El FMI advierte de que los salarios acabarán soportando parte del coste de la reducción de jornada a 37,5 horas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de los riesgos que puede entrañar la reducción de la jornada laboral que ha prometido el Gobierno y que en estos momentos negocian patronal y sindicatos. Esta se quiere rebajar desde las 40 horas semanales legales hasta las 37,5 horas sin bajar el salario percibido. El FMI pide que este recorte del tiempo de trabajo se diseñe con mucho cuidado para mitigar su impacto en la producción y en los ingresos de los trabajadores a largo plazo. Y pone como ejemplo el caso francés, del que extrae lecciones para España. Las 35 horas semanales de Francia se pusieron en práctica hace dos décadas, cuando había menos tecnología, menos terciarización y, por tanto, una menor flexibilidad en la economía. Se hizo recortando en proporción el sueldo recibido salvo para los que ganaban el salario mínimo. Y además se fue deshaciendo al poco tiempo, lo que impidió llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, a juicio del organismo con sede en Washington, las lecciones para España son evidentes: la más importante es que los trabajadores al final acaban soportando al menos parte de los costes de la reducción de jornada. Nada es gratis: “Incluso si los salarios no se reducen inicialmente, puede provocar años de moderación salarial”, dice el informe elaborado por la plantilla de la institución dentro del llamado capítulo IV.

En Francia, después de reducir la jornada, la participación de los salarios en el tamaño de la economía permaneció sin cambios, a pesar de la subida que se registró en el salario por hora al aumentar las extra encarecidas con un 25% de recargo. La moderación salarial, las bajadas de cotizaciones que aprobó el Gobierno francés para compensar a las empresas y las ganancias de productividad neutralizaron el impacto de los mayores costes por la reducción de jornada y el uso de más horas extra. Aunque se preveía una reducción del 10% del tiempo trabajado, el tiempo trabajado efectivo bajó entre un 4% y un 6% debido a las excepciones y la flexibilidad que se introdujo. Y se liberalizaron los horarios de trabajo para ganar en productividad. Esas fueron las válvulas de escape que hicieron que en el neto los costes laborales no subieran mucho.

Los salarios se congelaron en Francia simplemente por el sobrecoste que ocasionaba esas horas extra. Según describe el Fondo, hubo de uno a tres años sin incrementos salariales. En el caso español se pretenden dos hitos: una bajada de la jornada que, aunque menor, en principio podría provocar parte de ese aumento de las horas extra que se dio en Francia. Y además, a diferencia del caso francés, en España se busca también una subida del sueldo por hora porque se mantiene intacto el salario percibido pese al recorte del horario. Por ahora, no hay anunciadas bajadas de cotizaciones que amortigüen el impacto.

Como resultado, el FMI ve posible que haya una moderación salarial durante tiempo. “Es probable que los ingresos per cápita desciendan a medio plazo, ya que las ganancias en productividad solo pueden compensar como mucho una pequeña fracción de la reducción del trabajo”, señala el documento. La idea es que una parte de las empresas pueda absorber esta reducción de la jornada organizándose mejor y aprovechando las consiguientes ganancias en productividad. Pero no todas pueden hacerlo porque hay puestos en los que la producción está ligada o es equivalente al tiempo que se está trabajando. Así que el FMI calcula que, suponiendo que la mitad de la brecha en horas se compensara, las horas efectivas caerían un 3%, lo que se podría traducir en un declive de los ingresos per cápita del 2% al 3% si no se cambia nada más.

Para minimizar estos problemas y mejorar la posibilidad de que haya ganancias en productividad que atenúen estos cambios, el FMI recomienda que la patronal y los sindicatos negocien cómo se desarrolla la reducción de jornada, de forma que la implementación de esta se acomode a la diversidad de sectores y su variada casuística. Precisamente esto es lo que está sobre la mesa y el Gobierno espera que esa negociación pueda garantizar una reducción flexible y gradual que ayudaría a lograr algunas ganancias en productividad. Así se lo ha comunicado al FMI, como consta en el informe.

El FMI insiste en que esta iniciativa debería acompañarse de moderación salarial y debería permitirse la flexibilidad para maximizar las ganancias en productividad. En este sentido, pone mucho énfasis en que la reducción se aborde de forma anual para asegurar esa flexibilidad, algo que ya está recogido en la legislación española, en la que el horario se establece anualmente.

Otra pata del debate es el efecto en la ocupación. La creación de empleo que podría generarse por la reducción de jornada “no está clara y es probablemente pequeña, en especial si la semana de trabajo se reduce sin rebajar el salario”, apunta el Fondo. Es decir, no se produce un reparto del trabajo como podría sugerirse al trabajar menos horas. Casi nueve millones de personas en España tienen jornadas efectivas superiores a las 37,5 horas, recuerda.

Los distintos estudios de la OCDE y del FMI sobre la reducción de jornada que se abordó en Francia han concluido que en general no se creó empleo. Tampoco se destruyó gracias a todos los cambios que la acompañaron. Aunque hubo satisfacción con la mejora del tiempo de ocio, los trabajadores mostraban por otra parte cierto descontento por la peor evolución de los salarios, la intensificación de las tareas y porque se establecieron en muchas empresas derechos que permitían cambiar horas de más por días de vacaciones adicionales. La queja de los trabajadores era que no conseguían tomarlos pese a que se acumulaban. También se observó una deslocalización de actividades desde las empresas grandes a las pequeñas buscando abaratar el trabajo. Tras la aprobación de una directiva europea, las empresas galas aprovecharon al poco tiempo para descontar de la jornada descansos o formación, indica el FMI en este último informe.

Por otra parte, el Estado tuvo que reducir las cotizaciones para compensar a las empresas por el alza de costes con las mayores horas extra. También para neutralizar el efecto en el salario mínimo, que acabó subiendo. Todo ello terminó generando un importante incremento de costes para las arcas públicas, que el FMI calcula en el 1% del PIB anual de haberse completado la reforma bautizada en Francia como Ley Aubry.

Los expertos del FMI defienden que en España hay que tener cuidado con las consecuencias para el salario mínimo. Tras haberse elevado un 55% desde 2018, pide evitar que se suba más como consecuencia del recorte de jornada. En cuanto al sector público, recuerda que la aplicación debería ser proporcional, teniendo en cuenta la pequeña brecha que existe entre las horas efectivas trabajadas y el nuevo límite legal. “Deberían considerarse cuidadosamente las implicaciones para la calidad de los servicios públicos”, concluye. En Francia se fue poco a poco aplicando en el empleo público una rebaja del horario, sin que aumentaran las plantillas. Y eso fue en detrimento de la atención.

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