Recortes sociales y extrema derecha

Existe una cierta perplejidad por el avance de la extrema derecha en las recientes elecciones europeas. El giro, sin embargo, viene registrándose desde hace tiempo. Los partidos de la ultraderecha gobiernan o apuntalan ya a los Ejecutivos en ocho países europeos. Hay un cierto consenso en apuntar a la inmigración y las medidas contra el cambio climático como las políticas desencadenantes de este cambio.

Sin embargo, se ha profundizado menos en otras causas más de fondo que explican el distanciamiento de los ciudadanos del proyecto europeo y de la democracia. Una parte relevante de la desafección está directamente relacionada con la percepción ciudadana de que los Gobiernos nacionales y las instituciones europeas se preocupan poco por resolver sus problemas cotidianos como la escasez de viviendas, el aumento del coste de la vida y el deterioro de los derechos laborales.

El reciente informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Índice Global de Derechos 2024, analiza la situación de la lucha mundial por defender los pilares fundamentales de la democracia: los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores y de los sindicatos. Destaca que “hay signos claros de que gobiernos y empresas están acelerando sus esfuerzos por pisotear derechos básicos que sustentan la propia naturaleza de la democracia”.

El Informe identifica los 10 peores países para los trabajadores (Bangladés, Bielorusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filipinas, Túnez y Turquía), y constata que los que mejor respetan los derechos laborales son los países europeos Austria, Dinamarca, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia. No obstante, muestra su preocupación por el descenso de derechos en Europa. Precisa que “este descenso continuo indica que el sistema social europeo, centrado en el trabajador, está siendo activamente desmantelado a un ritmo acelerado, con graves implicaciones en la región y el riesgo de que desencadene una carrera global hacia abajo de los derechos de los trabajadores”.

Existe una significativa correlación entre la desconfianza política de los votantes europeos y la pérdida de los derechos que garantizan su bienestar que muestra el informe de la CSI. La preocupación por el futuro de la Unión queda patente en el último número de Grand Place, de la Fundación Mario Onaindia, que dedica a Europa y recoge valiosos análisis de Jon Sodupe, Enrico Lletta, Ramón Jáuregui, Josep Borrell, Joaquín Almunia y Francisco Aldekoa, entre otros.

Incluye una interesante reflexión de la exministra Arancha González Laya: “Sabemos que millones de personas han salido de la pobreza gracias al comercio internacional. Pero también sabemos que muchos otros se han quedado atrás. La sola fuerza de los mercados no ha bastado para contrarrestar el impacto negativo de la globalización, de la tecnología, el comercio y la integración económica”. En su opinión, “la legitimidad del comercio internacional ha de sustentarse en políticas públicas y privadas … Desde políticas fiscales justas, hasta políticas activas de empleo, de educación y formación continua de protección social o de salud”. La UE ha funcionado bien cuando ha sido referente de derechos que han dado confianza a sus ciudadanos.

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