Las indemnizaciones de los tribunales a las víctimas del amianto triplican las que va a dar el Estado

El reglamento que desarrolla el fondo para la compensación de víctimas del amianto entra en vigor este jueves, dos años y ocho meses después de lo previsto por la ley que lo creó. Pero para los máximos líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, ese fondo es “muy insuficiente y llega tarde”. En concreto, los dirigentes sindicales critican que los procesos de reclamación, que podrán empezar a tramitarse a partir de ahora, vayan a dejar fuera a la mayoría de los afectados y que las indemnizaciones previstas serán notablemente inferiores a las que vienen dictando los tribunales. Estas multiplican de media por tres las que planea otorgar el Estado, según calculan las centrales.

El reglamento dependiente del departamento de Seguridad Social —que según han criticado duramente Sordo y Álvarez no ha sido acordado con los afectados ni con las organizaciones sindicales— solo permitirá beneficiarse del fondo a los trabajadores que estén vivos a los que se les haya reconocido una incapacidad permanente causada por la exposición al amianto. Este colectivo apenas llegaría a las 700 personas, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social citados este miércoles por Jon García, portavoz de las asociaciones de personas afectadas por el amianto en toda España, quien ha participado con los líderes sindicales en una rueda de prensa para denunciar las deficiencias del nuevo reglamento. El acto ha servido para reclamar al Gobierno que modifique el texto legal.

El fondo, con una dotación inicial de 25 millones de euros, deja fuera a los herederos de los miles de trabajadores afectados que han fallecido en las últimas décadas. Y ello, ha denunciado Sordo, pese a que las autoridades conocen los daños del amianto sobre la salud desde los años setenta. Tampoco se reconocerá a los familiares que, a su vez, se contagiaron a través de la vida cotidiana con los enfermos por exposición (los denominados como afectados medioambientales). Además, los responsables sindicales han asegurado que “en España se sigue conviviendo con el amianto”.

En cuanto a la insuficiencia de las indemnizaciones, Jon García ha detallado que se han estipulado 96.626 euros para los diagnosticados con mesoteliomas; 64.414 euros para aquellos que hayan contraído cáncer de pulmón; 44.310 euros para el cáncer de laringe; y 32.207 euros para quienes padezcan asbestosis. “Están muy alejadas de lo que se consigue normalmente por la vía judicial, donde estas cuantías se multiplican por tres, cuando menos”, ha dicho el portavoz de las víctimas. Como ejemplos puede citarse el caso de la indemnización de 3447.587 euros recibida por la familia de un extrabajador de BSH en Estella (Navarra) fallecido por cáncer de pulmón por inhalación. O el caso de otra familia de un empleado de Babcock Wilcox en Bilbao, fallecido por un mesotelioma pleural, cuya indemnización ascendió a casi 315.000 euros.

Es más, ha asegurado que los montantes previstos por el fondo español son también muy inferiores a los que otorga el Estado francés, donde las indemnizaciones “son tres veces mayores y recogen, además, otros diagnósticos como la asbestosis leve o las placas y el embolsamiento pleural”. De hecho, Sordo ha cifrado en más de 7.000 millones las indemnizaciones dadas a los afectados franceses en los últimos años, frente a los 25 millones previstos por el fondo español, que aún no ha empezado a repartirse y que no se acumulan de un ejercicio a otro si no se gastan.

Dudas sobre la tributación

Las víctimas del amianto, aunque esperanzadas porque, al menos, arranque la concesión de ayudas estatales, han reprochado también al Gobierno que no haya aclarado si las indemnizaciones estarán exentas de tributación, porque, de no estarlo, “las cuantías que se otorguen quedarían en menos de la mitad”, según García. De momento, solo Navarra y el País Vasco, que tienen competencias para ello, han asegurado que no tributarán. Esto, ha denunciado García, generaría una discriminación con el resto del territorio español si finalmente no quedaran exentas.

El portavoz de los afectados también ve discriminación con respecto a otros casos en los que el Estado se ha considerado responsable, cuyas cuantías son mucho más elevadas y no tributan. Es el caso, ha precisado García, de las víctimas del terrorismo, cuyas indemnizaciones ascienden a medio millón de euros; de las víctimas de sida por transfusiones de sangre (126.000 euros); o las de la talidomida (396.000 euros). “Nos vemos discriminados por todos los lados”, ha añadido el representante de las asociaciones.

A las deficiencias del reglamento que denuncian los sindicatos se suma “la maraña burocrática” que, según denuncian, han establecido los responsables de la Seguridad Social para poder acceder a las ayudas. El secretario general de UGT que esto responde al “miedo injustificado que tiene el Gobierno a que haya una avalancha de solicitudes”.

Las centrales han criticado el requisito impuesto a las comunidades autónomas, “deprisa y corriendo en el pasado mes de julio”, para que creen unas “comisiones de evaluación”. Estas serán las encargadas de emitir certificados del reconocimiento de la enfermedad profesional para que los afectados acudan a la ventanilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social a solicitar las indemnizaciones. “A fecha de hoy no se ha constituido ni una sola de estas comisiones”, ha completado García, “así que se puede dar la paradoja de que a 31 de diciembre sigan sin existir y los 25 millones previstos para este año vayan a la papelera, como los de los años anteriores”. “Es una tomadura de pelo total”, ha agregado.

Por todo ello, CC OO y UGT incluyen la reforma del fondo como una de las cuestiones urgentes a reivindicar en las negociaciones con el Ejecutivo y, particularmente, con el departamento de Seguridad Social. “Hay que cambiar el reglamento cuanto antes para no agudizar las diferencias entre quienes soliciten la indemnización ahora o más tarde”, ha señalado Sordo. Este ha vinculado la acción con otra futura reivindicación sindical de calado: la revisión del reconocimiento en general de las enfermedades profesionales. “En España, solo el 0,1% de las enfermedades profesionales son cánceres, mientras que en Alemania son el 32%; eso no lo justifica ni la elevada industrialización alemana”, se ha quejado el líder de CC OO.