Obras hidráulicas resilientes, el escudo ante la crisis del clima que faltó en Valencia

El paso devastador de la dana por Valencia ha abierto de par en par el debate sobre la urgencia de invertir en infraestructura gris, a base de hormigón en presas, diques y canales, y generar infraestructura verde, basada en la naturaleza, como son los lagos, drenajes naturales y humedales. La eficacia del conocido como nuevo cauce del río Turia, en Valencia, absorbiendo la tromba de agua que azotó la semana pasada a múltiples localidades de la periferia, ha puesto de manifiesto la importancia de las infraestructuras como escudo ante el azote del clima. Esa obra del Plan Sur valenciano, que sacó al río del centro de la ciudad y lo desvió hacia el sur a través de un canal de 13 kilómetros, cumple 55 años y es vital como desagüe de 250 metros de ancho. Durante su construcción no se hablaba de cambio climático, pero entonces también se actuó sobre las líneas de ferrocarril y carreteras, y se mejoró el alcantarillado para restar virulencia a las habituales riadas. Décadas después, el clima ha de marcar el modo en que se desarrollan y conservan las infraestructuras.

“Si se hubieran realizado actuaciones previstas [en la provincia de Valencia], que tenían ya la aprobación medioambiental, se hubiesen salvado vidas”, señaló Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia, el pasado jueves en un foro de ingenieros celebrado en Barcelona. Un par de días después, en declaraciones a este periódico, abunda: “El riesgo cero no existe, pero hay capacidad técnica para minimizar el impacto de los efectos extremos del cambio climático”.

En el entorno de Valencia existe una tanda de proyectos pensados para encauzar y retener lluvias torrenciales, atascados en la vía burocrática o que fueron descartados. Probablemente sean rescatados ahora para su análisis. Están pendientes de evaluación ambiental el drenaje de caudales del Barranco del Poyo, el encauzamiento en la localidad de Aldaia, en la zona cero del desastre, y la presa de Cheste. Ante el mismo trámite administrativo descansa el proyecto de la presa de laminación de Montesa, en el río Canyoles, incluido ya en el Plan de Defensa del Júcar hace 24 años. Y en su momento fueron aparcadas por razones técnicas las presas de Sellent, en Estubeny, y la del Marquesado, esta última para regular las aguas del ahora desbordado río Magro.

El director de Negocio y Estrategia de Infraestructuras en Acciona, Alejandro Jiménez, admite que el precio no será bajo, pero recalca el “claro beneficio a la vista de las pérdidas humanas y materiales que hay que lamentar en Valencia”.

Para Javier Machí, resulta urgente actuar sobre la rambla del Poyo, entre Massanassa y Catarroja: “Ahí no caben crecidas excepcionales entre las líneas de edificaciones”, señala. Al decano de los ingenieros valencianos también le preocupa cómo salvar la presencia de carreteras en pasos naturales para el agua, como sucede en la Pista de Silla o V31: “El agua tiene que pasar y tenemos constancia de riadas desde el siglo XIV, pero renaturalizar no siempre es posible”.

Constructoras españolas como Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr u OHLA han redoblado su cartera de proyectos en infraestructuras resilientes internacionalmente. Lo primero, tras la tragedia, apunta el director de sostenibilidad de Ferrovial, Valentín Alfaya, es “recuperar la funcionalidad de las infraestructuras existentes, pero inmediatamente después hay que evaluar la posibilidades de mejorar su resiliencia, haciendo mucho hincapié en la infraestructura hidráulica”. El Ministerio de Transportes y la consejería valenciana de Infraestructuras han consensuado actuaciones por 2.600 millones para rehabilitar las redes de transporte terrestre. Entre las carreteras más afectadas por las inundaciones están la A-7, N-330 y N-332, además de las líneas C1, C2 y C3 de Cercanías. El Ejecutivo de Carlos Mazón también ha demandado 2.200 millones para la limpieza de cauces y otros 7.000 millones para reconstruir áreas industriales y polígonos. Son 11.800 millones antes de pensar en infraestructuras de nueva planta.

España, como otros países del Mediterráneo, lleva años avisada de la urgencia de plantar cara a la vulnerabilidad de carreteras, ferrocarril, redes y estaciones de energía y de agua (han quedado un centenar de depuradoras sepultadas) al menos en los puntos más sensibles, como es el Levante peninsular. Así lo ponen de manifiesto sucesivos informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la OCDE y la Comisión Europea, entre otras instituciones, con especial énfasis desde el año 2015, cuando se aprueban la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. “En España llegamos tarde, pero nunca lo es para hacer una revisión y planificar. Eso sí, no se puede trabajar teniendo como base las condiciones del entorno de hace décadas”, sostiene Alfaya desde Ferrovial.

Países Bajos, Japón o Estados Unidos llevan decenas de años apostando por soluciones contra inundaciones, terremotos o huracanes. En España “no hay que perder la cabeza sino planificar, los recursos no son ilimitados”, apunta el director de Investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Íñigo Losada. Desde su punto de vista, “lo más importante ahora es tratar de recuperar la normalidad y hacerlo con cabeza. La reconstrucción debe acometerse con planificación, teniendo en cuenta que habrá danas de un modo cada vez más frecuente”.

Los ingenieros consultados abogan por una combinación entre nuevas infraestructuras, el refuerzo del parque existente y la recuperación de ecosistemas, cauces y drenajes naturales. De forma simultánea urge una mejora en la gestión de la respuesta al evento climático extremo.

Iñigo Losada, que atribuye la catástrofe a “un fallo sistémico”, advierte que debería conocerse al detalle la respuesta de las zonas inundables del país, de las cuencas y las costas a las lluvias torrenciales. Los avances en computación e Inteligencia Artificial “permiten actuar con gemelos digitales, en los que simulamos situaciones extremas y se nos muestra el nivel de afectación del terreno”, explica el investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental.

Están ya en duda la vida útil de los activos y su rentabilidad tanto económica como social. Alejandro Jiménez, de Acciona, cree imprescindible que la comunidad científica aborde el estudio de los periodos de retorno de las infraestructuras: “Siempre que se diseña se hace sobre la base de un periodo de retorno, y en España no se tiene en cuenta lo que está sucediendo con el clima. Japón o Reino Unido sí han ajustado sus parámetros de diseño”.

La asociación de constructoras Seopan ha puesto de manifiesto de forma reiterada que la “insuficiencia presupuestaria” compromete gravemente la ejecución del millonario programa que reúne las inversiones en materia de agua, el Plan Hidrológico 2022-2027, presupuestado en 37.116 millones. Entre sus partidas, el Gobierno tiene planificadas actuaciones contra el riesgo de inundaciones por 2.600 millones, a lo que se suman otros 870 millones para la recuperación de acuíferos o 446 millones para seguridad en las infraestructuras del agua. Pero, además, el colectivo que preside Julián Núñez tiene identificados más de 6.000 puntos en entornos urbanos en los que los sistemas de saneamiento se ven desbordados durante episodios de lluvia torrencial, para lo que se necesitaría una inversión en vías separativas de más de 15.600 millones.

Si parece utópico plantearse tales niveles de inversión, las adaptaciones pueden ser progresivas, basadas en el mantenimiento una vez monitorizada la integridad estructural y respuesta de cada una de las infraestructuras.

La fundadora de la consultora estadounidense Sinfranova y docente en materia de infraestructuras y clima en la Universidad de Harvard, Cristina Contreras, remite a informes del Banco Mundial para aseverar que “la inversión de un dólar en resiliencia frente al clima supone cuatro de beneficio”. Habitual en el asesoramiento a bancos de desarrollo, Contreras advierte que la aproximación al problema en España no puede ser la que hacen otros países: “Cada uno tiene sus peculiaridades y amenazas”. Pero dice con cierto alivio que “las empresas españolas están implementando soluciones de resiliencia en todo el mundo. Su conocimiento en infraestructuras es pionero y tienen la capacidad para lograr un cambio en España”.

Al igual que sus compañeros Losada, Alfaya y Jiménez, la ingeniera afincada en Washington aboga por la combinación de infraestructura gris y verde, destacando la experiencia de países como Japón, con sus ciudades esponja, Países Bajos ante la amenaza del mar, o Estados Unidos tras el paso del huracán Sandy en 2012. En Nueva York fue revisado el parque de infraestructura para un periodo de retorno de 100 años bajo los nuevos parámetros climáticos.

Los cuatro también opinan al unísono sobre la necesidad de actualizar los sistemas de emergencia y los códigos de construcción, “basados en condiciones climatológicas de hasta 50 años atrás”. En un enfoque integral de las redes, cabe incluso crear sistemas redundantes para asegurar la respuesta. Las infraestructuras, sostienen, no se pueden entender como entes aislados sino interconectados.

Pérdidas millonarias

Estragos como los causados en apenas unas horas por la dana constituyen ya una oportunidad de negocio para las grandes constructoras en todo el planeta. Solo en la UE se cifra en 26.000 millones anuales las pérdidas ocasionadas por fenómenos extremos en la última década, según datos que maneja el Tribunal de Cuentas Europeo. España, con un impacto de 60.976 millones entre 1980 y 2020, y 16.181 víctimas mortales, es el cuarto Estado de la UE por pérdidas económicas y de vidas, con Alemania, Francia e Italia por delante.

La respuesta a la crisis también pasa por evitar el urbanismo voraz. Cuando aún se contabilizaban los fallecidos en poblaciones valencianas, saltó la noticia el pasado lunes de que el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, va a replantearse el proyecto de urbanización de la dehesa de Tablada, hasta ahora no urbanizable de especial protección y con 400 hectáreas en terreno inundable. “Este tipo de catástrofes nos tiene que llevar a repensar muchas cosas y si hay zonas que son inundables más vale olvidarse de ellas”, dijo el regidor sevillano en una entrevista en la Cadena Ser.

La OCDE vaticinaba desde el primer párrafo de un informe fechado en 2018, titulado Infraestructuras resilientes al clima, que carreteras, redes de ferrocarril, aeropuertos y demás iban a verse afectados “por los impactos físicos del cambio climático, pero también desempeñarán un papel esencial en la creación de resiliencia a esos impactos”. Este organismo supranacional ponía el ejemplo de París y cómo afectaría una gran inundación, concluyendo que entre el 30% y el 55% de los daños directos recaerían sobre las infraestructuras, mientras que el 35% al 85% de las pérdidas comerciales se deberían a la interrupción del transporte y del suministro eléctrico. “Garantizar que la infraestructura sea resiliente al clima ayudará a reducir las pérdidas directas y los costos indirectos”, destacó ese informe.

A medio camino entre la oportunidad de negocio y la necesidad de dar respuesta a la demanda de los gobiernos, las constructoras españolas están tomando la iniciativa. Ferrovial lanzó hace dos años una metodología, llamada Adaptare, para gestionar los riesgos del cambio climático en sus activos. El sistema fue creado en colaboración con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, y es capaz de identificar y evaluar los riesgos a corto, medio y largo plazo sobre cada tipo de infraestructura, ya sea en la fase de construcción como durante el mantenimiento y operación. Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad, explica que esa tecnología “permite anticipar los efectos del clima sobre las infraestructuras a periodos de 30 a 50 años vista”, lo que reduce el presupuesto de las renovaciones o de la obra nueva. El directivo aboga por un mayor diálogo entre el sector público y el privado para abordar unos desafíos que, de otro modo, “nos pueden pasar por encima”.

Inversión y gestión

Entre las soluciones para infraestructuras en operación están las de adaptación estructural, con la instalación de diques, uso de pavimentos permeables para las lluvias o flexibles para evitar el daño por altas temperaturas, y las medidas de adaptación de la gestión. Estas últimas, tan importantes como las obras, hacen hincapié en el mantenimiento en función de la demanda, la instalación de sistemas de alerta temprana, la cobertura financiera ante la variabilidad del clima e incluso la educación a la población sobre contingencias.

Un reciente estudio firmado por la ingeniería pública Ineco afirma que “la mayoría de las infraestructuras tienen una vida útil larga y suelen estar diseñadas para durar 50 años o más”, y añade que “es esencial determinar claramente las necesidades y, en consecuencia, invertir en infraestructuras que estén preparadas para un futuro de neutralidad climática y de resiliencia frente al cambio climático”. Ineco advierte que a los fenómenos intensos se suman otros crónicos como el aumento del nivel del mar, la humedad del suelo o la atmosférica. La empresa tiene analizada la respuesta al clima de unos 2.000 kilómetros de vía de alta velocidad, 2.100 de trazado ferroviario convencional y más de 5.000 kilómetros de cercanías.

El último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestra nuevos récords en 2023 en los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas en superficie, el calor y la acidificación de los océanos, el aumento de nivel del mar, la disminución de la capa de hielo marino de la Antártida y el retroceso de los glaciares. También aumentaron las olas de calor, las crecidas, las sequías, grandes incendios e intensos ciclones tropicales. Los zarpazos de la dana en Valencia han dejado al descubierto un déficit en España en materia de respuesta y gestión del desastre.