El Gobierno exigirá a la industria un preaviso de nueve meses para deslocalizarse

Las empresas industriales que planteen el cierre o la reducción de actividad tendrán que comunicarlo nueve meses antes al Ministerio de Industria, y deberán contratar a una consultora que diseñe un plan para minimizar el impacto en la actividad y el empleo, o para buscar nuevos inversores. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno prepara un mecanismo, inspirado en el que se usó con las plantas de Nissan en Barcelona, con el fin de amortiguar las consecuencias de las deslocalizaciones. En un momento en el que todo el sector europeo está sufriendo problemas de competitividad, España ultima una sistema legal que permita ordenar los procesos de reindustrialización. Así se recogía ya en el anteproyecto de la Ley de Industria que se presentó a finales de 2022, pero el ministerio está volviendo a redactarlo para incluir cambios que contemplan lo sucedido en las crisis de la covid, la energética y la de precios. Antes de que acabe junio, el departamento de Jordi Hereu espera lanzar de nuevo el texto a consulta pública.

Esta regulación está pendiente de los comentarios y alegaciones que haga el Ministerio de Trabajo en un informe. El departamento de Yolanda Díaz tendrá que asegurarse de que la estructura creada es compatible con la legislación laboral, y el texto todavía podría cambiar algo en función de sus aportaciones. Además, pese al complicado contexto político, Industria está iniciando los contactos para lograr el mayor consenso con los partidos en torno a la futura ley. Las empresas afectadas serán aquellas cuyas decisiones conlleven una pérdida significativa de capacidad industrial y cuando, además, la autoridad competente para tramitar su ERE sea el Estado. Es decir, aquellas que están en más de una comunidad y tienen más empleados y repercusión social. También se incluirán aquellos supuestos en los que estén en juego recursos considerados de primera necesidad o de carácter estratégico.

La pregunta es cómo abordar una cascada de cierres por la energía, los costes laborales y en sectores maduros, cuyos centros de decisión están muchas veces fuera de España. Se trata de ordenar estos procesos y dar un cauce a posibles soluciones. En la práctica, este tipo de iniciativas ya se ponen en marcha dependiendo del impacto de la fábrica en el territorio y el empleo. Normalmente, cuando arranca un proceso de estas características, los representantes de la empresa, de los trabajadores y de la Administración se reúnen e intentan encontrar soluciones para dar viabilidad al proyecto y preservar el empleo. Pero de esta forma habrá un sistema pautado al igual que ocurre en muchos países europeos. Francia, por ejemplo, ya tiene un marco creado con la Ley Florange. Este es más proteccionista, recogiendo incluso sanciones muy duras.

Aunque por una vía distinta, esta iniciativa se suma a otras que ya había aplicado el Ministerio de Trabajo para dificultar los ERE, como la exigencia de comunicarlos seis meses antes o que la Inspección pueda comprobar si de verdad concurren los motivos alegados. En todo caso, las empresas grandes tienen la obligación, en el marco de un despido colectivo, de ofrecer medidas alternativas como contratar a una compañía de recolocación. Estos procesos están también conectados con el mecanismo bautizado como RED, que se creó con la reforma laboral y se asemeja a los ERTE. En concreto, están pensados para sectores en transformación o por causas cíclicas, los tiene que activar el Consejo de Ministros y dan más ayudas y más formación. Hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado reacio a utilizarlos salvo para las agencias de viajes. Ni siquiera en el reciente anuncio de ERE en la planta de Ford en Almussafes (Valencia).

El proceso que está articulando Industria empieza cuando la empresa comunica su decisión con nueve meses antelación. Se entiende como fecha de inicio el momento en que se traslada a la representación legal de los trabajadores la intención de hacer un ERE y se abre el periodo de consulta. Una vez recibido el aviso, el ministerio elaborará un informe sobre la pertinencia de cursar el proceso de reindustrialización.

Si este va adelante, se formará una mesa de reindustrialización con representantes de la empresa, los trabajadores y las autoridades, entre las que estará el Ministerio de Industria, y las locales y autonómicas si así lo desean. Mientras dure el periodo para encontrar soluciones, es decir los nueve meses, la empresa y los trabajadores continuarán con el funcionamiento normal de la actividad. Seguirán igual las instalaciones e inversiones, los productos y servicios que se producen, las retribuciones de los trabajadores y las relaciones con los proveedores.

La mesa de reindustrialización analizará la información, establecerá un calendario de actuaciones y tratará de revertir la decisión o iniciar la búsqueda de una propuesta para el mantenimiento del tejido productivo. La empresa deberá contratar la asistencia técnica de una consultora que realizará el análisis de las posibles alternativas y de la búsqueda de nuevas inversiones. De este modo se hizo en Nissan, aunque en ese caso la mesa se creó tras el cierre de la fábrica, cuando el despido de 2.500 trabajadores no tenía marcha atrás. Entonces, el ministerio seleccionó en concurso público a la consultora KPMG para que coordinara la mesa de trabajo entre tantos actores y garantizara la neutralidad en la toma de decisiones. A partir de ahí se inició un tedioso proceso de más de dos años. Tras ir cayendo pretendientes, solo quedaron tres y se apostó por el fabricante de motos eléctricas Silence y por un centro de fabricación de vehículos eléctricos a cargo de las ingenierías BTech y QEV. Pero hasta hace escasas semanas no tenían asegurada la carga de trabajo para ocupar a toda la plantilla. Esto solo se resolvió en una mesa aparte con Industria y la Generalitat: así se logró el desembarco del grupo chino Chery para ensamblar coches eléctricos en Barcelona.

Según la nueva ley, dentro del plazo de nueve meses debería producirse el acuerdo de reindustrialización. Si transcurrido el periodo no se hubiera alcanzado, se dará por concluido el proceso. En el caso de lograrse el acuerdo, se detallará una propuesta y habrá un seguimiento trimestral de lo firmado. Si la propuesta lo incluye, podrá exigirse a la empresa que constituya una garantía para cubrir la ejecución de las medidas que tenga que llevar a cabo. Además, los órganos competentes podrán facilitar el cumplimiento, pudiendo habilitar y comprometer instrumentos específicos. Cabe incluso la posibilidad de que se declare proyecto industrial de interés general, lo que permitiría dar un mayor apoyo.

La Ley de Industria recogerá además un nuevo sistema de gobernanza del sector; la posibilidad de declarar proyectos estratégicos; medidas de apoyo para los ecosistemas industriales; bancos de pruebas regulatorios; la creación de una reserva estratégica industrial de productos críticos en campos como la salud, la defensa, las materias primas o el agroalimentario, para que no haya desabastecimientos como ocurrió en la pandemia con las mascarillas y los respiradores; y un nuevo sistema de calidad y seguridad en la industria con una actualización de las sanciones.

Varios expertos consultados dicen que hay que tener cuidado con establecer sistemas demasiado restrictivos. Se suelen dar muchas facilidades y ayudas para entrar en los países, pero se ponen muchas dificultades para salir. Hay que tener en cuenta que las empresas también contemplan estos obstáculos cuando valoran dónde llevar sus inversiones. Y unas barreras muy altas de salida podrían desincentivarlas. Hay que sopesar muy bien cómo tratar de contener esta tendencia sin crear una nueva barrera, explican. La nueva ley de Industria contempla que se tendrán que devolver las subvenciones si hay una reducción sustancial de la actividad antes de cinco años en las empresas grandes, y de tres en las pequeñas.

Estos expertos valoran como un avance importante el nuevo proceso porque brinda cierto margen de tiempo y porque consideran útiles las mesas. Pero también alertan de que puede aumentar el riesgo de que haya una huelga y de que se bloquee la planta teniendo todavía compromisos que atender con los clientes. Y esto podría llevar a querer malvender antes con tal de evitar unos costes implícitos elevados. Se trata de otro fino equilibrio que hay que vigilar para que no se convierta en un lastre para la inversión, señalan.

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