Nuevos derechos para empleadas de hogar: evaluación de riesgos ‘online’ y reconocimiento médico gratuito

Tras reunirse la pasada semana con responsables de colectivos y plataformas de empleadas domésticas y del servicio de ayuda a domicilio para mejorar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo ha terminado de perfilar el contenido del real decreto que llevará al Consejo de Ministros de mañana martes para su aprobación. El texto final del documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge la obligatoriedad para los empleadores de llevar a cabo una evaluación de riesgos de los domicilios en los que estas trabajadoras se desempeñen —como adelantó este periódico en marzo—, para lo que utilizarán una herramienta diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá a estas empleadas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos voluntarios de forma gratuita y deberá facilitarles material de seguridad cuando sea necesario.

Dotar de seguridad y aumentar los derechos a las empleadas domésticas —se trata de un gremio copado en un 90% por mujeres, la mayoría de ellas inmigrantes— ha sido uno de los objetivos del departamento que dirige Yolanda Díaz y de SUMAR durante los últimos años. La adecuación de sus condiciones laborales a las que se contemplan en el resto de regímenes era el siguiente paso en una equiparación que echó a andar hace dos años, con el reconocimiento de la legitimidad de estas trabajadoras a cobrar el subsidio por desempleo, una circunstancia que no permitía hasta ese momento la legislación laboral. “Con este real decreto se cierra el círculo de agravios y se ofrece a estas mujeres, por fin, un estatus de normalidad que cuenta con el soporte público”, reconoce una fuente ministerial.

El texto elaborado por Trabajo se fundamenta en siete variaciones principales, que en esencia aumentan las responsabilidades de los empleadores, a quienes conmina a llevar a cabo unas tareas preventivas que permitan a las trabajadoras del hogar realizar su tarea en condiciones seguras. De ahí que la primera obligación para ellos sea la de evaluar previamente los riesgos potenciales de los lugares en los que estas mujeres van a desempeñarse. Para lo cual, el INSST —el órgano científico-técnico especializado en prevención de riesgos laborales de la Administración General del Estado— deberá diseñar un instrumento que permita valorar correctamente los distintos espacios, además de “una guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico”, y un protocolo “frente a la violencia y el acoso en el empleo doméstico”.

“Esta herramienta no va a suponer ninguna dificultad a las personas que tengan empleados en sus casas, que sabemos que son fundamentalmente particulares”, señala esta misma fuente. En el texto, sin embargo, no se establecen los plazos para la implementación de este programa. Una vez realizada la evaluación preventiva, los empleadores entregarán a sus subordinados “equipos de protección individual y equipos de trabajo adecuados”, y deberán paralizar la actividad “en caso de riesgo grave e inminente”.

El soporte público al que hace referencia Trabajo para con este colectivo de trabajadoras —que en agosto registró 360.077 afiliadas medias a la Seguridad Social—, se amplifica con el ofrecimiento por parte del SNS de que quien lo desee pueda ser objeto de una revisión médica sin ningún coste, o de recibir una formación financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y desarrollada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP). De acuerdo con el documento, este sostén estatal “no supondrá el incremento del gasto público” y se hará “sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos”.

Para fomentar la regularización de un gremio tradicionalmente encajado fuera de la legalidad, Trabajo mantendrá las ayudas en la contratación para los empleadores, que pueden llegar a ser de hasta el 45%. Al mismo tiempo, también contempla que el recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional por falta de medidas de prevención de riesgos laborales “no será de aplicación a las personas empleadas de hogar”.

Reticencias sindicales

Cuando a comienzos de año Trabajo trasladó a los sindicatos los primeros trazos del real decreto, en los que ya contemplaba la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación de riesgos en los domicilios, estos mostraron su disconformidad con la idea de que sea un particular quien deba autoevaluar su hogar con una herramienta online y que no se contemple alguna vía para que Inspección acceda a estos espacios privados. A pesar de que el artículo 18 de la Constitución Española protege la inviolabilidad del domicilio, las centrales reclamaban alguna cortapisa que permitiera a los inspectores vigilar este procedimiento. Sin embargo, en la propuesta de este martes no se recoge esta reclamación. Según señalan desde Trabajo, tras las últimas comunicaciones, los sindicatos terminaron por apoyar el planteamiento final del Ministerio.

El de las empleadas del hogar resulta un colectivo ampliamente feminizado, y que por esa condición distintiva de género venía denunciando un trato desigual con respecto al del resto de los trabajadores. Una acusación que secundó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de febrero, donde concluía que el sistema español resultaba discriminatorio (y contrario al derecho comunitario) por negar a estas mujeres su derecho a cotizar por la prestación de desempleo, y, por tanto, a cobrar el paro una vez concluyera su relación laboral.

Este aldabonazo judicial llevó al Gobierno, y particularmente a Trabajo, a relanzar un proceso para incorporar este derecho en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que tomó cuerpo con la ratificación del Ejecutivo en el mes de junio del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que ahora pretender aumentar con el refuerzo de escudo de garantías en el centro de trabajo.

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