Algo se mueve en el negocio de las fincas rústicas

Las transacciones de fincas rústicas constituyen una de las actividades económicas que registran en la actualidad los mayores movimientos con un volumen total en el último año de casi medio millón de operaciones. De ese volumen, más de 148.00 correspondieron a compraventas, 182.000 a repartos por herencias y cifras más reducidas a otras figuras como donaciones o permutas. Todo ello afecta en unos casos, en positivo y en otros en negativo, a la estructura de la propiedad de la tierra, e indirectamente a los profesionales del campo que funcionan en gran parte con tierras arrendadas. Este año, frente a una reducción de las operaciones de compra venta de fincas rústicas del 5,9% en 2023 hasta 148.621, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y elaborados por la consultora Cocampo, en los primeros meses se ha producido un repunte continuado con incrementos, en enero del 10,5% sobre el mismo periodo del año anterior, del 5,2% en febrero y del 17,5% en abril.

El descenso de operaciones en el pasado año se atribuyó fundamentalmente a los efectos de la sequía, menos rentabilidad en el campo, junto a unos tipos de interés elevados. Hoy, sin tener en cuenta la continuación de las pocas, pero grandes, operaciones de los fondos de inversión, las mayores compraventas en número corresponden a las llevadas a cabo fundamentalmente desde los profesionales de la actividad.

Las operaciones de compraventa de fincas rústicas responden a muy diferentes factores. Desde la perspectiva más conservadora, la tierra rústica se ve como un valor seguro, “va estar siempre ahí”, siguiendo el viejo dicho utilizado en el medio rural, “casa donde vivieres y tierras cuantas pudieres”. Además de ver la tierra como un valor seguro, invertir en ella, para miles de explotaciones es una necesidad de cara a lograr una estructura dimensionada o también para una primera instalación.

En esos objetivos, entre otras medidas, existen políticas de apoyo como los avales de la Entidad Pública de Caución, Saeca, del Ministerio de Agricultura, a las que se suman algunas las líneas específicas para la compra de tierras de diferentes entidades financieras con la línea Agro.

En general, el crecimiento de las operaciones de compraventa en los últimos años coincide con una estabilidad o con solo muy ligeros incrementos de los precios según las cifras elaboradas por el Ministerio de Agricultura, frente a los elevados incrementos registrados años atrás y fundamentalmente coincidiendo con la implantación de las ayudas comunitarias.

Según los datos oficiales, los precios de la tierra experimentaron un incremento de solo el 0,8% en 2022 y un descenso del 3,2% en moneda constante descontada la inflación. Tras la subida de los precios medios de la tierra del 1,3% y el 2% en 2017 y 2018, en los años posteriores la línea media ha sido de descensos o muy ligeras subidas en función también además de las ayudas, de las producciones y de los mercados, mayores las producciones de regadío que en los secanos y la competencia de las entradas desde terceros países.

FAO, tierra y alimentos, armas estratégicas

El interés por la tierra para usos agrarios no es un hecho que se está produciendo solamente en España, sino un fenómeno a escala mundial y muy especialmente en terceros países con grandes superficies por desarrollar, considerando que no se trata de un recurso elástico y que sufre además en muchos casos de una explotación super intensiva con el abuso de agroquímicos que pone en peligro su vida a futuro.

Datos de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, apuntan que un 38% de la superficie total del planeta, unos 5.000 millones de hectáreas, tienen como destino la actividad agraria. Pero, de ese volumen, solo una tercera parte se dedica a tierras de cultivo, mientras las otras dos terceras partes las ocupan praderas y pastos. Los análisis sobre las perspectivas de futuro elaborados por FAO apuntan que mientras en 1970 por cada habitante del planeta había 0,45 hectáreas de tierras de cultivo, en la actualidad esa cifra estaría ya debajo de las 0,20 hectáreas, aunque con mayores rendimientos, para una población mundial que mantiene su línea de crecimiento desde los 8.000 millones a los más de 9.000 actuales,.

En este contexto de recursos (suelos disponibles para los cultivos estabilizados y una población en crecimiento, aunque se mejoren los rendimientos por hectárea), la propiedad y el control de las tierras se ha convertido en objetivo prioritario a nivel mundial, en unos casos desde los gobiernos para asegurar las posibilidades de producir en sus propios territorios para asegurar el abastecimiento alimentario de sus ciudadanos. En otros casos, esos mismos gobiernos y con los mismos objetivos, han llevado a cabo grandes inversiones en la compra de tierras en otros territorios, como China o Japón en África o Sudamérica, tanto para producir más para operar en los mercados como estrategia, si fuera necesario, para abastecer su mercado interior. La tierra de cultivo ha pasado a ser también objetivo de los grandes fondos de inversión especulativos en todo el mundo que, en poco más de una década han pasado de una decena a más de setenta.

Desde esta perspectiva, la tierra para usos alimentarios se ha convertido también en un instrumento de guerra por lo cual, diferentes gobiernos fundamentalmente en los países en vías de desarrollo donde la oferta alimentaria es una de sus grandes bazas de ingresos para sus economías, han puesto en marcha medidas y mecanismos de limitación y control a las superficies que puedan adquirir ciudadanos o empresas del exterior.

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