Ribera advierte contra “una carrera de ayudas públicas de la UE” en la que “los grandes y ricos” perjudiquen a los “pequeños y pobres”

Teresa Ribera empieza a mostrar sus planes para la vicepresidencia de la Comisión Europea y la poderosa cartera de Competencia a la espera de que la Eurocámara ratifique su designación. Una de las primeras cosas que deja clara es que las ayudas públicas a las empresas para la transición digital y medioambiental no pueden convertirse “en una carrera entre Estados miembros, con los más grandes y ricos perjudicando a los más pequeños y los más grandes”, señala en sus respuestas por escrito al Parlamento Europeo antes de la comparecencia presencial que tendrá lugar el 12 de noviembre. En ese cuestionario, también contesta que está dispuesta a “modernizar la política de competencia, en particular en lo que respecta al control de las concentraciones” sin que eso implique no vigilar operaciones en las que empresas incipientes e innovadoras son compradas por otras más grandes con el objetivo de matar la competencia potencial.

En esta primera prueba, la actual vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica solo esboza unas líneas muy generales en consonancia con los encargos que recibió de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en la carta en que le designaba una de sus vicepresidentas y titular de Competencia. A esos encargos se refiere en diversas ocasiones a las ocho comisiones parlamentarias que le han hecho preguntas (Economía, Medioambiente, Industria, Empleo, Mercado Interior, Transporte, Desarrollo Regional, Agricultura), una prueba de la compleja estructura que ha diseñado Von der Leyen en la que hay un gran riesgo de solapamiento entre comisarios. Ribera, por ejemplo, es la titular directa de competencia, pero como vicepresidenta de Transición justa, limpia y competitiva tiene asignadas tareas que tocan competencias cuyo control corresponde a sendos órganos parlamentarios.

A lo largo de 16 respuestas, Ribera deja clara su convicción de que “la descarbonización [de la economía] y la competitividad son objetivos inseparables”, apunta en una de ellas. “No nos podemos permitir retrasar el apoyo público para la transición o medidas para descarbonizar la industria europea e impulsar su competitividad. Con este espíritu [...], desarrollaré un nuevo marco de control de las ayudas de Estados que permita a los Estados miembros dar ayudas de Estado de forma efectiva y rápida como parte del Acuerdo para una Industria Limpia”, expone en otra contestación, ese marco del que habla será uno nuevo o la continuación del extraordinario que se aprobó en marzo de 2023 y que caduca a finales del año que viene.

Lo que puede concluirse de estas primeras consideraciones de Ribera es que hay unos principios propios del departamento de Competencia desde hace mucho tiempo que se van a mantener -por ejemplo, la alerta de que dar barra libre en las ayudas de Estados favorecería a los grandes, Francia y Alemania, y perjudicaría a los pequeños. Pero, al mismo, tiempo también va a haber cambios siguiendo las conclusiones en las que apuntan los informes sobre mercado interior y competitividad de la economía europea elaborados por Enrico Letta y Mario Draghi.

Uno de esos elementos es la revisión del mecanismo de control de fusiones de la Comisión, el que se encarga de vigilar que las operaciones corporativas más grandes que afectan al mercado de la UE no perjudican la competencia. Este es un punto de fricción sempiterno en la Unión entre quienes apuestan por las concentraciones para crear grandes empresas europeas que compitan a escala global, aunque eso suponga riesgo de oligopolios y aumento de precios, y los que se oponen a este camino y señalan que es a través de la competencia y la innovación como se ganan cuotas de mercado y escala para salir a la arena mundial. Ahí Ribera empieza tranquilizando cuando dice que “no hay competitividad sin competencia real en una economía de mercado”. No obstante, sí que hace suyo uno de los argumentos de Draghi en su informe: “Deben tenerse en cuenta los cambios en la escala eficiente de las actividades intensivas en inversión, o en el ámbito geográfico de las operaciones de las empresas rivales”.

En el campo de la Competencia, la española también asume que los procesos de investigación de posibles infracciones en las leyes del mercado o las autorizaciones en ayudas de Estado no pueden eternizarse.

Siguiendo su trayectoria como gestora pública y política, siempre alineada con las políticas medioambientales, Ribera no muestra dudas sobre la necesidad de cumplir con los objetivos climáticos que la UE se ha autoimpuesto en la legislatura anterior, que apuntan a descarbonizar la economía en 2050.