Uatae exige que se bonifiquen las cuotas más bajas de los autónomos para apoyar el plan del Gobierno

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), tradicionalmente cercana a Sumar y al sindicato CC OO, ha puesto este lunes condiciones para respaldar la propuesta del Gobierno para el colectivo. La principal exigencia y línea roja que han planteado sus responsables es que el Ejecutivo no solo congele las cuotas más bajas que pagan una parte de estos trabajadores, tal y como ha ofrecido la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sino que bonifique las aportaciones de los tramos más bajos de cotización.

La asociación, presidida por María José Landaburu, estima que esta fórmula de la bonificación de cuotas se traduciría en la práctica en una rebaja de la tarifa mínima en los pagos mensuales de los autónomos con rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional (16.590 euros al año o 1.382,5 euros al mes en 12 pagas).

Uatae —que incluye a destacadas organizaciones de autónomos como la de transportistas Fenadismer, los agrarios de COAG o las mujeres de FEDEPE, cuyos responsables también estuvieron presentes en la presentación de este lunes— no ha concretado hasta donde llegarían estas bonificaciones. Pero sí ha especificado cómo podrían financiarse. Según ha explicado el portavoz de la asociación y responsable de su área jurídica, Antonio García, el objetivo es liberar hasta 8.600 millones de euros al año para sufragar las bonificaciones.

En primer lugar, Uatae calcula que cuando los autónomos que se encuadran en el último tramo de bases de cotización (aquellos con ingresos de 6.000 o más euros al mes) y en el penúltimo tramo (entre 4.050 y 6.000 euros mensuales) coticen efectivamente por estos rendimientos netos, el sistema recaudará 2.700 y 2.400 millones más al año, respectivamente. “Hay 283.000 autónomos con una base media de cotización mensual de 17.000 euros encuadrados en el último tramo”, ha indicado García, quien ha defendido que la idea central de la propuesta sea que solo los autónomos con ingresos más elevados sean los que coticen de forma completa según rendimientos netos.

Además, la recaudación para costear las bonificaciones podría llegar también de aplicar a los autónomos la cuota de solidaridad, que ya se cobra a los asalariados en base máxima de cotización, con lo que se obtendrían, según los cálculos de Uatae, otros 2.500 millones de euros anuales. Y, finalmente, se liberarían unos 1.000 millones que actualmente se destinan a la tarifa plana para las primeras altas como autónomos. “Si se bonifican las cuotas de quienes menos ganan, lo lógico sería ir eliminando progresivamente la tarifa plana y destinar ese dinero a las bonificaciones”, ha señalado García.

Landaburu ha exigido esta redistribución de las cuotas de autónomos a un “Gobierno que se dice progresista” y ha argumentado que su organización rechaza la última propuesta hecha por la Seguridad Social. Esta sigue siendo “regresiva”, ha argumentado la dirigente de la organización, aunque incluya la congelación de las cuotas en 2026 para aquellos que ganan menos de 14.000 euros al año.

Uatae justifica esa regresividad en que un autónomo que gane 670 euros al mes o menos tiene que pagar una cuota de unos 200 euros, por lo que hace un esfuerzo de alrededor del 30% de sus ingresos. Por el contrario, la cuota mensual que pagan los autónomos que ganan más de 6.000 euros representa apenas un 10% de sus ingresos. Además, señalan que la mitad de la cuota que paga este colectivo es deducible en el IRPF, lo que reduce su esfuerzo de contribución al sistema al 5% frente a un 40% al que pueden llegar los trabajadores con las rentas más bajas del colectivo.

Una prestación que exige estar en la ruina

La propuesta de la asociación para seguir desplegando el sistema de cotización que el Gobierno pactó con los agentes sociales y las asociaciones del colectivo en 2022 incluye también mejoras en la protección social de los autónomos, así como cambios en el sistema de regularización. La principal exigencia en materia de prestaciones afecta a la del cese de actividad (equivalente a la prestación por desempleo de los asalariados). Consideran que los requisitos que se exigen en la actualidad para cobrar esa ayuda “exigen que el autónomo esté en la ruina más absoluta”, se ha quejado el responsable jurídico de Uatae.

Es más, ha puesto como ejemplo que una de las situaciones que permiten en la actualidad cobrar esta prestación es que los ingresos del autónomo se reduzcan en un 75% y tenga deudas del 175% de la facturación. “Eso equivale a una situación de muerte civil, en la que lo más probable es que tengas deudas con la Seguridad Social, por lo que incluso cumpliendo esos requisitos no cobres la ayuda”, ha criticado el portavoz de la asociación.

Ante esto, Uatae exige al Gobierno que otra condición para apoyar su propuesta para los autónomos es que los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad sean los mismos por los que una empresa puede hacer despidos objetivos. Esto es “que existan pérdidas actuales, sin necesidad de que se prolonguen durante un año completo, ni de que alcancen un porcentaje determinado de los ingresos. Pero también en aquellos casos en los que se prevean pérdidas futuras, aunque todavía no existan”. Estos últimos casos afectarían, por ejemplo, a la pérdida de un cliente principal, la finalización de un contrato de alquiler o cuando el incremento de precio de un arrendamiento consuma el rendimiento de la actividad, entre otras situaciones.

Igualmente, la organización reclama cierta automaticidad en el acceso a esta prestación para los autónomos económicamente dependientes (TRADES), que son aquellos cuyo 75% de los ingresos depende de un solo cliente. Otra de las peticiones de Uatae es que, para próximas regularizaciones, no haya casos en los que se devuelvan de oficio las cotizaciones que se hayan hecho por encima del tramo en el que están encuadrados, a no ser que lo soliciten expresamente. Y han pedido también que se actualicen con el IPC las bases de cotización de aquellos trabajadores del colectivo que optaron por mantener la base que tenían en diciembre de 2022, justo antes de la entrada en vigor del nuevo modelo.