El juez propone juzgar al BBVA y a Francisco González por los espionajes de Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al BBVA y a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo durante más de una década. Así consta en un auto en el que se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, es decir, concluye oficialmente la investigación, que se inició en octubre de 2018, para abrir la fase intermedia y preparar el juicio por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

En esta resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado instructor también deja a un paso del banquillo a otras 12 personas, entre las que se encuentra el expolicía y ex altos cargos del banco, como el que era jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano; el entonces director de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega; o el que fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, o el jefe de auditoría interna en aquel momento, Joaquín Gortari.

Tras conocer la decisión del juez García Castellón, fuentes del BBVA han destacado que el banco “siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad”. “La prioridad siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos”, añaden.

Aunque se prevé que no tendrá consecuencias en la operación, la resolución judicial trasciende en plena opa del BBVA sobre Banco Sabadell, un movimiento ya de por sí complejo por el nivel de autorizaciones que debe recibir y el impacto en el sector financiero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dicta esta resolución tras recibir la petición de varias de las partes personadas solicitando poner fin a las pesquisas, que quedaron concluidas el pasado mes de enero, pero a la espera de que se diera conocer el futuro judicial de los investigados. Esto se debía a que faltaba por terminar una de las últimas diligencias acordadas: la revisión del forensic (investigación interna) que el BBVA encargó a PwC para depurar responsabilidades internas por los encargos que directivos del banco hicieron a Villarejo para que espiara a empresarios, políticos y periodistas.

En el auto, el magistrado instructor —que se jubila el próximo 2 de septiembre, tal y como ha autorizado el Consejo General del Poder Judicial, al cumplir 72 años— hace suyos los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción expuso en un escrito, fechado el pasado 17 de mayo, que pidió llevar el procedimiento a la siguiente fase, por “su impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida”. Dicho escrito y la resolución de García Castellón señalan que la relación entre el BBVA y Cenyt, el entramado empresarial con el que operaba Villarejo, nació por los contactos que el entonces jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano (antes comisario), guardaba con sus antiguos compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, lo que “le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como a bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso”.

El juez afirma que Corrochano hizo un “uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía” y “puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse”. Así, conociendo la “doble actividad” que Villarejo desarrollaba, el exresponsable de seguridad del BBVA comunicó al entonces máximo responsable del banco, Francisco González, “la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo”. Añade que esta actividad se podía llevar a cabo gracias a la “ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad” y, por ello, González “autorizó y permitió” la contratación de Villarejo, garantizando además que “un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo”.

Con este relato, el juez de la Audiencia Nacional sigue el criterio de Anticorrupción y acuerda dejar al borde del banquillo de los acusados también a los entonces consejero delegado Ángel Cano; al presidente de DCN (Distrito Castellana Norte) Antonio Béjar; al responsable jurídico del banco José Manuel García Crespo; así como al empleado Óscar Santos Touche. Del entorno de Villarejo, se suma a la lista de procesados al socio del comisario jubilado, el abogado Rafael Redondo; el ex inspector de Policía Antonio Bonilla y un agente de la Policía Nacional. Asimismo, acuerda el archivo del caso para 11 investigados, entre los que se encuentra Juan Asúa, actual asesor del presidente del BBVA, Carlos Torres, y el director de comunicación de la entidad, Paul Tobin.

Desde 2004 y hasta la detención de Villarejo

El primer trabajo de Villarejo para el BBVA tuvo lugar en 2004, cuando se le encargó tratar de frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de tomar el control del banco, con el apoyo de “otras compañías y personas”, incluso con el del ”Gobierno de la Nación”, destaca el juez. “Al explicarle Julio Corrochano al presidente del BBVA, Francisco González, las posibilidades de los recursos y el ‘valor añadido’ que se podía conseguir con la contratación de José Manuel Villarejo, él mismo le dio la orden ejecutiva de que procediese a ello, y con plena conciencia de lo que ello iba a implicar, expresamente autorizó a éste para que, al margen del circuito ordinario de selección de proveedores del BBVA y con total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la misma, contratase, con cargo al presupuesto de la entidad”, apunta el auto. En el marco de este contrato, Villarejo “investigó” al presidente de Sacyr en esos momentos, Luis del Rivero; al empresario Juan Abelló; el entonces vicepresidente de BBVA, José Domingo de Ampuero; al director general adjunto del banco en aquella época, Vicente Benedito Francés; o al ministro de Industria ese año, Miguel Sebastián.

A partir de entonces, Cenyt se convirtió en un proveedor habitual y fue requerido en numerosas ocasiones para distintos tipos de trabajos de inteligencia, que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas. El auto, de 268 páginas, recoge los numerosos proyectos que Villarejo realizó para el BBVA hasta noviembre de 2017, cuando fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, dando inicio a la macrocausa por la que se le investiga, como Summer-Fish, Summer-Gate o King-Prasa, centradas en encontrar el “patrimonio oculto” de empresarios deudores como Fernando Martín (Martinsa), Luis Portillo (Colonial) o de la inmobiliaria Prasa.

El juez también destaca el “seguimiento” y la recopilación de “datos de interés” sobre la conocida Operación Chamartín, el proyecto urbanístico que el BBVA proyectaba llevar a cabo en Madrid, a través de su empresa Distrito Castellana Norte (DCN); así como los espionajes a abogados y periodistas o a Luis Pineda, líder de la asociación de Ausbanc, contra la que se presentó una “denuncia anónima”, que según señala el juez, fue “elaborada por el BBVA” y provocó la apertura de una causa judicial en la Audiencia Nacional. No obstante, la relación con la esfera del comisario jubilado no terminó del todo en ese momento, pues, según indica el magistrado instructor, hasta 2018 se hicieron encargos a Anbycol, una empresa dirigida por Antonio Bonilla, un inspector muy cercano al agente encubierto y que fue director de Operaciones de Cenyt.

Incumplimiento del código ético

Con todo ello, el juez García Castellón considera que el BBVA, como persona jurídica, debe ser también sometido a juicio porque se dan todos los presupuestos “materiales, procesales y jurisprudenciales” ante el incumplimiento de sus normativas internas. El magistrado recuerda en este sentido que la compañía “es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BE) en cuanto entidad bancaria y, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.

En este sentido, el juez señala que, pese a que en el momento de los hechos ya existía una normativa de obligado cumplimiento, ni la presidencia del banco ni sus altos directivos cumplían o no respetaban los códigos éticos internos. Esto “dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales altos cargos”, concluye.