El Gobierno de Portugal refuerza las rebajas fiscales a menores de 35 años para combatir su emigración masiva

El Gobierno de Portugal ha presentado este jueves en la Asamblea de la República su proyecto de Presupuestos del Estado para 2025 sin saber aún si saldrá adelante, dada la fragilidad parlamentaria con que cuenta. La principal novedad del proyecto es que incluye grandes ventajas fiscales para los menores de 35 años, que pasan a tener una tributación en el IRPF (IRS, en Portugal) mucho más reducida que los contribuyentes mayores de 35. En su primer año de incorporación al mercado de trabajo, los jóvenes estarán exentos del impuesto siempre que sus ingresos estén por debajo de los 28.000 euros. En los cuatro años siguientes tributarán solo por el 25% de sus ingresos, entre el sexto y el noveno año pagarán por el 50%, y en el último año de bonificación por el 75%, siempre con el límite de los 28.000 euros.

El IRS Joven es una herencia del anterior Gobierno socialista de António Costa, pero la reforma que ha diseñado el nuevo gabinete de centroderecha lo ha llevado mucho más lejos. Hasta ahora los jóvenes de entre 18 y 26 años que se incorporaban al mercado de trabajo después de finalizar sus estudios tenían beneficios fiscales durante cinco años. Con la reforma actual, las ventajas se prolongan hasta los 35 años, se elimina el requisito de escolarización obligatoria y se extiende durante un periodo de diez años. La primera propuesta planteada por el Gobierno suponía, en la práctica, la creación de un régimen fiscal paralelo para los jóvenes, lo que desató muchas críticas del ala izquierda de la oposición por considerarlo injusto, al permitir que personas con los mismos ingresos tributasen de forma diferente por razón de su edad.

La negociación entre el Gobierno y el Partido Socialista con el objetivo de lograr el apoyo del principal partido de la oposición para superar el trámite parlamentario se tradujo en un cambio de la filosofía del IRS Joven, que pasó a incorporar la progresividad a la hora de dar bonificaciones. En una entrevista en la cadena SIC, el propio primer ministro, Luís Montenegro, llegó a reconocer que se había mejorado respecto a su diseño inicial con la modificación exigida por el PS. Estas medidas significarán una disminución de los ingresos fiscales de Portugal de unos 645 millones de euros, según cálculos socialistas.

El Fondo Monetario Internacional también recriminó la propuesta. “Las tasas de impuestos bonificados de acuerdo con la edad tienen costes elevados y plantean cuestiones de equidad, al mismo tiempo que su eficacia para limitar la emigración resulta incierta”, planteó el organismo internacional en su informe anual sobre la economía portuguesa, divulgado a principios de octubre. Una de las razones por las que el Ejecutivo introdujo esta reforma es para combatir la salida de jóvenes portugueses a otros países donde les ofrecen mejores salarios una vez concluida su formación universitaria. Entre 2008 y 2015, en plena crisis económica, abandonaron el país un millón de personas. Y, según una encuesta de la Fundación Francisco Manuel dos Santos, el 30% de los jóvenes de entre 15 y 30 años pensaba emigrar.

En el informe del FMI se destacaba que los ingresos de IRS “no deberían bajar más” tanto a la vista de las necesidades de inversiones como para continuar con la senda de reducción de la deuda pública, que en 2023 descendió por vez primera del 100% del PIB. La réplica del Gobierno ha sido que la fuga de cerebros exige una actuación inmediata. “Hay un drama y una emergencia en este problema y consideramos que es prioritario tratar de resolverlo”, señaló el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro. El Gobierno calcula que la medida beneficiará a más de 350.000 jóvenes.

Rebaja a las empresas

La otra gran modificación fiscal incluida en el proyecto de Presupuestos, que es la rebaja del Impuesto de Sociedades (IRC, en Portugal), también ha merecido críticas del organismo internacional. El Gobierno plantea reducir la tasa nominal del 21% al 20%, mientras que el FMI apuesta por recortes en las tasas adicionales y con carácter progresivo.

En la entrevista en la cadena SIC, el primer ministro, Luís Montenegro, defendió esta disminución de la presión fiscal sobre las empresas como una herramienta necesaria para competir con otros países por la llegada de inversiones. “Existe una competencia de España muy fuerte para intentar atraer, por no decir robar entre comillas, proyectos de inversión dirigidos a Portugal. Soy muy consciente de que la política económica tiene que ser agresiva en el buen término”, afirmó.

La propuesta inicial de Montenegro era bajar el IRC dos puntos, del 21% al 19%, pero accedió a suavizar el recorte durante las negociaciones con el Partido Socialista, cuyo líder, Pedro Nuno Santos, había considerado que las dos “líneas rojas” para permitir la aprobación de los Presupuestos eran la eliminación del descenso en el IRC y la reforma del IRS Joven. Una de las críticas socialistas es la disminución de la recaudación fiscal, que cifraron en 1.500 millones de euros a medio plazo. En esta línea, el gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, está alertando sobre el riesgo de recortar impuestos y aumentar el gasto al mismo tiempo. En la presentación del boletín económico de octubre, Centeno destacó que Portugal vive el mayor crecimiento del gasto público corriente desde 1992. “Ya hemos tenido en el pasado suficientes problemas como para saber lo que significa”, subrayó.

A pesar del aumento del gasto público para atender viejas reivindicaciones de colectivos de empleados públicos (sanitarios, profesores, policías, auxiliares de justicia o bomberos, entre otros), el proyecto de Presupuestos contempla un excedente para 2025, que permitirá seguir disminuyendo la deuda pública hasta situarla en el 93,3% del PIB. La previsión es que 2024 finalice en el 95,9%. Los funcionarios tendrán una actualización salarial mínima del 2%, muy lejos de la demanda sindical, que piden aumentos superiores al 6%. El crecimiento económico previsto para 2025 en Portugal es del 2,1%, un escenario más optimista que el del actual ejercicio, cuando se espera un crecimiento del 1,8%.

En su primer proyecto presupuestario, el Gobierno de Luís Montenegro ha decidido mantener las contribuciones especiales que se aplican en los sectores bancario y energético. Por otro lado, permitirán descongelar los alquileres antiguos, anteriores a 1990 y que pretendían proteger sobre todo a las personas mayores de los desahucios por subidas de renta que no pueden asumir.

La inversión pública subirá hasta el 3,5% del PIB, con los mayores refuerzos en sanidad (un 9% más), educación (6,8%), cultura (18%) y defensa (5,3%). El salario mínimo se situará en 870 euros, mientras que la subida de las pensiones no se conocerá hasta disponer de las cifras de inflación y comportamiento de la economía, los dos indicadores empleados en el mecanismo de revisión anual. El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmiento, defendió el proyecto como “un buen presupuesto para el país, los mayores, los más vulnerables y las empresas”, además de reclamar “responsabilidad” a los partidos de oposición para no tumbar el proyecto y desencadenar una nueva crisis política, que podría llevar a las terceras elecciones en tres años.