Retos pendientes del sector público español

En las últimas décadas, el debate sobre el papel del sector público ha sido intenso, particularmente en los países desarrollados, lo que se ha traducido en cambios de enfoque y adaptaciones de política. Los procesos de privatización de empresas públicas o la generalización de las reglas fiscales son dos buenos ejemplos. Pero eso no ha sido todo. Lo que hemos vivido en lo que llevamos de siglo nos ha recordado la importancia de contar con herramientas de respuesta rápida y efectiva ante choques extremos, sean de naturaleza financiera como la Gran recesión; de seguridad y defensa ante el terrorismo internacional y los conflictos bélicos inesperados; o de salud pública, como la pandemia. Además, existe un nuevo consenso sobre la necesidad de complementar la globalización con instrumentos que garanticen la autonomía estratégica y que nos permitan responder a acuciantes desafíos planetarios como el cambio climático. Todo ello ha reforzado el papel de sector público y ha compensado el vector de revisión a la baja y de recorte de cometidos defendida por pensadores y políticos de orientación liberal en el último medio siglo.

Hoy la relevancia del sector público en la mayoría de los países de la OCDE se encuentra en el entorno de su máximo histórico, ya hablemos de indicadores financieros o regulatorios. Finalmente, aparecen nuevos desafíos que exigen nuevas respuestas. La digitalización entendida en sentido amplio, la globalización y el envejecimiento poblacional se unen al ya aludido cambio climático.

Este escenario general es de particular aplicación para el caso español, porque hemos sido escasamente reformistas en los últimos veinticinco años y porque algunos de los asuntos mencionados nos afectan con mayor intensidad que a la media. Consecuentemente, nuestra agenda de reformas pendientes en el ámbito del sector público es hoy extensa. En particular, debemos revisar el sistema fiscal en profundidad; mejorar significativamente la eficiencia del gasto para hacer sitio a las demandas adicionales en materia de defensa, vivienda o I+D+i; redefinir el diseño institucional español para mejorar su descentralización y garantizar la sostenibilidad fiscal que se nos exige a los miembros de la Unión Europea, y que nos conviene para recuperar margen de actuación presupuestaria y alejar riesgos reputacionales.

Hemos abordamos buena parte de estas cuestiones en Funcas. En lo que sigue, sintetizo algunas de las principales conclusiones.

La primera es que el gasto público español ha ido convergiendo con la media europea en términos de proporción del PIB; si bien se sitúa todavía por debajo. Sin embargo, la eficiencia de nuestras administraciones públicas sigue siendo inferior a la media europea, lo que limita el impacto del gasto en áreas clave como la innovación, la defensa o la vivienda; y el gasto social pesa más que el gasto productivo, lo que condiciona nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo. Los desafíos demográficos y climáticos agravan esta situación. El envejecimiento poblacional incrementa la presión sobre las pensiones y los servicios sanitarios, mientras que la transición hacia una economía descarbonizada requiere inversiones masivas. Por todo ello, España necesita urgentemente una redistribución inteligente de sus recursos que fomente la sostenibilidad económica sin sacrificar el Estado de bienestar. Y, en esta tarea, es imprescindible avanzar en la evaluación y planificación presupuestaria, asegurando que cada euro gastado tenga el máximo impacto.

El sistema fiscal español también requiere una revisión profunda para corregir problemas, revisar gastos fiscales y tratamientos diferenciados, y adaptarse a los cambios de contexto. Mientras que la imposición sobre el capital es similar a la europea, los impuestos indirectos y sobre el trabajo son relativamente bajos, y las cotizaciones sociales, elevadas. Esta estructura fiscal plantea problemas de competitividad y sostenibilidad.

Otro aspecto crucial es la gobernanza territorial. España es uno de los países más descentralizados del mundo, pero su sistema de financiación autonómica presenta notables deficiencias. Revisar este sistema para garantizar suficiencia financiera, mejorar la autonomía tributaria y fomentar una cogobernanza efectiva es fundamental. A nivel local, la atomización municipal sigue siendo un obstáculo para la eficiencia y equidad en la prestación de servicios. Promover fusiones municipales y una mayor cooperación intermunicipal puede ser un camino viable, aunque políticamente desafiante.

En última instancia, el éxito de estas reformas depende de un consenso político amplio y sostenido. Los desafíos que enfrenta el sector público español no son menores, pero tampoco son insuperables. Abordarlos con decisión y visión estratégica no solo reforzará la confianza ciudadana en las instituciones, sino que sentará las bases para un crecimiento sostenible y equitativo en los próximos lustros.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la USC y economista sénior de FUNCAS