CaixaBank podrá deducirse su aportación a la fundación en el impuesto a la banca

Continúan las negociaciones sobre las enmiendas para introducir la reforma fiscal que tiene que presentar el Gobierno ante Bruselas por los compromisos de los fondos europeos. En estos momentos el Gobierno negocia una enmienda que ha presentado Junts en el Congreso para que CaixaBank pueda deducirse en el impuesto a la banca sus aportaciones a la Fundación La Caixa, según apuntan diversas fuentes conocedoras que consideran que esta enmienda saldrá adelante. Se trata así de preservar los recursos que destina la entidad a la obra social.

Esta era una de las quejas que la entidad utilizó para presionar a la formación nacionalista. Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, señaló en la última presentación de resultados, el pasado 31 de octubre, que este era “un impuesto a la obra social” y lo definió como “el impuesto CaixaBank” porque esta es la mayor entidad en España y la que más paga. Defendió que se hacía tributar dos veces por lo mismo. Y afirmó que con el Estado como segundo mayor accionista, “sale del bolsillo público y entra en otro bolsillo público”. En esa rueda de prensa ya argumentó que desincentivaría el crédito y que sería lógico que se concediera una deducción para la obra social. Además, dijo que no tenía intención de retornar la sede a Cataluña. Y ello pese a que algunas fuentes apuntan que Junts ha presionado con este impuesto para que vuelva.

La idea planteada es que se pueda deducir de la cuota íntegra del impuesto el 25% de las aportaciones y dividendos entregados a entidades dedicadas a objetos sociales y sin fines lucrativos. Pero no podrá ser cualquier institución benéfica: esta tendrá que estar participada de forma completa por el banco que se lo desgrave. Es decir: el caso de CaixaBank y la obra social de La Caixa. Dado el papel esencial que juega Junts para que se apruebe el paquete fiscal que plantea el Gobierno, se espera que esta enmienda tenga luz verde. Aunque ERC ha planteado quejas por los réditos políticos que está obteniendo Junts y podría poner problemas. El Ministerio de Hacienda todavía tendrá que hacer grandes equilibrios para llevar a buen puerto este conjunto de medidas tributarias.

CaixaBank ha pagado por este tributo unos 500 millones de euros sobre el ejercicio del 2023. Y aporta a la fundación unos 500 millones de euros al año. Así que se deducirían unos 125 millones de euros que dejaría de abonar a las arcas públicas. La enmienda irá en principio en la proposición de ley del impuesto mínimo global a las multinacionales, que se está tramitando en la actualidad en el Congreso y que todavía ha de pasar por la Comisión de Hacienda.

Repsol y Cepsa ya lograron tumbar el impuesto extraordinario a las energéticas amenazando con que suspenderían sus inversiones en España. Sobre todo Repsol apretó a Junts con las futuras inversiones en el polo químico de Tarragona.

Por su parte, el PNV ya había pactado con el Gobierno que el gravamen extraordinario a la banca se convirtiera en un impuesto. De esta forma, la hacienda vasca podría reducir el pago de este tributo bonificándolo con sus competencias. Y se ha interpretado que el BBVA, que tiene la sede fiscal en Bilbao, podrá disminuir su factura fiscal por este impuesto gracias a esta modificación.

El impuesto a la banca se aplica sobre el margen de intereses y comisiones, incluyendo el de las sucursales de entidades extranjeras. El tipo tiene una escala progresiva desde el 1% al 6% en función de la base liquidable y una reducción en la base imponible. Además, se puede deducir el 25% de la cuota pagada en el impuesto de sociedades, y se establece una deducción extraordinaria para el caso de que la rentabilidad se sitúe por debajo de un cierto umbral, buscando “salvaguardar la estabilidad del sistema financiero”, decía el texto que había presentado el PSOE. El impuesto estará en vigor durante tres años a partir del 1 de enero de 2024.

El paquete de impuestos que negocia todavía el Gobierno en el Congreso ya estaba recogido en el plan fiscal enviado a Bruselas. En este se prometía una reforma fiscal por valor del 0,3% del PIB, unos 4.500 millones, en la que los impuestos a la banca y energéticas suponían una parte importante. Sin embargo, el de las energéticas se ha caído por no tener el apoyo del PNV y Junts. Aunque ahora Sumar, ERC y Bildu vuelven a reclamarlo. El paquete tributario incluye también subidas impositivas al diésel —unos seis euros más por llenar un depósito medio—, el tabaco y el vapeo. Y un endurecimiento del impuesto de sociedades para limitar las pérdidas que se deducen las grandes empresas, una iniciativa que había aprobado el ministro del PP Cristóbal Montoro, pero que había tumbado a principios de este año el Tribunal Constitucional por haberse formulado mediante real decreto ley. La propia proposición de ley en la que se incluyen estas medidas legisla el tipo mínimo global del 15% para las multinacionales: si una gran compañía española tributa por debajo en algún otro país, Hacienda podrá reclamarle la diferencia hasta llegar al 15%.

Y Sumar ha anunciado que tiene la intención de incluir entre las medidas una subida de la fiscalidad del ahorro hasta el 30% para las rentas superiores a los 300.000 euros, reducir los beneficios fiscales de las socimis, un impuesto a bienes de lujo como los yates, gravar los seguros de salud y un IVA del 21% para los pisos turísticos. Pese a que se espera que en algún momento se imponga, el IVA de los pisos turísticos no tiene en principio visos de prosperar por ahora debido a los problemas que supone la gestión del IVA entre los particulares. Y no parece que vaya a abordarse tampoco la fiscalidad del seguro de salud por la falta de apoyos de Junts y PNV.

El grupo socialista también ha añadido una enmienda menor en la que las limitaciones de las bases negativas, aquella iniciativa que anuló la Justicia este año a Cristóbal Montoro, no se aplique a las fundaciones que están dentro de grupos empresariales, con el fin de no perjudicar los proyectos sociales, culturales y científicos que desarrollan.