Cuatro de cada diez empresas no tienen en vigor el plan de igualdad al que les obliga la ley

El Gobierno obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un plan de igualdad, un conjunto de medidas cuyo objetivo es garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, así como la eliminación de situaciones discriminatorias por razón de sexo. Hay unas 32.000 empresas en España que tienen la obligación de tener un plan de estas características, pero en torno a 12.000 no cumplen con esta exigencia, ya sea porque no han desarrollado este conjunto de medidas o porque han caducado y lo están renegociando. Así se desprende de un análisis del sindicato CC OO, que abordó el tema este lunes al lanzar su campaña de cara al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos. Por eso la implicación del entorno es fundamental. Nos toca actuar desde ya para poner freno a las violencias machistas”, dijo este lunes la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, que reivindicó la importancia de los planes de igualdad para evitar la violencia en los entornos laborales. Pese a que muchas empresas aún no cumplen con esta exigencia (un 37,5%, en torno a cuatro de cada diez), CC OO subraya que el avance de los últimos años es reseñable: en febrero de 2023 había unos 6.000 planes en vigor, en marzo de este año unos 18.000 y ahora ya son unos 20.000. Por norma general, estos planes se deben renovar cada cuatro años.

Este desarrollo va de la mano de la exigencia normativa a las empresas. Los planes de igualdad son exigibles a las empresas de más de 151 trabajadores desde marzo de 2020, a las de más de 101 desde 2021 y a las de más de 50 desde 2022. Es decir, hace ya tres años y medio que todas las empresas con medio centenar de empleados o más deben contar con este tipo de plan.

El Instituto de las Mujeres especifica con más detalle en qué consisten estos planes: “Las empresas deberán adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”.

“No se está parando el despliegue de estos planes”, continuó Vidal, “porque las organizaciones sindicales insistimos en cada empresa en la que tenemos representación. Los centros de trabajo no puede vivir a espaldas de la mitad de sus plantillas, en base a discriminación y desigualdad”. A la vez, señaló que las empresas que no cuentan con estos planes se enfrentan a posibles sanciones y que las inhabilita para la contratación pública, condicionantes que ayudan a su expansión.

Amenaza de retrocesos

Vidal reconoció que el impulso de los partidos de ultraderecha y su combate al feminismo son una “amenaza” para este tipo de planes, idea en la que profundizó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en la misma rueda de prensa. “Cuando se materializan políticas de igualdad como estas generan hegemonía. Las empresas y las plantillas se dan cuenta de que son necesarias y positivas”, indicó el jefe sindical, que ve en el “martilleo” de las patronales contra el “exceso burocrático” un riesgo para este tipo de políticas: “Es una forma de ir alentando que cuando puedan se van a llevar por delante reglamentación de igualdad. Hay un riesgo evidente en este terreno, como también en los objetivos de descarbonización, también con la excusa del exceso de reglamentación”. Las asociaciones empresariales defienden que el exceso burocrático resta competitividad a las compañías españolas frente a otras rivales.

En esa línea, Sordo se refirió al Partido Popular ante futuros pactos con Vox: pide al principal partido del Congreso que “no ceda ni un ápice en acuerdos con la extrema derecha que supongan recortar o destruir políticas de igualdad; nadie debe comprar mercancía averiada”. Asimismo, cuestionada por los fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores, Vidal agregó que “no puede haber una tercera vez” y criticó la privatización de este servicio: “Es inconcebible que la vida de las mujeres esté en manos de una empresa privada”.