La Eurocámara aprueba con un amplio respaldo la reforma del mercado eléctrico

Puede que el vértigo de los picos inéditos de precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania haya remitido, pero el peligro de una nueva crisis energética sigue más que latente. De ahí la importancia de la reforma del mercado eléctrico que está a punto de ser realidad: la iniciativa, que ha contado durante toda su negociación con el impulso de España y que busca ante todo evitar un nuevo agujero en los bolsillos ciudadanos por la excesiva volatilidad de los precios de la luz, ha recibido este jueves el visto bueno definitivo, con amplio apoyo, de la Eurocámara, con lo que solo queda la ratificación final de los Estados para comenzar su implementación.

La reforma, que también ofrecerá más protección a los consumidores más vulnerables y abre la puerta a la intervención pública en los mercados cuando se declare una crisis energética, ha recibido un apoyo más que holgado en el Parlamento Europeo, donde los dos textos que regularán este mercado plagado los últimos años de sobresaltos, un reglamento y una directiva, han sido aprobados por amplias mayorías (433 y 473 votos, respectivamente).

Un apoyo que ha celebrado el socialista español Nicolás González Casares, que como ponente de la norma por la Eurocámara ha participado activamente en las duras negociaciones a lo largo de 2023. Según ha destacado durante el debate previo a la votación, la reforma “ya ha rendido frutos en el corto plazo”, pero sobre todo, los beneficios “se irán viendo en el medio y largo [plazo]: más protección y nuevos derechos para los consumidores, precios contenidos de la electricidad para ciudadanos y empresas que redundarán en una mayor competitividad de nuestras economías”.

“Nuestro sistema energético va a ser más resiliente, más competitivo y eso se va a ver en las facturas de los consumidores y las empresas”, se ha felicitado también el comisario de Justicia, Didier Reynders, en nombre del Ejecutivo europeo que presentó la propuesta de reforma en marzo de 2023. La rapidez del proceso desde su lanzamiento hasta ahora su casi definitiva adopción es una muestra más de la urgencia que había con esta iniciativa sobre todo desde que la guerra rusa en Ucrania hizo tambalear a los mercados energéticos y llegó a poner en graves apuros a muchos hogares y empresas incapaces, de pronto, de afrontar la factura de la luz.

Para el socialista gallego, uno de los éxitos de la reforma es que constituye una “democratización de la energía” porque “coloca a los ciudadanos en el centro del diseño del mercado eléctrico (…) Todos los consumidores, incluidas las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, tendrán acceso a precios a largo plazo, asequibles y estables”, ha destacado.

Durante las negociaciones, los eurodiputados afianzaron el derecho de los consumidores a acceder a contratos de precio fijo o contratos de precios dinámicos, y a recibir información importante sobre las opciones contratadas, recuerda la Eurocámara. Además, los proveedores no podrán cambiar unilateralmente los términos de un contrato, tal como sucedió en varios países durante la crisis energética. De igual manera, las nuevas normas facilitarán que los países puedan prohibir a los proveedores interrumpir el suministro de electricidad a los clientes vulnerables, incluso en caso de disputa entre las empresas y sus clientes.

Otra de las protecciones clave previstas en la reforma es la posibilidad de intervenir en los precios en casos de crisis. Las nuevas normas dan potestad a la Comisión y al Consejo Europeos de declarar una situación de crisis si el precio de la luz se vuelve a disparar en el mercado mayorista, del que beben en última instancia las tarifas que pagan hogares y empresas. En ese caso, el Ejecutivo comunitario sería el encargado de redactar una propuesta, que luego aprobaría el órgano que reúne a los gobiernos nacionales y que facultaría a los Estados miembros a intervenir.

Pese a los esfuerzos de España, que intentó cambiarlo, el acuerdo mantiene el mercado marginalista de corto plazo, que establece que el precio de la electricidad lo marca el coste del último megavatio hora producido por el sistema eléctrico, que generalmente fijan las centrales de gas o carbón. No obstante, alienta a los países a que fortalezcan su mercado a plazo. Además, se ordena a la Comisión que realice, antes de junio de 2026, una “evaluación en profundidad del mercado a corto plazo” para analizar “posibles disfunciones del sistema marginalista y si es necesaria una reforma de ese mercado”, ha recordado González Casares, para quien este será un momento clave, ya que abre la puerta a una propuesta legislativa al respecto en un futuro no muy lejano. Algo que interesa a una España que teme que el statu quo desanime las inversiones en renovables y que considera que, en este aspecto, la Comisión no realizó un análisis de impacto necesario.

Tras la votación de este jueves, queda pendiente solo el visto bueno final del Consejo, es decir, los Estados miembros, aunque en principio no se prevén sobresaltos dado que el acuerdo fue muy negociado durante la presidencia española del Consejo de la UE, el segundo semestre del año pasado, sobre todo para salvar las discrepancias de una Francia que quería un mayor reconocimiento de la energía nuclear y una Alemania que buscaba que los cambios en el sistema de fijación de precios no fueran demasiado profundos para que su industria no perdiera mucha competitividad ante el fracaso de su apuesta energética, el gas ruso.

“Más protección contra las subidas de precio, más inversiones verdes, más soberanía”, ha celebrado también el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin, presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara y afín al Elíseo.

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