La UE saca a Antigua y Barbuda de su lista de paraísos fiscales

La Unión Europea ha sacado de su lista de paraísos fiscales a las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, que habían sido incluidas hace justo un año. Este ha sido el único cambio que han introducido los ministros de Finanzas de la UE en un listado en el que siguen Rusia y Panamá, junto a otras nueve jurisdicciones de todo el mundo. La Unión revisa esta lista cada seis meses. La próxima vez se hará en febrero de 2025 y ahí se examinará la situación de Vietnam.

La inclusión de Antigua y Barbuda en la lista se produjo el pasado octubre tras una evaluación negativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para quitarse esta etiqueta, las islas caribeñas han hecho cambios en su normativa y la situación continuará revisándose. Las jurisdicciones que no han hecho lo suficiente para salir de la lista negra de la UE son Samoa americana, Samoa, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Panamá y Rusia.

Explica la nota del Ecofin, como se conoce oficialmente a la reunión de ministros de Finanzas de la UE que se está celebrando estos días, que dos de estas jurisdicciones han hecho reformas, pero no son lo suficientemente importantes como para salir de una lista en la que están durante mucho tiempo.

Bruselas hace referencia a las normas internacionales de buena gobernanza fiscal desarrolladas en seno internacional, en particular de la mano de la OCDE, para establecer si un país actúa de forma perjudicial en materia tributaria. En particular, analiza la transparencia y equidad fiscales y si respeta las medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, un marco elaborado por el club de las economías avanzadas que ha dado lugar en 2021 a un acuerdo entre más de 130 territorios para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes multinacionales.

El hecho de que una jurisdicción acabe en la lista negra de la UE no solo tiene un impacto reputacional, también implica trabas y mayores exigencias de información a la hora de interactuar con el mercado único. Quienes operen en estos lugares, por ejemplo, están sujetos a una mayor vigilancia y no pueden recibir fondos europeos.

La UE empezó a trabajar en esta herramienta en 2016. Al año siguiente había encontrado una serie de “deficiencias” en un total de 92 territorios, a los que comunicó sus hallazgos. Poco después, en diciembre de 2017, vio la luz la primera lista de territorios que Bruselas considera no cooperativos en materia fiscal por su opacidad, y que incluía a 17 jurisdicciones no pertenecientes al bloque comunitario.

A partir de entonces ha habido territorios que han ido entrando y saliendo del listado, un documento que ha ido adelgazando a lo largo de los años y en el que jamás han aparecido países europeos, pese a que algunos Estados miembros reciban críticas por su escasa transparencia en cuanto a intercambio de información tributaria y fiscalidad laxa, además de haber protagonizado varios escándalos en esta materia. El francés Pierre Moscovici, durante su etapa como comisario de Economía de la UE, fue particularmente duro al respecto. En 2018, señaló por primera vez públicamente a siete países —Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Malta, Luxemburgo y Países Bajos— por sus políticas fiscales agresivas y llegó a definirlos como “agujeros negros fiscales”.