Díaz defiende recuperar una compensación a los trabajadores despedidos mientras esperan una sentencia judicial

“Usted me pregunta a mí, ¿es correcto que volvamos a los salarios de tramitación? Pues claro que sí“, ha dicho este jueves en una entrevista en Televisión Española la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Así, la también ministra de Trabajo marca posición en uno de los asuntos clave en materia de despido en España, solo cuatro días después de que su departamento, sindicatos y patronales se reuniesen para abordar una reforma de la normativa sobre ceses. Este miércoles, el presidente de la CEOE anunció que su organización se levantaría de esa mesa.

Los salarios de tramitación son las retribuciones que un trabajador despedido deja de percibir mientras se encuentra a la espera de la resolución de un proceso judicial. Si se declara la improcedencia del cese, la empresa debe abonar esos salarios. Es una posibilidad prácticamente desterrada de la normativa (se otorga en muy pocos casos, como cuando se declara la nulidad) y que los sindicatos piden recuperar. Su eliminación fue una de las principales peleas entre el Gobierno y las centrales durante la negociación de la reforma laboral del PP en 2012.

Tras la entrevista, el Ministerio de Trabajo ha matizado que la futura reforma no tiene por qué recuperar los salarios de tramitación en sí, pero sí caminar a un modelo que sirva “para defender a las trabajadoras de menos antigüedad y a las más precarias, y eso tiene que estar en el cambio de modelo al despido restaurativo”. “En la lógica del cambio de despido que se va a plantear en la mesa, la función de los salarios de tramitación tiene que recuperarse”, agrega el Ministerio de Trabajo.

El cambio de 2012, que se aprobó con rechazo sindical, tuvo como uno de sus ejes la rebaja de forma general de la indemnización por despido improcedente, que pasó de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a la actual de 33 días y un tope de 24 mensualidades. Aunque esa fue la medida más visible, los empresarios se felicitaron especialmente de que el Gobierno eliminara también los salarios de tramitación, que en el caso de despidos en relaciones laborales de corta duración superaba generalmente la cuantía de la propia indemnización.

Por este motivo, una eventual recuperación de estos salarios tendría importantes repercusiones en la actualidad. Según fuentes de asesorías jurídicas, muchos empresarios hacen ahora un uso de algunos contratos indefinidos como si fueran temporales, incorporando en el coste de contratación un despido al cabo del año o año y medio. Esta práctica se encarecería notablemente con una recuperación de los salarios de tramitación.

Esto ocurre porque los tiempos medios de espera para que se celebre un juicio por despido en los juzgados de lo social suelen superar los seis meses, a lo que se le debe añadir el tiempo para conocer la sentencia que en los casos de juzgados más saturados se puede demorar hasta tres o cuatro meses. Esto sitúa la resolución del despido en el plazo de un año, siempre con datos promedios. E implicaría duplicar el coste de los despidos en contratos de corta duración.

“El debate no es 33 o 45 días”

En la entrevista en Televisión Española, Díaz ha abundado en otros planteamientos respecto a la indemnización por despido. “El debate no va de 33 o 45 días, el debate es que no cumplimos la Carta Social Europea porque el despido en España no es restaurativo”, ha señalado la ministra. “El despido en España está mal diseñado, es una evidencia”, ha continuado, “no es lo mismo que le suceda a un joven que habla cinco idiomas y con elevadísima cualificación que a una mujer de 54 años sin formación, con elevadísimo riesgo de exclusión”. Por ello, ha justificado que el Gobierno vaya a incorporar la “lógica del daño emergente y el lucro cesante”. “Si usted tiene un pleito en el ámbito civil por un accidente, en la indemnización importa la edad, el género o su profesión. Esta es la lógica que no cumple España y vamos a corregir”, ha explicado.

Díaz se ve legitimada para abordar este cambio tanto por la promesa electoral que hicieron PSOE y Sumar al respecto como por las resoluciones del Consejo de Europa. Estas indican que España no cumple la Carta Social Europea en esta materia (dado el sistema tasado en días español, que provoca indemnizaciones predecibles y, en el caso de las relaciones laborales cortas, escasas). Este organismo ha pedido un cambio legislativo en la materia.

Por su parte, Garamendi, que este miércoles no mencionó esas resoluciones, considera que el debate está cerrado por la sentencia del Tribunal Supremo de ese verano, en la que rechazaba la concesión de indemnizaciones adicionales a las tasadas invocando la Carta. Díaz sí ha mencionado ese fallo y ha subrayado que deja en manos del legislador la competencia para resolver la contradicción entre el sistema español y lo que establece la Carta. “El señor Garamendi se está haciendo una de extrema derecha, diciendo que esto no se puede hacer cuando él sabe perfectamente que es un mandato. ¿Está diciendo que nos rebelemos contra el derecho europeo? Si el PP gobernara no lo haría, pero lo tendría que hacer”, ha agregado.