Saiz defiende que la reforma de las bajas busca ampliar los derechos de los trabajadores

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes que el debate sobre las bajas laborales voluntarias y flexibles “busca ampliar derechos” y que no tiene detrás una motivación económica. En una entrevista en Onda Cero, Saiz ha señalado que se trata de un tema “recurrente” y que se está en una fase inicial en la que se escuchará a los agentes sociales y otros expertos para intentar adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades sociales y laborales.

“La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable”, ha subrayado Saiz, que ha insistido en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso y con supervisión médica. “No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social”, ha añadido la ministra de Seguridad Social, que ayer planteó su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral.

Sobre el rechazo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a esta idea, la titular de Seguridad Social ha subrayado que se trata de competencias de su ministerio, pero que se buscará el consenso con todas las partes.

Tendencia en aumento

El año pasado se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3 % más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65 % respecto a 2022, según los datos del último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9 %, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo. Del impacto total derivado de estos procesos el pasado año, 13.081 millones (16,2 % más) respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 millones (19,26 % más) fueron el coste directo para las empresas.