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Bruselas estrecha el cerco en las relaciones comerciales con China

La Comisión lanza por primera vez una investigación sobre la contratación pública del gigante asiático, centrada en los productos sanitarios

Comercio México-China
Taicang Port on March en Suzhou, en la provincia china Jiangsu.VCG (VCG via Getty Images)
Manuel V. Gómez

La Comisión Europea ha dado otro paso en la búsqueda de “reciprocidad” en las relaciones comerciales y económicas con China: ha abierto una investigación sobre la compra por parte de productos sanitarios y los obstáculos y barreras que pone a la adquisición de este tipo de mercancías procedentes de proveedores europeos. Es la primera vez que Bruselas indaga en la contratación pública del gigante chino, pero no el primer expediente que abre sobre su política comercial y económica en los últimos meses. Desde septiembre, el Ejecutivo de la Unión ha anunciado investigaciones sobre los subsidios a los coches fabricados en China, los paneles solares, los aerogeneradores de electricidad o se ha forzado la retirada de un fabricante chino de trenes en un concurso público en Bulgaria.

Si la Comisión “ha puesto en marcha [la investigación] en respuesta a las medidas y prácticas del mercado chino de contratación pública de productos sanitarios que discriminan injustamente a las empresas europeas”, esto ha sido posible porque la UE aprobó en 2022 una regulación para exigir tratamiento recíproco a las compañías de la UE en la contratación pública de terceros países. Como ha sucedido en varias ocasiones durante esta legislatura, el objetivo principal detrás de este reglamento miraba a China. No se mencionaba en el texto legal, pero era evidente y con el gigante asiático se ha estrenado.

“Las pruebas reunidas por la Comisión indican que el mercado chino de contratación pública de productos sanitarios se ha ido cerrando gradualmente para las empresas europeas y extranjeras, así como para los productos fabricados en la UE. Esto se debe a las medidas introducidas por China que establecen diferencias injustas entre empresas locales y extranjeras, y entre productos sanitarios de producción local e importados”, justifica el comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario este miércoles.

El objetivo principal de la investigación no sería tanto sancionar como buscar “reciprocidad” en el tratamiento, de ahí que en Bruselas todavía no se quiera hablar de qué sanción podría imponerse si no hay un acuerdo entre las autoridades de la Unión y China. No obstante, es evidente que si no hay acuerdo, podrían acabar imponiéndose las restricciones contempladas en la norma. Una vez abierto este expediente ahora hay un plazo de nueve meses para concluirlo, aunque puede alargarse otros cinco meses.

La iniciativa conocida este miércoles se inserta en el gran proceso de revisión de las relaciones comerciales de Europa con China. En la UE se ha llegado a la conclusión —más de dos décadas después de que China entrara en la OMC— de que las relaciones entre ambas partes son desiguales y están desequilibradas en favor del lado asiático. Se ha tomado conciencia de la dependencia del gran gigante oriental en muchos sectores estratégicos, algo que demostró la pandemia y que ha continuado, ya que sin los productos chinos no se podría cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la regulación de la Unión.

Partiendo de este punto, comienza a desplegarse una estrategia que pasa por reducir las dependencias respecto de China, aunque sin prescindir de su suministro completamente, algo que es imposible si se quieren lograr las metas medioambientales y no disparar los precios. Se usa una frase en inglés para resumir este plan: De-resking, no decoupling (algo que podría traducirse como “reducir riesgo, no desacoplarse”).

El desarrollo de esta estrategia pasa por construir cadenas de suministro de materias primas y equipos diversificados, no dependientes en exclusiva de China, y también por acercarse tecnológicamente al gigante asiático en sectores como las baterías eléctricas. Pero, además, también se pretende construir unas relaciones comerciales más justas en las que las empresas de ambas áreas tengan un tratamiento similar cuando quieran desplegarse en sendos mercados, como, por ejemplo, en la contratación pública.

Para eso, para salir de esos años de inocencia, la UE ha desarrollado en los últimos años varias regulaciones que le permiten poner en marcha investigaciones como la de la compra del material sanitario, cobrar tasas a partir de 2026 a los productos fabricados con menores exigencias medioambientales, prohibir la entrada en el mercado único de mercancías hechas con trabajo esclavo o vetar la llegada de bienes producidos a partir de áreas deforestadas. En la mayoría de estas regulaciones, la diana principal a la que apuntan sus artículos y disposiciones es China. Y eso resulta evidente ahora que empiezan a abrirse las investigaciones.

Esto ha llevado a las autoridades del país asiático a quejarse por todos los pasos que se están desplegando desde Bruselas. De hecho, la Cámara de Comercio china en la UE se ha quejado recientemente de los registros sin avisar que se han llevado a cabo en empresas de su país este martes en Polonia y en los Países Bajos. Estos registros estarían vinculados a la investigación sobre subvenciones recibidas las empresas. “Instamos a la parte europea a no abusar de esta herramienta de investigación, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas extranjeras en la UE y proporcionar un entorno empresarial verdaderamente justo y no discriminatorio para las empresas no pertenecientes a la UE”, ha señalado el responsable de esta organización.

China, por el momento, apenas ha respondido a estas investigaciones de la UE. Sí que decretó el verano pasado restricciones en dos materias primas, Galio y Germanio, clave en la fabricación de semiconductores. Pero esta réplica está vinculada al veto a la exportación de determinados chips muy avanzados que se fabrican en Países Bajos y no tanto a las investigaciones abiertas en Bruselas en los últimos meses.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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