PSOE y Vox votan juntos en el Congreso en contra de retribuir el permiso parental

Los socios parlamentarios del Gobierno y el PP han dado un tirón de orejas en el Congreso de los Diputados al grupo socialista, que se ha quedado solo votando, junto con Vox y Coalición Canaria, en contra de una moción, consecuencia de interpelación, presentada por Podemos para exigir al Ejecutivo que retribuya las ocho semanas del permiso parental, tal y como exige la directiva europea de conciliación.

El contenido de esta moción, que se ha votado favorablemente en el pleno de la cámara baja de este jueves, con 186 votos a favor, 153 en contra y 7 abstenciones (de Junts), persigue exigir al Ejecutivo, en el plazo de un mes, dos cosas: que aquellos padres y madres que disfruten del permiso parental de ocho semanas para cuidado de hijos, hasta que el menor cumpla 8 años, reciban su salario, cotizaciones y parte proporcional de las pagas extra y vacaciones durante el tiempo que disfruten de esta libranza (algo que ahora no ocurre y corre a cargo de los progenitores). Y, en segundo lugar, demanda que estos permisos se dupliquen en caso de las familias monomarentales. Además, el texto aprobado ha incorporado una enmienda del PNV que reclama que la retribución de dicho permiso parental sea retroactiva y pueda pagarse a quienes han disfrutado de él desde que se aprobó.

El argumento del PSOE para no respaldar esta moción es que tendría un impacto en los Presupuestos Generales del Estado de unos 1.800 millones de euros, según explicó la diputada socialista Valle Mellado, a última hora de este miércoles. En su intervención ante el pleno, aseguró que los socialistas “comparten el fondo [de la moción presentada por Podemos]” pero, acto seguido, reclamó a la formación morada que “sea responsable con la forma”. Según explicó Mellado, “no tiene sentido, o es pura propaganda, que los grupos que apoyaron al Gobierno exijan un permiso con este coste y, en paralelo, den alas a la ultraderecha, poniendo problemas, día sí y día también, a la aplicación de un nuevo presupuesto”.

De momento, el Ejecutivo se había comprometido en varias ocasiones a retribuir solo cuatro de las ocho semanas que conforman el permiso parental que se aprobó a mediados de 2023. Si bien, nunca ha precisado si dicha retribución correría a cargo de la Seguridad Social o de las empresas. De hecho, el Gobierno habría dado un primer paso para esta retribución, solo para los empleados públicos y remunerando solo dos de las ocho semanas del permiso, según se recoge en una de las enmiendas socialistas a la Ley de Función Pública, que se encuentra en tramitación parlamentaria. Mientras que otra enmienda de Sumar a esta norma persigue que se abone, al menos, la mitad del permiso y esto se extienda a todos los trabajadores. “Podemos empezar por remunerar cuatro semanas”, dijo este miércoles la diputada de Sumar, Julia Boada, durante la defensa de la moción este miércoles pasado.

La retribución de este permiso, al menos de cuatro de las ocho semanas que lo conforman, es la exigencia de Bruselas para la correcta trasposición de la directiva de conciliación. El plazo legal para el traslado de la norma comunitaria a la ley española venció el pasado 2 de agosto. El incumplimiento de dicho plazo ha provocado que la Comisión Europea interpusiese una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la imposición de una multa a tanto alzado al Gobierno español por importe de 6.832.000 euros, más 9.760 euros al día desde el 2 de julio 2024 hasta el momento en que se transponga íntegramente la directiva. Esto eleva la multa a la que ya se enfrenta España a más de nueve millones de euros. Pero, además, la Comisión reclama una multa coercitiva diaria de 43.920 euros por cada día de retraso en la transposición, desde que se publique la futura sentencia del TJUE hasta el momento de la transposición completa de la directiva por parte de España.

Asimismo, ya hay varias sentencias judiciales que también reconocen el derecho de los trabajadores a que este permiso se les retribuya. De todos estos fallos ya hay uno que es firme, el obtenido por los servicios jurídicos del sindicato de funcionarios CSIF. Ganaron recientemente la primera sentencia en España que no se puede recurrir y que obliga, en este caso a una administración pública, a retribuir este permiso a una médico de la sanidad pública.