Los 60.000 taxistas estallan por la subida disparada de sus seguros de hasta el 300%

Los 60.000 taxistas del país están en pie de guerra por la tremenda subida que han sufrido en sus seguros de coche en los tres últimos años. Los conductores de este servicio público han acumulado desde 2022 miles de ejemplos de aumentos desorbitados, con una horquilla entre el 100% y el 300%, hasta estallar ahora por una situación que tildan de “despropósito”. Ante el silencio de las aseguradoras, a las que acusan de actuar como un cartel encubierto, asociaciones como Élite y Antaxi exigen la intervención del Gobierno para frenar la escalada de precios. Este miércoles Antaxi ha convocado un paro de tres horas en todas las ciudades. Muchos taxistas han visto cómo su seguro se duplicaba de precio, pero otros han pasado de pagar 1.000 euros a más de 4.000 en solo tres años.

“Es una estrategia comercial corporativa que no entendemos, que no está fundamentada y que puede expulsar de la profesión a muchos taxistas. Las aseguradoras usan una baremación de riesgo no transparente y sin justificar. Ante el precio prohibitivo de las pólizas, asegurar un taxi es misión imposible. Las escasas compañías que nos aseguran nos obligan a contratar simultáneamente varias pólizas más”, lamenta Rafael Baena, presidente de Élite Taxi Andalucía. Esta asociación regional recabó apoyos políticos ―junto a la Plataforma Taxi España con 7.000 afectados y la Unión Nacional de Comercio―, y cinco partidos de distintas tendencias (ERC, Coalición Canaria, Podemos, BNG y Sumar) presentaron la semana pasada una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno mueva ficha. La iniciativa que se debatirá urge al Ejecutivo a que “garantice al sector del taxi pólizas de seguro con un coste competitivo, ajustado y proporcional a las coberturas requeridas para poder ejercer la actividad profesional”.

Ante la subida de precios, la patronal de las aseguradoras, Unespa, alega que las compañías han perdido dinero los últimos años por los mayores costes de las reparaciones en el taller y la subida en el baremo de lesiones por daños establecido por el Gobierno, entre otras razones. “La suma del coste de la siniestralidad y los gastos de explotación y administración superan los ingresos que obtienen las aseguradoras provenientes de las primas de esta línea de negocio”, alega por escrito.

El paro de este miércoles será de 11.00 a 14.00 y espera paralizar la recogida de viajeros en las principales ciudades. En Madrid la caravana prevista de miles de taxis irá del Ministerio de Transporte al Ministerio de Economía. Santiago Simón, secretario de la asociación mayoritaria nacional Antaxi, critica la inacción del Ejecutivo: “No sabemos por qué el Gobierno se pone de perfil y queremos que la Dirección General de Seguros aclare la siniestralidad que nos achaca. Hay compañeros en Baleares que ya pagan más por el seguro que por la letra del coche”.

Los taxistas se quejan de que sus sueldos oscilan entre 1.500 y 1.800 euros netos mensuales, y ahora deben pagar hasta 4.000 euros al año, por lo que “trabajamos para pagar el seguro”. En la acera de enfrente, una portavoz de la compañía Pelayo, una de las que atesora más pólizas de taxistas, defiende: “Los precios están totalmente ajustados para mantener la sostenibilidad del seguro, no tenemos subidas homogéneas y el precio depende de cada taxista”. Sobre la acusación de cartel encubierto, rebate: “Ellos podrán acusar a todas las compañías, pero en absoluto nos hemos puesto de acuerdo con ninguna otra compañía”.

Un jefe de ventas andaluz explica, bajo el anonimato, la política de otra gran compañía del sector y aterriza las razones ocultas tras la subida de precios: “La siniestralidad es complicada e incluye desde el baremo de lesiones hasta que el faro led de un coche vale ahora 1.000 euros o las indemnizaciones por cualquier accidente. El sector de seguros de coches está ahora mismo en pérdidas y tenemos cientos de miles de coches afectados por la dana de Valencia”.

Baena se ha reunido dos veces —la última este lunes— con la subdirectora general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución, Eva Lidón, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, sin atisbar progresos. “Dice el Gobierno que tenemos la siniestralidad disparada, pero cuando le pedimos [a Lidón] los datos se negó a enseñárnoslos, ni siquiera el porcentaje. Fue todo muy tenso porque empezó negando que tuviera competencias, y tras admitirlas, llegó a decir que no estaba segura de que suframos un abuso y que legalmente quizás no es así”, censura este representante de los taxistas. “Estamos convencidos de que [las aseguradoras] forman un cartel encubierto y tanto la respuesta del Gobierno como la de las aseguradoras son similares”, añade indignado.

El Ministerio echa balones fuera y aduce que analiza la situación para ver si interviene: “La cobertura de los distintos riesgos y la fijación de las primas corresponde a decisiones empresariales de las aseguradoras, siempre en el marco de la normativa reguladora y de competencia. No obstante, la Dirección General de Seguros ha solicitado información a las aseguradoras y está estudiando los factores que influyen en el coste de este tipo de aseguramiento”, explica una portavoz. El verano pasado, antes de la presentación de la proposición no de ley, diputados del PSOE y PP se reunieron en el Congreso con los representantes del gremio del taxi, pero se limitaron a cuestionar su representatividad y rechazaron atender sus reclamaciones, según las asociaciones.

Los taxistas alegan que su siniestralidad sigue siendo baja y que las subidas “desproporcionadas” están injustificadas. “Más pronto que tarde hará quebrar nuestra economía, a pesar de nuestra consideración como servicio de interés general y público”, advierten las asociaciones. “Nos han ido echando sin informes de siniestralidad. Te lanzan presupuestos de hasta 12.000 euros y al final das por buena la oferta de 4.000 euros”, resume Baena. Un claro ejemplo es Federico Manuel Pascual, taxista madrileño que tenía su automóvil asegurado con Mapfre por 1.657 euros en 2022, al año siguiente la compañía le subió la póliza hasta los 2.602 euros, para volvérselo a subir el pasado junio hasta los 4.368 euros.

Ante la subida generalizada de las compañías privadas, muchos taxistas han optado por el Consorcio de Compensación de Seguros (del Ministerio de Economía). Pero esa salida tampoco es barata, ya que el precio de su cobertura oscila entre los 2.400 y los 3.000 euros y solo cubre la responsabilidad civil, a la que hay que añadir los seguros de otros conceptos como viajeros, grúa o las lunas del coche, según cálculos del gremio.

La patronal Unespa asegura que el Consorcio de Compensación de Seguros solo tenía asegurados el pasado septiembre a 725 taxis, por lo que la cobertura de las compañías a los 60.000 taxistas sigue siendo casi total.

Las ganancias de los taxistas han menguado durante los últimos años tras la irrupción de los VTC (vehículos con conductor), cuyas grandes compañías acumulan ya 18.500 licencias. Israel Medina, taxista sevillano con 18 años de experiencia, lamenta que su seguro ha subido de 1.400 a 3.000 euros sin haber dado partes de accidente. Medina, vocal de la asociación Unión Sevillana del Taxi, asegura que la prueba de que las aseguradoras actúan como un cartel es que se reparten las ciudades, y Mapfre monopoliza Sevilla mientras que Pelayo copa Córdoba. “No te dan explicaciones y además te obligan a tener seguro de vida y de hogar con la misma compañía. Yo estoy en el rango bajo, tengo compañeros cuya renovación está entre 8.000 y 10.000 euros con una franquicia de 900 euros. Es una verdadera tragedia y algunos han dejado los vehículos en el garaje. No entendemos cómo el Gobierno permite que se asfixie a un servicio público esencial y no queremos ver una mano negra detrás”, concluye.