Ribera advierte de que estrechará la vigilancia sobre las grandes tecnológicas para que respeten la competencia

Uno de los grandes retos de Bruselas es que se cumpla efectivamente el reglamento del mercado digital, una herramienta revolucionaria para controlar a los gigantes tecnológicos. La española Teresa Ribera, designada máxima responsable de Competencia para la próxima Comisión Europea, lo sabe y se ha comprometido a ello con el Parlamento Europeo. “Impulsaré la aplicación enérgica del reglamento del mercado digital (DMA, por sus siglas en inglés)”, responde a los eurodiputados por escrito antes de su comparecencia presencial el 12 de noviembre, y añade: “Incluyendo multas cuando corresponda”.

La todavía vicepresidenta tercera del Gobierno de España también fija como prioritaria el despliegue de otra norma, el reglamento que de subsidios extranjeros, otra ley reciente que sin decirlo directamente tiene un objetivo: vigilar las ayudas que China da a sus empresas por si compiten dopadas en los mercados o gracias a ellas adquieren competidores para ganar tamaño.

El amplio historial de infracciones las normas de competencia europeas que acumulan las grandes tecnológicas estadounidenses se cuenta en miles de millones de euros: Google, con permiso de los tribunales, suma más de 8.000; Apple ha recurrido un multa de 1.800 millones; Microsoft inauguró el casillero hace décadas con una caso histórico. Pero los abusos de posición dominante y las vulneraciones del mercado no han dejado de ocurrir. Para cambiarlo y ante el dominio abrumador de estas tres compañías y otras como Amazon, Meta o Bytedance, la UE ha desarrollado la DMA. Esta ley básicamente consiste en imponer de salida obligaciones adicionales a estos gigantes del mercado para asegurarse de que no se quiebra la competencia, en lugar de seguir el camino contrario: iniciar una larga investigación para comprobar que la ley no se cumple.

Pero hay voces que afirman que alguna de estas empresas se resisten a aplicarla. “La DMA ya está plenamente en vigor, pero no todas las plataformas parecen cumplirla”, escribía Fiona Scott-Morton, profesora de la Universidad de Yale, respetada experta en regulación y Competencia, en un reciente artículo en Bruegel, el instituto de análisis más grande de la capital comunitaria. “Europa no puede ser el regulador del mundo, si su normativa no cambia el comportamiento real en un plazo [de tiempo] razonable”, añadía.

Y Ribera parece recoger este guante en sus respuestas a la Eurocámara: “Daremos forma a la política de la Comisión en relación con este importante instrumento”, explica sobre la DMA antes de ser ratificada por los eurodiputados. No señala la socialista española a ninguna empresa en su escrito, pero sí hay una que aparece de forma solapada: Apple.

Apunta la aún ministra de Transición Ecológica de España que su primera prioridad para desarrollar este reglamento para por abrir los “ecosistemas cerrados, ya sea en los teléfonos móviles, en búsquedas digitales o en las aplicaciones de compra de otra aplicaciones”. En esta frase, se precisamente se encierra esa referencia a Apple, pues es la empresa sobre la que se han abierto los primeros expedientes regidos por la DMA para forzarle a abrir los sistemas operativos de los iPhone y los iPads para que así otros desarrolladores de programas informáticos puedan ofrecer productos con más facilidad en estos dispositivos.

La otra prioridad a la que apunta Ribera es “dar oportunidades a los consumidores”. “A menudo las grandes compañías digitales imponen sus propios términos y condiciones a los consumidores, aduciendo que no hay una alternativa mejor”, lamenta, señalando una práctica con la que acabar. El tercer objetivo tercera apunta a la gran materia prima de universo tecnológico, los datos: “Asegurar que los datos pertenecen a quienes los generan. Los ciudadanos tienen el derecho de llevar sus datos donde quieran y decidir si quieren que se usen para anuncios o no”, aclara.

Si finalmente las empresas que tienen estas obligaciones, no las cumplen, entonces llegará el castigo, advierte: “No dudaré en utilizar todas las herramientas que da la DMA”. Una de ellas es, por ejemplo, investigar y señalar qué debe hacer una empresa para abrir su ecosistema digital, algo en lo que están ahora los técnicos comunitarios con Apple. Pero hay más, la última, por supuesto, es la sanción económica. Esos castigos pueden llegar hasta el 10% de la facturación global y aumentar hasta el 20% si la empresa reincide.

Acerca de los subsidios que reciben empresas de terceros países, algo por lo que también preguntan los eurodiputados, Ribera advierte que si logra la ratificación parlamentaria pretende desplegar la nueva norma y que será “rigurosa en las operaciones en las que haya ayudas de países de fuera de la UE”. La adquisición de empresas innovadoras europeas no muy grandes por parte de compañías de otras áreas económicas es algo sobre lo que han llamado la atención los informes de Enricco Leto y Mario Draghi sobre competitividad y mercado único. Ellos no ponen el acento en estas operaciones realizadas por empresas subsidiadas sino por compañías grandes que tienen más recursos financieros. No obstante, sí hay investigadores que han señalado a lo que sucede en determinados sectores y la adquisición de este tipo de empresas por parte de firmas chinas.