Los funcionarios del Estado cobran de media 8.000 euros menos al año que los de las CC AA y ayuntamientos

Un funcionario del grupo A1 del nivel 27 del ayuntamiento de Bilbao cobra de media 27.624 euros más al año, sin contar la antigüedad, que otro funcionario del mismo grupo y nivel que realice tareas similares para la Administración General del Estado. Esta enorme diferencia salarial es el caso más extremo, pero real, según recoge un exhaustivo estudio de retribuciones elaborado por el sindicato CSIF y presentado este lunes, que muestra cómo el más de medio millón empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos por el mismo trabajo

En concreto, estos 8.000 euros menos al año de media en la AGE son fruto de las desigualdades retributivas que padecen, por un lado, los funcionarios de carrera (8.690 euros menos anuales de media que sus colegas autonómicos y locales), pero también entre el personal laboral (7.380 euros menos). A su vez, estas cuantías promedias se obtienen de unas horquillas de diferencias salariales en función de grupos y categorías que muestran que el personal funcionario estatal cobra entre 11.826 y 4.349 euros menos que en las comunidades y ayuntamientos. Mientras que en el caso del personal laboral, esta diferencia en favor de los empleados de las regiones y las entidades locales oscila entre los 10.087 y los 3.523 euros. En definitiva, estas cantidades equivalen, según el presidente del CSIF, Miguel Borra, a que los trabajadores de la AGE “están dejando de cobrar 20 euros de media al día en comparación con sus compañeros de puesto del resto de administraciones”.

Para llegar a estas conclusiones, los técnicos de CSIF aseguran que han elaborado un informe que ha supuesto una gran complejidad en el que se han tenido en cuenta los múltiples conceptos salariales, grupos y tipologías de empleados públicos de todas las administraciones. Las fuentes consultadas para elaborar el informe han sido datos oficiales de la Secretaría de Estado y Presupuestos y Gastos (Ministerio de Hacienda), los portales de Transparencia de los diferentes Gobiernos de CCAA y los boletines oficiales de los ayuntamientos.

En concreto, se han analizado el sueldo de cada grupo o subgrupo de clasificación profesional, las pagas extraordinarias, el complemento de destino (que refleja las responsabilidades del cargo) y el complemento profesional (que retribuye las especificidades técnicas o de complejidad de cada puesto). El estudio, según han explicado sus autores este lunes, indica que no existen prácticamente diferencias en los sueldos, pagas y complemento de destino, pero sí en el complemento específico, que es donde se han encontrado con una variación bruta de hasta más de 27.000 euros al año en alguno de los casos, como el antes citado de un grupo de trabajadores en el Ayuntamiento de Bilbao.

Piden 1.500 millones para igualar salarios

La mayor diferencia retributiva se da entre los empleados del Estado y los autonómicos del País Vasco, donde una persona que trabaje para la Administración General del Estado cobra de media 15.805 euros menos anuales por la misma labor que un trabajador del Gobierno vasco. Otras diferencias importantes se registran también con los empleados del Ayuntamiento de Madrid, donde sus empleados ganan de media 14.042 euros más al año que alguien al servicio del Estado. Prueba de la importancia de estas diferencias salariales, es que, en este último caso, por ejemplo, para evitar la fuga de talento, la Comunidad de Madrid ha equiparado, desde el pasado 1 de enero los complementos específicos con el ayuntamiento de la capital.

En cualquier caso, las diferencias salariales entre las distintas administraciones públicas son un hecho reconocido pero poco abordado en las negociaciones entre los Gobiernos y los representantes sindicales. Actualmente, y pendientes de que el Ejecutivo convoque a los sindicatos para negociar la subida de sueldo de los empleados públicos, Borra ha presentado este informe que ha servido de base para respaldar una reivindicación histórica de este sindicato: la equiparación salarial entre administraciones. Es más, tras este diagnóstico el sindicato reclama al Gobierno un aumento presupuestario de 1.487 millones de euros, a abonar en tres años (2025, 2026 y 2027), que es lo que han calculado que costaría eliminar las desigualdades salariales, para lograr igualdad retributiva plena en 2028.

Si bien, en este sindicato precisan que su demanda “no implica necesariamente salarios idénticos en todas las administraciones, ya que factores como el costo de vida y otras condiciones locales pueden influir en las escalas salariales”. Sí pretenden “eliminar disparidades injustificadas”, añaden.

Este informe llega días después de que CC OO y UGT anunciaran denunciarán el próximo 4 de noviembre el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE) del que dependen 40.000 trabajadores públicos. Precisamente, la principal demanda en la negociación del nuevo convenio será la de terminar con la discriminación en materia salarial que sufren los empleados de la AGE en comparación con sus homólogos de las comunidades autónomas o entidades locales, que, según estos dos sindicatos, perciben entre un 8% y un 10% más de sueldo por llevar a cabo las mismas tareas. Sin embargo, CSIF considera “precipitada” la denuncia de CC OO y UGT y espera “que no perjudique a la negociación y el desarrollo de las mejoras en las condiciones laborales”.

Próximas movilizaciones

En este escenario, Borra ha anunciado que, después de que el nuevo ministro de Función Pública, Óscar López, les haya dado la callada por respuesta a sus reivindicaciones salariales —solo han tenido un encuentro al poco de llegar al Ministerio y no ha respondido más a la llamada de esta central, según denuncian sus responsables— convocarán a los empleados públicos a movilizarse los próximos 11 de noviembre y 16 de diciembre ante las subdelegaciones del Gobierno en toda España. En Madrid, dichas concentraciones se realizarán en el Ministerio de Hacienda, que es el responsable del abono de los salarios de estos trabajadores.

Además, al margen de la mencionada equiparación salarial entre las administraciones, la principal demanda del CSIF en materia salarial es la negociación de un “pacto de legislatura” en el que se especifique como mínimo que los sueldos de los funcionarios no pueden subir por debajo del IPC para garantizar su poder adquisitivo. Acto seguido reclaman que negocie también la recuperación del poder de compra perdido en los últimos años —solo entre 2022 y 2024 ese poder ha caído un 5% por “el pésimo acuerdo” firmado por CC OO y UGT con el Gobierno, se ha quejado Borra—.

Es más, el presidente del CSIF ha ido más lejos y ha especificado que la mera apertura de negociaciones no parará las movilizaciones previstas por este sindicato. “Si (el año que viene) el Gobierno no pone encima de la mesa soluciones a nuestras demandas, pensaremos en soluciones más drásticas”, ha dicho Borra, quien acto seguido ha especificado que dichas acciones más duras consistirían en paros parciales o incluso una jornada de huelga en todas las administraciones públicas. “Aunque este sería el último recurso”, ha precisado.