El Gobierno otorga más derechos a 360.000 empleadas del hogar: revisiones médicas gratis y plan de prevención de riesgos obligatorio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que el colectivo de trabajadoras domésticas tendrá a su disposición la posibilidad de realizar reconocimientos médicos voluntarios de forma gratuita y cubiertos por el Sistema Nacional de Salud (SNS), y que aquellos que las empleen deberán llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales en los lugares en los que estas se desempeñen (principalmente en domicilios) a través de una herramienta digital elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). La dotación de estos derechos se recoge en un real decreto que el Gobierno de coalición ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, tal y como adelantó EL PAÍS.

“Es un día importante para las trabajadoras, las mujeres y las familias de nuestro país. No traemos aquí una norma más: tiene mucho efecto en nuestras vidas. Lo que proponemos es saldar una deuda histórica y resolver un agravio que ha sido permanente”, ha celebrado Díaz. “Estas mujeres son las que cuidan, las que hacen las tareas dentro del hogar, las que se enferman, pero no tenían reconocimientos médicos”, ha advertido.

El nuevo marco de derechos del colectivo de empleadas domésticas —compuesto casi íntegramente por mujeres, que en su mayoría son inmigrantes— aumenta las responsabilidades de quienes las contratan para garantizar que estas pueden realizar su trabajo en un entorno seguro. Al tiempo que equipara los derechos en materia de prevención de riesgos de las personas acogidas al Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar con los de los demás asalariados.

De esta forma, quienes las contraten deberán realizar previamente un estudio de sus lugares de trabajo para determinar los riesgos potenciales que este pudiera presentar, y resolverlos para que la salud de estas mujeres no esté en riesgo. Para ello dispondrán de una herramienta gratuita diseñada por el INSST que permitirá realizar con facilidad este trámite, que estará acompañada de una Guía Técnica elaborada por este mismo organismo. Mientras que ellas tendrán derecho a la formación durante la jornada laboral por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).

“Es el momento de reconocer a un colectivo que siempre ha sido invisibilizado, discriminado en el mercado laboral e históricamente en la percepción social”, ha añadido la Ministra de Trabajo, cuya propuesta también aborda el potencial riesgo de sufrir abuso que padecen estas trabajadoras. “Saben que estas mujeres son víctimas de acoso y formalizaremos un protocolo de acoso y violencia en el hogar. Por supuesto, todas estas herramientas, insisto, no van a irrogar ningún coste a las familias y van a ser completamente gratuitas”, ha señalado Díaz, que ha recordado que, igual que sucede con el resto de trabajadores, quienes no puedan recibir esa formación podrán compensarlo “con tiempo de descanso”.

De acuerdo con los últimos datos que maneja Trabajo, hay 367.900 personas empleadas del hogar en España, de las cuales, más del 95% son mujeres, la mayoría de ellas, de entre 40 y 50 años y un 45% de ellas, migrantes. Además, el grueso del colectivo se concentra en Madrid y Cataluña.

Reacciones

La medida ha sido bien recibida por los sindicatos mayoritarios: “Es una regulación pionera y de justicia social que supone un importante avance para un colectivo discriminado históricamente, claramente feminizado e invisibilizado”, ha señalado CC OO. “Llevamos años denunciando la desprotección y la falta de valoración que han venido sufriendo estas trabajadoras: las alteraciones musculo-esqueléticas, la exposición a sustancias químicas o los problemas psicosociales son riesgos característicos de este sector que era imprescindible y de justicia abordar, y a ello han ido dirigidas nuestras aportaciones y propuestas a esta nueva regulación”, ha reconocido la central que lidera Unai Sordo.

UGT, sin embargo, ha señalado que, en su opinión, la regulación de las empleadas del hogar y del colectivo de la ayuda a domicilio debería estar recogida en normativas diferentes. “Consideramos este decreto un avance en la dirección correcta para proteger a un colectivo históricamente vulnerable a condiciones laborales precarias”, concluye el texto.

El reconocimiento de estos nuevos derechos sigue la senda iniciada hace dos años, en 2022, cuando el Gobierno, tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), permitió que este colectivo pudiera cotizar por la prestación de desempleo y, por tanto, tener derecho a cobrar el paro.