La abultada carpeta de tareas pendientes de Trabajo tras el verano

Consumido el mes de agosto, un periodo inhábil para el diálogo social, el Ministerio de Trabajo debe resolver las tareas que dejó pendientes antes del parón veraniego. Aunque no será hasta este lunes, 9 de septiembre, cuando se produzca el primer encuentro formal con sindicatos y patronales —de nuevo con la reducción de la jornada laboral como epicentro—, la ministra Yolanda Díaz ya conoce de primera mano cuáles son las demandas que deberá atender en el nuevo curso político. Tras reunirse la pasada semana con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la lista de asuntos pendientes es clara (y larga): reducir por ley el tiempo de trabajo (sin pérdida de salario), aprobar el estatuto del becario, reformar la indemnización por despido, reforzar la Inspección, mejorar la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos y aumentar el salario mínimo interprofesional. Y todo, bajo la amenaza sindical de aumentar la presión con movilizaciones en las calles.

La negociación alrededor de la rebaja de la jornada laboral entró en un “bucle” en el mes de julio, en opinión de los sindicatos, que acusaban a los empresarios de una inacción deliberada. A pesar de que el recorte que plantea Trabajo es del agrado de las centrales —de las 40 horas semanales actuales a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025—, la voluntad del Gobierno por sumar a las patronales, que lo han rechazado desde un primer momento, ha aletargado el ritmo de las conversaciones. Una oposición empresarial que mantiene su firmeza en septiembre.

“Los autónomos y las pequeñas empresas siguen siendo el colectivo que, con la reducción de jornada, se va a ver más afectado y le he trasladado nuestra preocupación ante este tema, por que pueda salir sin un acuerdo con los agentes sociales”, señaló tras su encuentro con Díaz este pasado viernes Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde ocupa el cargo de vicepresidente. “No estamos de acuerdo ante estos planteamientos que se están haciendo o que se han hecho hasta ahora”, ha añadido.

La también vicepresidenta segunda ha guardado las distancias durante el verano y en el inicio de curso. Consciente de la complejidad de las negociaciones, ha tratado de allanar el terreno durante los encuentros previos, especialmente cuando restan menos de tres meses para que concluya el año, y algunos de sus compromisos puedan caducar.

La mejora de la flexibilidad para organizar la jornada anual y que las horas ahora en vigor en cada empresa apliquen hasta el último día de 2025 que propuso Trabajo a los patronos en los últimos encuentros no ha resultado suficiente para amarrar su firma. No consta tampoco, por el momento, ninguna convocatoria de reunión particular por parte de Trabajo con Antonio Garamendi, líder de la CEOE, previa a la grupal del lunes. Por lo que la distancia entre las partes se antoja, como mínimo, similar a la evidenciada hasta el momento.

“En estos meses de otoño tiene que resolverse la negociación [sobre la jornada laboral]”, reclamó Sordo, tras su encuentro con Díaz. En su intervención en el Comité Nacional de UGT, Álvarez también insistió en la importancia de resolver esta negociación. Trabajo tiene agendado finiquitar el acuerdo en el mes de septiembre, de ahí que haya mantenido distintos contactos con las partes durante el verano. “Ese recorrido que ya hemos hecho en la negociación colectiva tiene que trasladarse a la ley”, añadió el mandatario de CC OO. Fuentes de la negociación anticipan que, de no haber avances sustanciales en la reunión del lunes, los sindicatos concretarán las anunciadas protestas.

El segundo asunto en la lista por orden de importancia para Trabajo —a tenor de sus manifestaciones públicas— tiene que ver con la aprobación definitiva del estatuto del becario. Un episodio controvertido, puesto que el texto fue acordado entre Trabajo y los sindicatos hace un año, llegó a ser presentado públicamente, pero nunca fue refrendado en el Consejo de Ministros, ni mucho menos por el Congreso de los Diputados. Al rechazo del sector universitario y del resto de socios parlamentarios se suma también el de la propia ala socialista del Ejecutivo de coalición, que sigue sin dar el visto bueno a la modificación normativa.

Pero no es el único asunto que este Ministerio se ha propuesto atender en el corto plazo. Tras conocerse la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en la que concluía que la legislación española en materia de despido improcedente “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores”, Díaz anunció que convocaría a los agentes sociales para abordar la reforma de esta figura. Un asunto en el que, nuevamente, no se vislumbra un acuerdo a tres bandas por el rechazo manifiesto (y reiterado) de los empresarios, que acusan al Gobierno de pervertir lo pactado en la reforma laboral, donde se decidió orillar este asunto en pos de lograr un acuerdo tripartito.

Acción en las calles

La advertencia de los sindicatos con caldear las calles de no convertirse en ley la reducción de la jornada en un horizonte cercano, no es el único incendio callejero al que podría enfrentarse Trabajo. La plantilla de empleados de la Inspección de Trabajo hace meses que reclama un aumento de recursos y de efectivos que, de no producirse, podría derivar en movilizaciones y huelgas, como la que se produjo en junio del año pasado —aunque con escaso éxito para los convocantes—, según han venido recordando las organizaciones que los representan.

En un escenario similar se encuentran los trabajadores públicos, quienes siguen reclamando que se mejoren las condiciones laborales de las plantillas de las Administraciones Públicas. Desde el sindicato de funcionarios CSIF han reclamado al nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, una reunión en la que abordar la reactivación de la negociación colectiva y mejorar las retribuciones del personal, eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo o mejorar las pensiones y condiciones de jubilación de un colectivo de tres millones de personas.

Inaugurado ya el último trimestre del año, los sindicatos vienen reclamando una nueva revisión del salario mínimo interprofesional —ahora en los 1.134 euros mensuales repartidos en 14 pagas—, para que el Gobierno mantenga su compromiso de situarlo en el equivalente al 60% del salario medio. Una reclamación que vuelven ahora a situar sobre la mesa, a tenor de la falta de sintonía que siguen manteniendo la evolución de la inflación y la de los salarios. Una consideración que el presidente, Pedro Sánchez, recogió durante su discurso sobre las nuevas prioridades del curso político.

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