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Las empresas españolas en Israel rechazan la carta de Bustinduy: “Es partidista y política”

La asociación que reúne a compañías de ambos países considera que la misiva no entiende de la fortaleza de las relaciones comerciales, en clara mejoría en los últimos años

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.Fernando Sánchez (Europa Press)
Luis Enrique Velasco

Las empresas españolas con actividad en Israel levantan la voz en contra de una carta que en las últimas semana ha sembrado malestar en ambos países. Rechazan la misiva que el ministro de Derechos, Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, remitió a un número desconocido de compañías nacionales con presencia en el Estado de Oriente Próximo. El texto exige medidas para evitar que la actividad de estas firmas contribuya a las “vulneraciones de derechos humanos” que, señalan, el Gobierno de Benjamín Netanyahu está cometiendo en los territorios ocupados. La Cámara de Comercio España e Israel, una entidad que representa a más de una veintena de compañías españolas de diversos sectores, reprueba la advertencia epistolar. “Es un despropósito, una carta partidista y política”, comparten fuentes internas de esta asociación a EL PAÍS.

De momento, la ofensiva israelí en Gaza deja cerca de 35.400 muertos y más de 79.000 heridos en la Franja. El comisionado general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, cifra en 800.000 los gazatíes que han huido de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, siguiendo las órdenes de evacuación israelíes desde que comenzó el conflicto, el 7 de octubre de 2023,

“Las empresas españolas emplazadas en Israel coinciden en que la carta es fruto del desgobierno porque ha sido desmentida por otros ministros del mismo Ejecutivo”, insisten desde la Cámara. El mismo día que el ministerio de Bustinduy hacía pública la misiva, su compañero de gabinete, José Manuel Albares, titular del Ministerio de Exteriores, desconocía dicho texto: “No sabemos nada de esa carta”, suscribía Albares entonces. “Ha llegado de un ministro que no tiene que ver con las relaciones bilaterales”, explica la organización. La entidad, fundada en 2008 y a la que pertenecen desde consultoras del sector tecnológico -un mercado clave en Israel- hasta firmas de abogados, esclarece que la misiva está “muy alejada de la realidad empresarial y de cómo funciona el comercio entre ambos países”. Defiende que las compañías que operan en Israel cumplen con toda la legislación vigente y recalca que “las relaciones llevan mejorando por muchos años”.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la agencia estatal ICEX, el intercambio comercial de España con Israel sumaba 3.157 millones de euros hasta octubre de 2023. Este es un volumen que ha ido en aumento. En 2022 las exportaciones a Israel alcanzaron los 2.170 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% con respecto al año anterior. La Cámara de Comercio lo tiene claro: “Israel es el socio más importante que España posee en Oriente Próximo si no tienes en cuenta el comercio de petróleo, energía y gas”.

Alfredo Meca, Business Development Director de Ntechcon, una firma española especializada en conectar empresas tecnológicas de Israel con mercados extranjeros, asegura que los puentes económicos entre ambos países son “muy sólidos”, pero advierte que si el ministerio de Consumo insiste con su mensaje puede resquebrajar las relaciones políticas; lo que terminaría lastrando los lazos mercantiles entre los dos países en un momento en el que el comercio España e Israel ha sido castigado por el conflicto.

La actividad comercial se ha visto afectada por dos frentes, según Meca. Primero, el gobierno israelí ha cerrado parcialmente el grifo de la financiación para muchas compañías y este se ha reorientado a inyectar dinero para la guerra, por lo que el crecimiento industrial y de las startups está siendo más lento que lo habitual, lo que a su vez merma la demanda extranjera de servicios y frena el desarrollo de nueva tecnología. En el último trimestre del año, la economía israelí se contrajo un 19,45%, aunque según la Cámara de Comercio España Israel, desde inicios de año esta muestra signos de mejora tras la recuperación de la moneda local, el shekel, y el reflote de la Bolsa.

En segundo lugar, Meca aclara que muchas compañías se han visto obligadas a reducir las plantillas porque los empleados han sido desplazados como reservistas o directamente han tenido que acudir a la primera línea del conflicto; lo que ha impactado en el ritmo de trabajo entre ambos territorios. Sin embargo, el directivo afirma que es resultado de un shock coyuntural, y agrega que muchos de los servicios a nivel de ciberseguridad y redes en España dependen de la tecnología israelí. “La aplicación de navegación asistida Waze, por ejemplo, funciona con software de este país, conocido hoy en día por ser punta de lanza en el DeepTech”, afirma Meca.

La Cámara de comercio también desconoce el número de firmas españolas que han recibido la carta, pero apuesta que no es una cifra elevada. En el pasado, compañías como Sacyr, FCC y ACS fueron responsables del desarrollo de infraestructuras en el país. En 2015, la empresa de Florentino Pérez se adjudicó la electrificación de 420 kilómetros de líneas de ferrocarril en Israel, un contrato que terminó en 2020.

Tres exigencias desde Consumo

La misiva que salió del despacho de Bustinduy el 8 de mayo “emplazaba” a las empresas a realizar tres acciones: reportar a Consumo los estudios realizados para evitar “potenciales abusos” que pudieran entrañar las actividades económicas -de estas firmas- para los derechos humanos, rendir cuentas sobre las medidas que se están llevando a cabo e informar de los mecanismos que la empresa ha puesto en marcha para que los consumidores tengan pleno conocimiento de estas actuaciones.

El titular de la cartera de Consumo apoya su exigencia en una resolución de las Naciones Unidas del 4 de diciembre que instó a los Estados tomar las medidas necesarias y posibles “para impedir el genocidio en curso”. “Es un mandato que involucra a toda la sociedad, pero también a los actores económicos”, insistía Bustinduy en una entrevista la semana pasada en Antena 3. “Lo que hemos hecho es asegurarnos que en ningún punto de la cadena de valor se está contribuyendo a la violación de los derechos humanos”, exponía el ministro, propuesto por Sumar para ocupar la cartera.

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