La Fiscalía de Barcelona presenta una denuncia penal contra Glovo por emplear falsos autónomos

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia penal contra los responsables de Glovo por emplear falsos autónomos, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado el ministerio público a EL PAÍS. La legislación laboral prohíbe esta práctica y el Código Penal la castiga desde la reforma de 2022 con penas de cárcel de seis meses a seis años. Ante la petición de este periódico de una comentario al respecto, la empresa ha declinado pronunciarse. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

La investigación que ha conducido a esta denuncia deriva del informe elaborado por Inspección de Trabajo y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023 y que, como adelantó EL PAÍS, detalla cientos de casos concretos de empleados que deberían ser asalariados, pero reparten para Glovo como trabajadores por cuenta propia.

Este proceso penal se suma a las millonarias sanciones impuestas por Inspección. La compañía acumula una deuda con la Seguridad Social de unos 200 millones de euros en cuotas no abonadas (73,4 derivados de actas de liquidación y 127,2 millones sobre la que se ha constituido aval) y en torno a otros 50 millones en sanciones, un castigo que pone en riesgo a la compañía: Delivery Hero (propietaria de Glovo) reconoce que los problemas legales que arrastra amenazan la viabilidad de la empresa.

“Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores”, explicaba el Ministerio de Trabajo.

La Fiscalía General del Estado recibió el informe de Trabajo en octubre de 2023 y lo trasladó a la Unidad de seguridad y salud en el trabajo “por si los hechos denunciados pudieran ser delito contra los derechos de los trabajadores”. A la vista del informe de ese departamento, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Provincial de Barcelona a principios de enero. La Fiscalía de Barcelona explica que empezó su investigación en febrero y es ahora cuando presenta la denuncia penal.

Ley rider

El Gobierno aprobó la ley rider en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar del mercantil. Pero Glovo, la principal empresa del sector, ignora la nueva legislación, a pesar de las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores. Ante ese empeño en esquivar la legislación, el Ejecutivo puso en marcha el pasado verano “la vía penal”, según dijo a EL PAÍS el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales”, comentó en una entrevista con este periódico.

Desde el ministerio detallaban que ese aviso a Glovo “era la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado; si estos requerimientos no fructifican, trasladaremos a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas atendiendo a esta nueva regulación penal”. Dado que la empresa sigue funcionando con autónomos, Trabajo cumplió su amenaza.

Hasta abril, Inspección ha ordenado el alta de oficio de 40.889 falsos autónomos que reparten o repartieron para Glovo desde que la empresa empezó su actividad (en 2014). Para poner en contexto esta cifra conviene precisar que la empresa de origen catalán emplea actualmente a unos 12.000 repartidores, cifra que la empresa prefiere no detallar. Los expertos del sector señalan que el número real de riders es aún mayor, dado el alquiler de cuentas a terceras personas, normalmente a inmigrantes que en ocasiones carecen de permiso de trabajo.

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