El empresario que le dio 100.000 euros a Alvise pide auxilio judicial antes de que se decida si le investigan por una estafa piramidal

El caso de la presunta estafa de Madeira Invest Club comienza a dar pequeños pasos. Aunque la Audiencia Nacional aún no ha abierto una investigación para aclarar si la sociedad cometió una estafa piramidal con la inversión en criptomonedas, bienes de lujo y obras de arte digitales, sí ha comenzado a conocer las distintas posturas de las plataformas de perjudicados que le han denunciado y del propio Álvaro Romillo, fundador de la sociedad bajo la lupa, calificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de “chiringuito financiero”, y que prometía rentabilidades de entre el 30 y el 53% anual. Por un lado, los abogados de las víctimas mantienen discrepancias sobre qué órgano judicial tiene competencia para conocer lo ocurrido, una vez que la trama ha salpicado al eurodiputado Alvise Pérez. Y, por otro lado, el máximo responsable del supuesto fraude ha pedido auxilio judicial para salvar el resto de sus negocios y afrontar las deudas con los inversores.

Después de que Romillo (que se presentaba en redes sociales como LuisCryptoSpain) remitiera dos escritos a la Fiscalía General del Estado, en los que asumió la responsabilidad de sus actos y confesó haber entregado 100.000 euros a Luis Pérez, Alvise, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), en plena campaña para las elecciones europeas; el empresario ha enviado otros dos documentos a la Audiencia Nacional para mostrar su intención de colaborar con la justicia, tras conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama —conocido por investigar otras presuntas estafas con divisas digitales, como la trama de Arbistar—, ha comenzado a estudiar el presunto fraude, que puede alcanzar entre los 300 y 600 millones de euros. La elevada cantidad se debe a que los inversores hacían una aportación inicial de 2.000 euros anuales.

En el primer escrito, presentado el 25 de septiembre, la defensa de Romillo puso a disposición del juez su patrimonio. Así, instó a la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) a Portugal para pedir el desbloqueo de cuentas bancarias a nombre de Sabroso LDA, uno de sus negocios que gestionaba con su padre. Según indica el texto, consultado por este periódico, uno de los motivos por los que dejó de pagar a los inversores fue la congelación de los fondos en el país vecino. En esta línea, los abogados también han pedido la designación de un administrador judicial para 13 empresas de su entramado con el fin de evitar su quiebra y afrontar las deudas mediante los ingresos de las mismas.

Entre los negocios, se encuentran restaurantes en Madrid, Málaga y Granada; alojamientos turísticos; alquiler de embarcaciones y coches de lujo; la organización del festival Selvatic Fest; una empresa de consultoría de gestión empresarial y otra de instalaciones para ocio, entretenimiento y celebración de eventos. Según explican los textos, la estructura societaria les ha ayudado a “cumplir con todos los contratos de los inversores” hasta que cumplir con los compromisos se ha hecho “insostenible”.

La administración judicial también ha sido solicitada por una de las representaciones de afectados que se ha personado en la Audiencia Nacional, la que dirige Emilia Zaballos. En su denuncia, la letrada pidió como medidas cautelares la intervención de las empresas, entre otros motivos, para evitar que se traspase a terceros, lo que dificultaría que los inversores en Madeira Invest recuperen el dinero perdido; y la localización de activos en Estonia y República Dominicana.

El siguiente escrito de Ramillo fue registrado este jueves, en el que insiste en su voluntad de cooperar, en caso de que finalmente se abra una investigación formal. Así, se ha prestado a declarar ante el juez y a aportar documentación, al tiempo que se ha comprometido a liquidar sus bienes “con el fin de hacer frente a los pagos de los inversores”. No obstante, las ofertas del responsable de Madeira Invest Club van más allá del plano judicial, pues sus abogados también se han sentado con la defensa de algunos de los afectados en busca de soluciones para resarcir el daño a los inversores, según han informado fuentes jurídicas.

Tres denuncias y debate sobre la competencia

La Audiencia Nacional ha recibido tres denuncias colectivas presentadas por los despachos Aránguez Abogados y Zaballos Abogados, conocidos por defender a miles de afectados por estafas piramidales con divisas digitales, a las que se ha sumado la asociación de consumidores Ances. En paralelo, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga a Alvise Pérez —el alto tribunal es el órgano competente para investigar a aforados como son los eurodiputados— por una presunta financiación ilegal, como consecuencia de las revelaciones de Romillo. Por el momento, ningún tribunal ha abierto ninguna causa judicial.

El juez instructor de la Audiencia Nacional solo ha dictado, el 20 de septiembre, un auto de incoación de diligencias previas. Esto es paso previo a la apertura de una investigación judicial, pues únicamente inicia el estudio si los hechos denunciados pueden estar vinculados a delito. Este examen lo ha complementado, además, con la petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un informe sobre si considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito y son competencia de dicho órgano judicial, según han señalado fuentes del órgano judicial.

La competencia es el principal escollo que debe resolverse. El hecho de que la Fiscalía del Supremo haya entrado en juego ha abierto un debate que ha llegado hasta las representaciones legales de los afectados por la presunta estafa. Por un lado, Aránguez Abogados planteó en una ampliación de su denuncia enviar todas las diligencias al alto tribunal; mientras que Zaballos Abogados apuesta por mantener la parte de la estafa, “el tronco central”, en la Audiencia Nacional para buscar la reparación del daño a los perjudicados y que la parte relativa al europarlamentario, “la rama colateral”, se quede en el Supremo. En su opinión, la representación de los perjudicados solo puede ir contra el político si en el sumario hay evidencias de que este participó en la gestión de Madeira Invest Club.

En este sentido, el juez instructor también debe analizar si las denuncias cumplen los requisitos legales para que el órgano centralice la investigación, como son que el perjuicio económico supere los siete millones de euros, que haya múltiples perjudicados y en distintas zonas del territorio nacional, incluso en otros países.