Los funcionarios interinos protestan ante el Congreso por el abuso de la contratación temporal

Las Administraciones públicas españolas tienen más de 700.000 trabajadores interinos, además de otros 648.000 con categoría de personal laboral (temporal, indefinido e indefinido no fijos) pendientes de lo que diga la justicia europea sobre las condiciones para hacerlos fijos o no. Este jueves se esperan las conclusiones del Abogado General de la UE al respecto, y como anticipo alrededor de 200 personas se han concentrado este martes ante el Congreso de los Diputados para denunciar el abuso de temporalidad en el sector público. Decenas de asociaciones, sindicatos y plataformas de empleados públicos temporales de toda España secundan la protesta, en la que se han gritado proclamas como “basta de fraude de la Administración” o “fijeza ya”. Los participantes han reclamado una “solución definitiva” para su situación y han exigido la recontratación de los interinos que han sido cesados por superar tres años en el puesto sin consolidar la plaza.

Antonio Miranda ha acudido a la protesta con un cartel en el que denuncia que lleva trabajando 20 años como interino en al ayuntamiento de Zaragoza. Pide al Gobierno que tramite de forma inmediata la Ley de Función Pública para resolver lo que considera una situación “injusta”. Relata compungido que su situación laboral no le permite “acceder a una vivienda en buenas condiciones” y que la inestabilidad ha deteriorado su salud mental. Cerca de él, David García, un bombero forestal de Galicia, afirma lleva trabajando como interino desde los 24 años y ahora tiene 40. Entre grito y grito como “no somos de usar tirar, en la Administración se quedan los que están”, denuncia que realiza un “trabajo extenuante” y reclama dejar de ser un “trabajador precario”.

Los asistentes a la protesta tienen esperanzas en el pronunciamiento que haga la justicia europea. El Tribunal Supremo español presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para saber si la legislación española y su interpretación en los tribunales nacionales tiene cabida en el ordenamiento comunitario. El 22 de febrero de 2024 una sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideró que la normativa española sobre temporalidad en las Administraciones contravenía la normativa europea.

En aquel fallo, el TJUE consideró que la ley española, y en particular la figura creada por los tribunales del indefinido no fijo, así como las indemnizaciones previstas para los interinos tras su cese y los procesos de estabilización, no eran en ningún caso medidas suficientemente disuasorias para que las Administraciones no abusaran de la temporalidad. El fallo cuestionaba la efectividad de las medidas que ha emprendido España para intentar atajar el abuso de la temporalidad pública y su encaje en la directiva europea sobre la materia.

Pese a ello, la mayoría de las sentencias sobre este asunto en España rechazan hacer fijos a estos trabajadores. Esta condición solo se adquiere en la Administración española, según la Constitución, si se ha accedido al puesto en condiciones de “igualdad, mérito y capacidad”. Y eso se interpreta como posible solo a través de una oposición.

El caso sobre el que se pronunció el TJUE en febrero de 2024 se refería a una trabajadora que era personal laboral indefinida no fija, pero el tribunal dijo en aquella ocasión que esa categoría, marcada durante años por la jurisprudencia del Supremo, no era suficiente, debido a que esta modalidad contractual seguía siendo a ojos de los magistrados comunitarios un empleo temporal. Tras el fallo, los tribunales españoles han dictado sentencias en ambos sentidos contradictorios: convirtiendo a empleados públicos temporales en fijos, pero también rechazando esta posibilidad, al considerarla inconstitucional.

Ante esta situación, el Supremo decidió en mayo de 2024 remitir su cuestión prejudicial al TJUE. El jueves llegará el turno del Abogado General, quien deberá presentar sus conclusiones sobre el proceso. Estas no equivalen a la sentencia, aunque suelen ser bastante coincidentes en la mayoría de casos.

A esta directiva europea apela Ana Luisa Díaz, de 50 años, que lleva una camiseta de la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (AICAFP), una de las entidades convocantes. Es orientadora laboral en una oficina de empleo en Murcia. Asegura que “hace unos días” ha cumplido 18 años como trabajadora interina y dice con ironía que se dedica a “ayudar a la gente a buscar un trabajo estable” que ella no tiene. Uno de los portavoces de esa organización, AICAFP, Ignacio Marcos, ha exigido al Gobierno que “legisle” para resolver la situación de “personas que llevan 20 años trabajando como interinos y que luego son cesados a coste cero”. Desde el sindicato de funcionarios públicos CSIF, que no ha participado en la manifestación de esta mañana (como CC OO y UGT, los tres principales sindicatos de la Administración), han amenazado con más movilizaciones si el Gobierno no cambia de posición de limitar de tres a dos años el plazo máximo para cubrir una vacante.

La problemática de la conversión a fijos de los empleados públicos que sufren abusos de temporalidad se retrotrae a hace más de quince años. Fue especialmente tras la crisis financiera de 2008, cuando el Gobierno estableció fuertes límites a la creación de nuevas plazas de funcionarios, poniendo topes a la denominada tasa de reposición. Dichos límites impiden que, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, se repongan todas las bajas que se producen entre los funcionarios. En este escenario, las Administraciones y otros organismos públicos han buscado vías de contratación, lo que ha disparado la presencia de interinos y otros temporales, llevando la tasa de temporalidad pública al entorno del 30%, más del doble que la del sector privado. El portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, es una de las personas que se han acercado a los manifestantes para interesarse por la protesta.