Cunde la desesperación tras el derrumbe de un centro especial de empleo en Bizkaia

Durante las dos primeras semanas de marzo, a las puertas de la empresa Prest Servicios y Manipulados, ubicada en un pueblo obrero como Ortuella (Bizkaia), se escucharon testimonios desesperados, también sobrecogedores, de un grupo de trabajadores que acusaban a la dirección de estar “desmantelando el taller” y “dejando morir” a este centro especial de empleo. Eran una veintena de trabajadores con alguna discapacidad física o psíquica que también denunciaban que desde mediados de diciembre no les habían pagado su salario. Estuvieron varios días yendo a trabajar a las 6.00 y volviendo a casa a las 14.00 o las 15.00, sumando horas de brazos cruzados porque no les asignaban ninguna tarea. La gerencia presentó a comienzos de año un concurso de acreedores y el administrador concursal nombrado por un juzgado de lo Mercantil de Bilbao les confirmó hace dos semanas que la empresa había sido liquidada.

“Ahora nos encontramos en un limbo, sin poder trabajar ni buscar otro trabajo, porque estamos de permiso retribuido por cese. La empresa está liquidada, no nos queda ningún cliente, y solo nos queda esperar la llamada del administrador, certificándonos la presentación del ERE que tendremos que pelear”, reconoce uno de los trabajadores afectados. Según detalla, la única compensación que les espera, de momento, es la del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo público encargado de pagar a los trabajadores los salarios o indemnizaciones cuando la empresa se encuentra en situación legal de insolvencia, o al ser declarada en situación de concurso de acreedores. “Nos han dicho que como mucho nos pagarán 120 días (4 meses), pero no sabemos cuándo”, añade con pesar.

“Prest ¡Paga ya!”, “Prest en lucha. Stop a la precariedad”, “Centro especial de empleo. Discapacitados”, “2 meses sin cobrar”. Los empleados colocaron pancartas con estas consignas en la entrada a uno de los dos pabellones de Prest SL ubicado en el polígono industrial Barrio Ballonti II de Ortuella, que todavía hoy resisten pese a haber perdido la batalla. Irse a la calle ha sido “fatal” para casi todos. Hay quien no tiene para pagar el alquiler, otro compañero ha dejado de cumplir con la hipoteca, y, peor aún, hay al menos un operario al que ya no le da para algo tan básico como la comida o los gastos de sus hijos. El futuro es muy negro para todos. “Yo estoy viviendo de lo que me da mi abuela”, comenta uno. En un mensaje de audio enviado por otro se escucha de fondo el llanto de una niña pequeña mientras pregunta al delegado sindical de ELA: “¿Qué puedo hacer para que no me echen de casa?”.

Prest Servicios y Manipulados se creó en 2008 en Galdakao como un centro especial de empleo para dar trabajo a personas con una diversidad funcional igual o superior al 33%. Es uno de los 105 centros de estas características existentes en el País Vasco, según el registro oficial del Gobierno vasco. Nació para dar servicio a la industria de las artes gráficas y evolucionó hasta convertirse en un buen cliente para potentes fabricantes del sector de la automoción (Teknia) y de componentes eléctricos (Arteche). Llegó a superar los 100 trabajadores, de los cuales una treintena siguen en la plantilla, algunos desde el inicio de la actividad hace 17 años. “La misión de Prest es trabajar por y para las personas con diversidad funcional, generar empleo y contribuir al desarrollo y realización de sus empleados”, asegura la firma en su página web. Este diario ha tratado ponerse en contacto con los responsables de Prest, a través de numerosas llamadas de teléfono y por correo electrónico, sin conseguirlo.

“La frustración es total porque ellos querían trabajar, pero no podían porque Prest había solicitado a sus dos clientes principales que retirasen todas las piezas de los pabellones. Sin material, no se puede trabajar. En todo ese tiempo la empresa estuvo incumpliendo su obligación de dar trabajo efectivo a sus empleados”, señala Aitor Gómez, responsable de industria de Ezkerraldea de ELA.

Las baldas de la fábrica se quedaron vacías, los operarios apenas tenían piezas para ensamblar, la maquinaria permanecía parada… Los trabajadores no pueden esconder su enfado y frustración: “El jefe quiso vaciar la empresa para que el administrador concursal certificase que no había actividad y ordenase el cierre definitivo y la liquidación total”, se queja uno de los trabajadores, a quienes no se identifica con sus nombres en este reportaje por temor a que “las represalias vayan a más”. Otro de los empleados reconoce que el administrador ha puesto ya en venta parte de la maquinaria para tratar de hacer frente a las deudas. “Solo puede salvarnos alguien que venga y ponga el maletín, y decida seguir con el funcionamiento de la empresa”, lamenta otro empleado.

Los problemas que acarrea Prest se remontan a dos o tres años atrás. Sus últimas cuentas auditadas corresponden a 2022, sostiene ELA. En ese ejercicio ya presentaba muchos “puntos débiles”, según consta en el registro mercantil, por acumular más de 20 “operaciones impagadas” y un “endeudamiento importante”. Hace unos meses, 17 empleados decidieron rescindir unilateralmente el contrato “por impagos”, lo que según ELA “se trata de un despido improcedente”. “El juzgado les dio la razón y obligó a la empresa a pagar 1.000 euros mensuales hasta saldar la deuda. Pero desde octubre, esas personas no reciben un duro”, añade Gómez. De los 30 empleados que siguieron en nómina, unos 10 estuvieron de baja “porque su situación no se puede sostener”. Solo 20 siguieron en activo, acudiendo todos los días al taller, aunque en realidad solo estuvieron trabajando una media docena de ellos “pese a que saben que no van a cobrar un duro”.

“Desde el año 2019”, alerta el representante sindical, “Prest está obligada por una sentencia firme del Tribunal Supremo [de mediados de 2024] a pagar a todos ellos unos salarios de acuerdo con las tablas salariales del convenio del metal de Bizkaia, porque estas personas trabajan para ese sector. Esto se está incumpliendo sistemáticamente”. Hasta que dejaron de cobrar a mediados de diciembre, percibían un salario bruto de 1.061,36 euros mensuales, cuando deberían ingresar 1.836,16 euros al mes, como establece el convenio provincial de la siderometalurgia, sostiene ELA. En noviembre de 2023 ya organizaron una manifestación por el centro de Bilbao para denunciar su precaria situación. Meses atrás, un juzgado declaró nulo un ERTE durante 365 días que afectaba a 30 trabajadores.

La plantilla reconoce estar en “un callejón sin salida” en pleno concurso de acreedores. Los operarios tienen previsto personarse como “parte afectada” en este proceso. “La dirección ha declarado que nos ha pagado sueldos que no hemos cobrado, tiene embargos por no pagar a la Seguridad Social, ha recibido más de 30 denuncias ante la Inspección de Trabajo…”, señala una empleada. Varias demandas de estas han salido adelante por “impagos, falta de información, no aplicación del convenio del metal o falta de ocupación efectiva en la empresa”, refiere Gómez. “Quiere que nos vayamos, sin finiquito, sin paro y sin posibilidad de cobrar del Fogasa”, apostilla un empleado en referencia al fundador y gerente de la empresa, Bartolomé Jiménez.

El delegado de ELA asegura que en los cinco años que lleva dedicado a defender a los trabajadores de esta compañía (el comité lo forman dos miembros de ELA y uno de CC OO) solo recuerda haberse reunido con la dirección “en una ocasión”. “La falta de comunicación ha sido total. El gerente ha llevado el negocio con un látigo, tratando a estas personas como esclavos”. Es una afirmación que ratifica la representante de Comisiones: “Siempre ha habido quejas por cargas de trabajo excesivas y por ordenar tareas que no son acordes con las capacidades de estas personas. Muy lamentable”.

Los operarios también están enfadados por la “pasividad institucional”. Prest, como empresa que surgió para favorecer la inclusión sociolaboral de personas con diversidad funcional, recibe financiación pública y se beneficia de incentivos fiscales, recuerdan sus integrantes: “Las instituciones se ponen de perfil y miran para otro lado. Hemos pedido una reunión con la Diputación de Bizkaia y seguimos a la espera de una contestación. No se dan por aludidos. Las autoridades no han hecho nada, Lanbide (el servicio vasco de empleo) no cumple sus funciones…”, afirma Gómez.