién la compró. En resumen, la baliza no revela la identidad del conductor ni permite rastrear sus movimientos.

Además, la tarjeta SIM que lleva incorporada está programada para una única función: comunicar automáticamente la ubicación de la emergencia a la plataforma DGT 3.0 durante 12 años sin coste adicional. No sirve para navegar, enviar SMS o realizar llamadas. En la mayoría de los casos, la tarjeta SIM no es una tarjeta física que se pueda sacar fácilmente, sino que está soldada directamente a la placa del circuito dentro de la baliza. Además, la SIM está diseñada para operar bajo redes de internet de las Cosas (IoT), como NB-IoT, optimizadas para el envío de pequeños paquetes de datos de forma esporádica (la ubicación a la DGT). Si se detecta un uso intensivo y constante (como navegar o usar aplicaciones en un móvil), la conexión sería detectada y bloqueada por el operador.

Negocio. La obligatoriedad ha convertido un elemento de seguridad en un lucrativo nicho de mercado. El modelo de negocio es peculiar. El precio de venta del dispositivo oscila entre los 40 y 50 euros al tener que incluir el coste de la conexión de datos durante un periodo mínimo de 12 años. Esto supone un encarecimiento notable frente a los triángulos, cuyo coste rondaba entre los 5 y 25 euros y carecían de caducidad.

Las cifras son significativas: con un parque asegurado de 34,5 millones de vehículos —incluyendo 25 millones de turismos, 2,5 millones de camiones y cerca de 3 millones de furgonetas—, la renovación del parque de señalización moverá una cifra de negocio estimada en casi 1.400 millones de euros.

El Estado también saldrá beneficiado. Cada baliza lleva un IVA del 21%, lo que supone 8,4 euros por unidad (con el precio medio de 40 euros). Multiplicado por los más de 31 millones de vehículos, la recaudación fiscal se acerca a los 264 millones de euros en impuestos.

Algunas asociaciones de automovilistas creen que detrás de la medida solo hay un afán recaudatorio disfrazado con un mensaje de seguridad vial dado que España es el único país de la Unión Europea que ha impuesto esta tecnología como obligatoria. Esto genera una paradoja para el conductor español: aunque la V-16 sea forzosa dentro de nuestras fronteras, si decide viajar a Francia o Portugal, deberá llevar también los viejos triángulos, ya que la baliza española no está reconocida como sustituto legal en el resto del continente.

Modelos, precios y distribuidores. Este nicho de negocio ha atraído a multitud de actores, aunque el mercado se encuentra fuertemente concentrado. Si bien la DGT ha emitido 239 certificados de homologación para distintos modelos, la fabricación real recae sobre apenas 29 empresas. De estas, un triunvirato domina el sector: LimburgTechnology, LedelSolutions y Premier Auto Accessory aglutinan dos tercios de todas las balizas disponibles actualmente en el mercado. Entre ellas destaca la española NetunSolutions, fundada por Jorge Costas y Jorge Torre, dos ex guardias civiles, cuyo crecimiento ha ido en paralelo al cambio de legislación. En 2018 lograron que la DGT permitiera su uso como complemento; en enero de 2022 se convirtieron en la primera empresa en homologar una baliza V-16 conectada; y recientemente, han reforzado su posición al ser designados proveedores oficiales para los vehículos de la Administración.

Dado que el requisito indispensable es la conectividad, el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en un socio estratégico inevitable. Cada luz V-16 lleva integrada una tarjeta eSIM con datos prepagados, lo que ha llevado a gigantes como Vodafone, Movistar y MasOrange a diseñar ofertas específicas. Todas ellas cobran en torno a 50 euros por baliza, aunque tienen promociones como la de Movistar por 34.90 euros. La más agresiva ha sido MasOrange. Marcas como Orange o Euskaltel ofrecen la baliza gratis a cambio de permanencia de 24 meses a clientes con tarifas convergentes. Otras marcas del grupo como Yoigo o Jazztel tienen cuotas simbólicas de 1,5 euros al mes a cambio de contratar una tarifa o aceptar un compromiso de permanencia de 24 meses.

Pero las balizas se pueden encontrar en los grandes canales de distribución. La opción más barata encontrada es el modelo Trophy V16 IoT, disponible por tan solo 29,90 euros a través de MediaMarkt. Amazon, El Corte Inglés y Carrefour ofrecen una buena variedad de modelos de marcas como Help Flash IoT, SOS Road, iWottolight y Osram. Estas balizas se encuentran en un rango de precios ajustado que va desde los 34,95 hasta los 39,99 euros.

Especificaciones técnicas. La normativa técnica es estricta y el consumidor debe estar atento para no adquirir un producto obsoleto. Hasta el 31 de diciembre de 2025 pueden convivir las luces antiguas (sin conexión) con las nuevas, pero desde el 1 de enero, solo las conectadas serán legales. ¿Cómo funciona la conexión? La baliza se comunica mediante un punto de acceso privado. Al activarse, envía la ubicación del vehículo cada 100 segundos hasta que la DGT recibe la notificación de desactivación. Un punto crítico es la fecha de caducidad. Al estar la eSIM soldada o integrada en el chip, no es extraíble. Esto significa que, pasados los 12 años de conectividad obligatoria (teóricamente en 2038), el usuario se enfrentará a la disyuntiva de reconfigurar el dispositivo pagando una nueva cuota a la operadora o comprar uno nuevo.

Otro aspecto que ha generado sorpresa es la fuente de energía. Ninguna de las balizas V-16 conectadas a la venta dispone de batería recargable; todas funcionan con pilas (generalmente AA o de 9V). La normativa exige que estas pilas garanticen una autonomía en reposo de 18 meses y un funcionamiento continuo de al menos 30 minutos en modo emergencia. Esto obliga al conductor a ser proactivo: se recomienda llevar pilas de repuesto en el coche y revisar el dispositivo periódicamente. Además, para soportar las inclemencias del tiempo, los dispositivos deben contar con certificación IP54, lo que garantiza resistencia al polvo y a la humedad, así como estabilidad frente al viento y capacidad operativa en un rango térmico de -10ºC a 50 ºC.

Multas. La DGT ha advertido de que los dispositivos deben cumplir la homologación. Para verificar la legalidad de una baliza, el usuario debe buscar el código de homologación visible en la carcasa, que debe comenzar por las siglas LCOE o IDIADA, los únicos laboratorios autorizados. Además, el embalaje debe mostrar el número IMEI, prueba inequívoca de que el dispositivo tiene capacidad de transmisión de datos.

No llevar la baliza, o usar una no homologada, se considera una infracción leve sancionada con 80 euros (40 euros por pronto pago). Sin embargo, el riesgo mayor no es la multa de tráfico. En caso de accidente, si se demuestra que el dispositivo de señalización no funcionó correctamente o no estaba certificado, la compañía aseguradora podría eludir responsabilidades, dejando al conductor en una situación legal y económica muy delicada. Además, existen sanciones de hasta 200 euros si se hace un uso indebido del dispositivo o si este no cumple los estándares de seguridad vial.

Con poco más de 30 días por delante, la recomendación general es no esperar al último minuto. La transición hacia el coche conectado ya no es una promesa de futuro, sino una obligación legal que entrará en vigor con las campanadas.