Condenados por corrupción un exministro de Economía de Portugal y el antiguo presidente del Grupo Espírito Santo

Un tribunal portugués ha condenado, por primera vez en medio siglo de democracia, a un antiguo ministro a la cárcel por delitos de corrupción cometidos durante su labor gubernamental. Manuel Pinho, que fue el titular de la cartera de Economía e Innovación en el Ejecutivo socialista de José Sócrates entre 2005 y 2009, ha sido condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción, blanqueamiento de capitales y fraude fiscal, además de tener que pagar 4,9 millones de euros al Estado. Pinho, según la sentencia leída este jueves en Lisboa sobre el conocido como caso EDP, recibió casi cinco millones de euros a cambio de favorecer los intereses del Grupo Espírito Santo (GES, propietario de un banco homónimo), que presidía el poderoso Ricardo Salgado, en detrimento de los intereses generales del país.

En la sentencia del Tribunal Criminal de Lisboa también se condena a Salgado a seis años de cárcel por corrupción y blanqueamiento; y a Alexandra Pinho, esposa del exministro, a cuatro años y ocho meses por blanqueamiento y fraude fiscal. “Las circunstancias en que ocurrieron los pagos, la actuación del sospechoso en el Ministerio, la creación de estructuras financieras con el objetivo manifiesto de ocultar el dinero prueban la existencia de un pacto corruptivo entre Ricardo Salgado y Manuel Pinho para que este continuase al servicio del BES/GES”, señala la sentencia.

El exministro, que había trabajado anteriormente como ejecutivo del Banco Espírito Santo, recibió al poco tiempo de llegar al Gobierno medio millón de euros, sumados a una transferencia mensual de 15.000 euros que recibió del grupo empresarial durante cuatro años en una cuenta en Panamá. El dinero se ocultó en empresas offshore con el conocimiento de la esposa de Pinho, según los jueces. “El sospechoso sabía que al aceptar ventajas pecuniarias que no le correspondían mercadeaba con el cargo público, poniendo en causa la confianza pública”, se recoge en la sentencia leída por la magistrada Ana Paula Rosa. Tanto el ministro como el presidente del GES sabían que su comportamiento “dañaba la imagen de la República”, señala el auto.

El exministro Manuel Pinho fue imputado en el caso de la energética EDP en 2017 por sospechas de corrupción y blanqueamiento de capitales relacionados con fondos del antiguo GES, el conglomerado internacional montado a partir del Banco Espírito Santo que colapsó en 2014 y obligó a la intervención del Banco de Portugal. Su hundimiento sacó a la luz una estructura fraudulenta y prácticas ilícitas que se investigan en varios procesos, como la Operación Marqués, donde está implicado el ex primer ministro José Sócrates. El GES llegó a tener más de 350 empresas repartidas por todo el mundo dedicadas a diversas actividades.

En diciembre de 2021, Pinho fue detenido tras prestar declaración a raíz de unas informaciones sobre la ocultación de su dinero en un paraíso fiscal, en el marco de los conocidos como Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas publicada en noviembre del mismo año. En la actualidad estaba sometido a prisión domiciliaria en Lisboa y no había podido regresar a su piso de Alicante, donde se había establecido en los últimos años. En marzo de 2023 asumió públicamente que había cometido el delito de fraude fiscal, aunque no el de corrupción. “Era práctica corriente en el Grupo Espíritu Santo, que tenía un origen histórico de cuando la familia recuperó el control del banco y de la que se beneficiaron decenas o centenas de personas a lo largo de los años”, declaró entonces. Tras la lectura de la sentencia, anunció que presentará un recurso, al igual que los abogados de Salgado.

Esta es la segunda condena penal que recibe el empresario, quien fue considerado en su día el hombre más poderoso de Portugal, aunque lo más probable es que no ingrese en prisión debido a su edad (cumplirá 80 años este mes) y a los problemas de salud que presenta. “Cuando fue escogido para ocupar el cargo de ministro, Ricardo Salgado le prometió 15.000 euros al mes para beneficiar directa o indirectamente los intereses del BES y del GES”, señala la sentencia.

Entre las decisiones que favorecieron los intereses de Salgado figuran la declaración del proyecto de Herdade de Comporta, una propiedad que ocupa más de 12.500 hectáreas en la costa alentejana, como “de potencial interés nacional” o la reversión de una decisión de la Autoridad de la Competencia que prohibía el refuerzo de la participación de Brisa, una concesionaria de autopistas, en Autoestradas do Atlântico.

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