Las organizaciones de agricultores españoles cargan contra el acuerdo UE-Mercosur: “Somos los grandes perjudicados”

Tras 25 años de negociaciones, y un lustro después de que la Unión Europea y Mercosur alcanzasen un principio de acuerdo para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, la unión entre mercados parece estar hoy más cerca que nunca. Sin embargo, la perspectiva de que se lleve finalmente a cabo ha generado reacciones encontradas en el sector agrícola y ganadero español. Mientras organizaciones como Asaja, COAG o UPA cargan duramente contra el proyecto, otras federaciones, como la del vino, celebran la cercanía de su creación. A nivel político, el Gobierno aplaude el pacto y asegura que representa una “gran oportunidad económica para el sector agrario” del país.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, celebra lo que considera un “acuerdo histórico”, al que califica como un “puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina”. A través de sus redes sociales, Sánchez ha destacado que “España trabajará para que este acuerdo sea aprobado por mayoría” en el Consejo Europeo. Desde el Gobierno se considera que el pacto representa el “logro más importante” en política comercial exterior tanto para España como para la UE en los últimos años, marcando un punto de inflexión al fortalecer la alianza estratégica entre ambas regiones.

Fuentes de Moncloa subrayan el carácter histórico del tratado, que creará la mayor área de libre comercio del mundo, abarcando a 750 millones de personas y ofreciendo oportunidades económicas significativas para empresas de todos los tamaños en ambas orillas del Atlántico. Además de la cooperación política y económica, el Ejecutivo cree que dan un paso al frente la seguridad económica y la autonomía estratégica de la UE, ya que se espera que el acuerdo impulse la diversificación de flujos comerciales, la resiliencia de las cadenas de suministro, el crecimiento económico y la creación de empleo. “Mercosur es una gran oportunidad económica para el sector agrario. España gana con él”, afirma el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. “Nuestro sector agroalimentario saldrá reforzado de esta apertura a un continente con el que nos unen lazos de cultura e idioma”, añade en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

La alegría del Gobierno, sin embargo, contrasta con las sensaciones que llegan de una parte del campo. Miguel Padilla, secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), ha calificado de “indignante” el comportamiento del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, al que ha acusado de utilizar al sector agrícola “otra vez como moneda de cambio” para otras actividades como la venta de coches o las energéticas. “Han actuado con una indignidad absoluta, no es posible que los que nos tienen que defender en España hagan todo lo contrario”, ha considerado.

“Volvemos a ser los grandes perjudicados”, ha protestado Padilla, quien ha indicado, a través de las redes sociales, que el establecimiento de esta nueva zona de comercio tendrá un impacto negativo del 20% en la ganadería, de más de 3.000 millones. “Ya tenemos la experiencia de otros acuerdos como el de Marruecos, que ha llevado a que en algunas producciones se esté registrando una reconversión de los profesionales y la desaparición de agricultores y ganadores”.

Un posicionamiento que comparte el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, quien considera que este pacto se ha gestado “deprisa” y “sin contar con los intereses de los productores”. Barato ha reiterado que no pueden “aceptar más acuerdos en el que la agricultura europea sea la pagana de otros intereses; acuerdo sí, pero no de esta forma”.

En el último número de su revista, Asaja considera que “la UE no puede esperar que los países del Mercosur se adhieran a las mismas regulaciones que la Unión impone a sus propios agricultores y ganaderos”. En el texto defiende que “las diferencias en las realidades agrícolas entre los países de la UE y los del Mercosur son abrumadoras, al igual que las normas de producción en las explotaciones agrícolas. [...] Por lo que este acuerdo solo agravará esta situación”.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), por su parte, ha exigido, ante la firma del acuerdo UE-Mercosur, una política comercial “coherente que beneficie a las familias” dedicadas a la agricultura y la ganadería en España y ha advertido de que no aceptará un acuerdo que “haga la vista gorda ante las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos sobre la divergencia de las normas de producción”.

Críticas a Von der Leyen

En un comunicado, la organización ha subrayado que los agricultores y ganaderos europeos no respaldarán “nunca” un acuerdo comercial que “carezca de armonía y que sea perjudicial para el medio ambiente, para la soberanía alimentaria y para el medio rural”. A pesar de ser consciente de que en estas “épocas turbulentas” que atraviesa la geopolítica internacional hay que “entablar amistades y forzar alianzas”, la asociación criticó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya incumplido su compromiso de estrechar lazos con el sector agrario, “no haya dialogado suficientemente con las organizaciones representativas de agricultores y ganaderos, representadas por el COPA-Cogeca”.

Este comité, precisamente, ha lamentado este viernes por medio de un comunicado el anuncio del acuerdo comercial, al entender que tendrá “profundas consecuencias para la agricultura familiar en toda Europa”. “Los temores de la comunidad agrícola se han materializado”, ha indicado el COPA-Cogeca, y ha alertado de que si los Estados miembros y el Parlamento Europeo aceptan el acuerdo, el impacto lo sufrirán también 450 millones de consumidores de la UE. Por ello, ha anunciado “una acción relámpago” en Bruselas el lunes, coincidiendo con una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

Sin embargo, no todas las respuestas ante el encauzamiento del acuerdo han sido negativas. El Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV), en el que se integra la Federación Española del Vino, ha aplaudido el acuerdo por lo que supone de garantía para la sostenibilidad económica a largo plazo del sector vitivinícola europeo, ya que que el vino y mosto son el segundo producto más exportado desde la UE al bloque americano.

Según el sector, el acuerdo supone un paso significativo para las exportaciones del vino europeo, con ejemplos destacados de oportunidad de expansión como Brasil, donde existe ahora mismo un arancel del 27%. Y, en este sentido, España es de los países comunitarios más interesados, ya que el mercado brasileño, que actualmente es el tercer destino para el vino español en el conjunto de Latinoamérica (por detrás de México y República Dominicana y el primero entre los países de Mercosur), ha duplicado el valor total de las exportaciones en apenas seis años.

“Después de 25 años de negociaciones, ha llegado el momento de finalizar y ratificar rápidamente este acuerdo. En estos tiempos difíciles, el acuerdo representa una oportunidad vital para las empresas vinícolas europeas de acceder a nuevos mercados y atraer a más consumidores de vino”, ha señalado al respecto Mauricio González-Gordon, presidente del CEEV.