La jueza cita a declarar al responsable de Glovo como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores

La juez de Barcelona que investiga el modelo laboral de Glovo, basado en falsos autónomos, ha citado a declarar al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre, como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores, según han confirmado fuentes jurídicas a EL PAÍS. La comparecencia tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, aunque en un principio estaba prevista para el pasado septiembre, si bien esta se aplazó hasta la fecha ahora señalada.

La imputación de Pierre se deriva de la denuncia que la Fiscalía Provincial de Barcelona presentó el pasado 13 de junio contra el responsable de la compañía de reparto por llevar a cabo “una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena”. El Gobierno aprobó en mayo de 2021 la conocida como ley de riders —que entró en vigor en agosto de ese año— por la que se fijó la condición de asalariados de los repartidores a domicilio. Un año antes, el Tribunal Supremo estableció que estos trabajadores debían tener contratos como de empleados por cuenta ajena, prohibiendo así a los falsos autónomos.

Debido a que Glovo habría seguido adelante con este modelo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto multas millonarias. Según reconoció en el último informe semestral hecho público, Delivery Hero, la compañía alemana que adquirió la startup catalana en la Nochevieja de 2021 por cerca de 1.000 millones de euros, la compañía se enfrenta multas potenciales por el importe de 950 millones de euros (hasta 550 millones por las sanciones y otros 400 por la investigación abierta por la Comisión Europea).

En este contexto, el Ministerio de Trabajo elaboró un informe en el que detallaba cientos de casos concretos de repartidores de Glovo que seguían en la situación de trabajadores por cuenta propia, que remitió en octubre de 2023 a la Fiscalía General del Estado. El ministerio público lo trasladó a la Unidad de Seguridad y Salud en trabajo por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, que acabó en manos de los fiscales de Barcelona. Tras meses de análisis, la Fiscalía provincial acabó judicializando por la vía penal el asunto, al presentar una denuncia antes los juzgados catalanes y señaló directamente a Pierre como responsable de un delito contra los trabajadores. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, dirigido por la magistrada María Isabel Hernando Vallejo.

Delivery Hero mantiene en el puesto a Pierre pese al inicio de esta investigación. El consejero delegado de la compañía, al ir en condición de investigado podrá ir acompañado por su abogado y tendrá derecho a negarse a declarar o a responder a las preguntas que considere pertinentes, incluso únicamente a las de su defensa, a diferencia de los testigos.

“Para la realización de los servicios”, expone la Fiscalía de Barcelona en su denuncia, “Glovo utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social [el de autónomos], estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas”.

El escrito añade que es la plataforma mantiene dicha relación de trabajadores incluso después al 12 de enero de 2023, cuando se modificó el Código Penal y se introdujo penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses para quienes promuevan los falsos autónomos. Para la Fiscalía es “indiscutible” que los empleados de Glovo se encuentran en esta situación, ya que ha sido declarada por varios órganos judiciales, al tiempo que subraya que los repartidores se “siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social”.