La patronal y los sindicatos de la construcción pactan un incremento salarial del 7% hasta 2026

La patronal y los sindicatos más representativos de la construcción han alcanzado un acuerdo para subir los salarios de los trabajadores un 7,25% hasta 2026. El incremento en 2025 es de un 3,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero (al que se suma un 0,5% de aportación adicional al plan de pensiones del sector), mientras que el del próximo ejercicio será de un 3% (más un 0,25% para el plan de pensiones). El sector emplea a 1,6 millones de personas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa.

Esta subida podría ser incluso mayor si los precios cogen vuelo: han acordado una cláusula de garantía salarial, que operaría en el caso de que la suma del IPC general de diciembre de ambos años supere el 7,25%, hasta un límite del 9,25%. Este aumento adicional, según ha explicado la Confederación Nacional de la Construcción, aplicaría a través de una revisión adicional en 2027, que se repartiría al 50% entre incremento salarial y aportaciones al plan de pensiones.

El presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, ha manifestado que “este acuerdo refleja el compromiso de la CNC con un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores”. El acuerdo llega solo un mes después de que UGT y CC OO se manifestaran frente a la CEOE (en la que se integra CNC) por el aumento de la siniestralidad en el sector (113 muertes hasta agosto de 2025, un aumento del 22%), así como por la negativa de CNC a apoyar el anticipo de la jubilación por la penosidad de esta actividad.

A ese respecto, como subraya UGT en su nota de prensa, se ha acordado la creación de una comisión “para el estudio de la implementación de coeficientes reductores [mediante los cuales un periodo cotizado cuenta como una etapa más larga]”. En ella, se analizará “qué ocupaciones o actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre pueden ser objeto para la aplicación de los coeficientes”. CC OO también destaca este nuevo instrumento: “Es imprescindible para la construcción por los índices de siniestralidad existentes, un paso crucial para reconocer y proteger a quienes realizan los trabajos más duros”. Ambos sindicatos, sin respaldo patronal, ya han reclamado el anticipo del retiro a la Seguridad Social mediante la nueva vía planteada por el Gobierno.

Revisión de contratas

Asimismo, CNC, UGT y CC OO se han comprometido a plantear al Gobierno una modificación de la ley de desindexación de la economía española y de la ley de contratos del sector público. “El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando la mano de obra como elemento revisable”, subraya CNC.

Este es uno de los principales caballos de batalla de la patronal, en el que insiste en cada nueva negociación para subir el salario mínimo: que ese aumento se tome en cuenta en los contratos públicos. El Ministerio de Trabajo ha mostrado su simpatía por esta posibilidad, pero es una competencia de Hacienda, que cada año rechaza de plano el planteamiento.

“Las organizaciones firmantes subrayan también la necesidad de revisar el actual sistema de adjudicación por subasta, que prioriza el precio frente a la calidad o la inversión en innovación, ya que puede comprometer tanto la viabilidad de las empresas como los salarios de los trabajadores”, agrega el comunicado de CNC.

El acuerdo de patronales y sindicatos también propone crear una comisión para identificar las actividades que pudiesen contar con la presencia de sílice cristalina respirable y para el estudio de medidas preventivas, así como “promover medidas que faciliten la incorporación al sector de mujeres, jóvenes y personas inmigrantes”, añade UGT.