La revisión al alza del PIB da un margen fiscal a Hacienda de 1.500 millones de euros

El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó al alza la semana pasada la trayectoria del producto interior bruto (PIB) de los últimos tres años y cambió de la noche a la mañana el relato oficial de la recuperación de España tras la pandemia de la covid-19. Entre los múltiples efectos de esa corrección hay uno de carácter macroeconómico que tiene importantes consecuencias inmediatas y que puede resumirse en que el país, a día de hoy, dispone de mayor capacidad fiscal de la que se pensaba. Son unos 1.500 millones de euros adicionales, una cifra poco representativa en condiciones normales, pero que cobra protagonismo en un contexto de férreo control del déficit público justo en el ejercicio en que vuelven a aplicarse las reglas fiscales europeas. Y también han mejorado otros indicadores como el endeudamiento o la presión tributaria.

Al margen de las revisiones que lleve a cabo el Ejecutivo para los próximos años —el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, actualizará este martes sus previsiones—, lo cierto es que las ratios de deuda pública, déficit y presión fiscal sobre la riqueza nacional son hoy menores de lo que se creía. Todos estos indicadores económicos se obtienen utilizando al PIB como denominador. Es decir, cuando la economía crece, las magnitudes que se referencian a ella pierden peso. Según las nuevas cifras de los últimos tres años, ya actualizadas por el portal estadístico, el déficit público de 2023 ha mejorado en casi una décima, hasta situarse en el 3,55% del PIB desde el 3,64% anterior. Una mayor corrección es la que registra la deuda, que cae en 2,6 puntos hasta el 105% del PIB. Todo ello se confirma en un momento en el que el Gobierno está inmerso en la elaboración de dos importantes documentos: el plan fiscal estructural que enviará con retraso a Bruselas el 15 de octubre, y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que, previsiblemente, presentará al Congreso en menos de una semana.

Las nuevas cifras, explica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, “facilitan la convergencia hacia el objetivo de déficit del 3% este año”. El nuevo PIB de España roza los 1,5 billones de euros, por lo que la décima ganada representa alrededor de 1.500 millones de euros que permiten al Gobierno partir de una posición algo más holgada en esta corrección, según recuerda Miguel Artola, investigador en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, añade Torres, dado que el punto de partida es más positivo y que la economía se ha comportado mejor, es posible que este ejercicio termine con un desequilibrio que esté incluso por debajo de ese 3% que marcan las reglas europeas y que se ha propuesto el Gobierno. “En términos macroeconómicos una décima es poco significativa”, señala José Emilio Boscá, catedrático de Análisis Económico en la Universidad Valencia e investigador en Fedea. Sin embargo, añade, 1.500 millones pueden dar algo de margen en políticas de gasto o en cambios tributarios que quiera impulsar el Gobierno.

Una de las claves en estos momentos es la frontera que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, el cual limita los desequilibrios de los socios comunitarios. Las reglas han entrado en vigor en 2024 después de estar varios años congeladas para permitir a los países sufragar con recursos públicos las políticas anticrisis. Ahora, aunque son más laxas que las anteriores y permiten más maniobra a los Estados miembros, siguen limitando el déficit al 3%, por lo que una décima más de margen en el desequilibrio representa un alivio a tener en cuenta para los países que más esfuerzos tienen que hacer, como es el caso de España.

Las cosas también cambian en la cuestión de la deuda. Aunque los niveles del pasivo público siguen siendo muy elevados y la Unión Europea marca el límite en el 60% del PIB, las nuevas reglas fiscales comunitarias son más benevolentes y flexibles en el caso de aquellos países que presenten una senda de reducción que sea sostenida y creíble en el tiempo. Por eso, recuerdan los expertos, España también ha dado un paso adicional al rebajar la ratio en casi tres puntos porcentuales en 2023.

Otro punto positivo a resaltar en cuanto a presión fiscal, apunta Artola. Este indicador, que marca el peso de todos los impuestos —incluidas las cotizaciones sociales— sobre el PIB, no debe seguir ninguna pauta ni alcanzar un objetivo concreto, pero sí ayuda a mostrar cuál es el pulso de la política tributaria de un país. En 2022, cuando el INE no tenía tomado el pulso real de la economía, la presión fiscal se acercó al 39%. Ahora, tras la revisión, todo apunta a que cerrará 2023 por debajo del 36%. Es algo, recuerda Artola, que da margen al Gobierno en cuestión impositiva, máxime cuando aleja de nuevo a España de la media comunitaria, que ronda el 41%.

El problema, añade Torres, es que la revisión al alza del PIB muestra en cierta forma que la corrección de los números rojos ha sido hasta ahora coyuntural y que principalmente se ha debido a la recuperación económica en lugar de a medidas de control concretas. Esto lleva a pensar, prosigue, que el déficit estructural “es más alto de lo que pensamos”. La buena noticia, continúa, es que el margen de reducción de déficit estructural es mayor “porque el peso de la recaudación en el PIB es menor”. “También tenemos un endeudamiento menor, que significa que los costes financieros pesan menos”. Es decir, que el experto ve margen de mejora, aunque lanza una advertencia: “Hay que conseguirlo y de momento vemos pocos anuncios que vayan en esta línea”.