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La Agencia Tributaria se fija como objetivo elevar su plantilla en más de 2.000 efectivos

El organismo publica su Plan estratégico 2024-2027, en el que prevé alcanzar los 29.376 trabajadores en tres años

agencia tributaria
Una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid.Marta Fernández Jara (Europa Press)
Laura Delle Femmine

La Agencia Tributaria se ha fijado como objetivo elevar su plantilla en más de 2.000 trabajadores para 2027, hasta los 29.376 efectivos, una meta que lleva tiempo reivindicando y que paliaría la avalancha de jubilaciones previstas para los próximos años. Con este aumento, el personal de la entidad recuperaría con creces el tamaño que tenía antes de los recortes aplicados a raíz de la crisis de 2008. Así lo prevé el organismo en su Plan estratégico 2024-2027, que se publica este lunes en plena tormenta por la propuesta de financiación singular lanzada por la Generalitat de Cataluña, una maniobra que supondría fragmentar la institución tributaria estatal y que ha generado el frontal rechazo de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

La plantilla de la Agencia Tributaria es de las más envejecidas entre las Administraciones públicas. De aquí a 2027, se contempla la salida 6.639 trabajadores de los 27.294 con los que cuenta actualmente el organismo, la mayoría de ellos personal funcionario. Para contrarrestar esta sangría, el plan estratégico prevé la incorporación de 8.721 personas en los próximos tres años, el grueso de ellas, cerca de la mitad, de la categoría C1, la más voluminosa. El grupo de élite que conforman los inspectores también aumentaría en un 17%, hasta los 3.186 profesionales, con la integración de 883 nuevos perfiles frente a la marcha de 399.

Estas previsiones, explica el documento, están en línea “con la senda ya iniciada en el anterior Plan Estratégico 2020-2023″ para recuperar la dimensión de la plantilla anterior a 2008 —unos 28.000 efectivos— y, a la vez, acercarse al tamaño que tiene la media de las instituciones homólogas en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En particular, se destacan las necesidades del departamento de informática, que recibe un número creciente de proyectos cuya gestión es cada vez más compleja. “Para corregir esta situación es necesario tomar medidas urgentes, entre las que podría incluirse la convocatoria de plazas de este ámbito con especialidad tributaria y una futura reorganización del departamento”, detalla el plan.

Colectivos de riesgo

La mejora del cumplimiento voluntario y en el control del fraude son objetivos prioritarios para la Agencia Tributaria. A cuenta de ello, se ha creado un Comité de Segmentación, Análisis y Gestión de Riesgos Tributarios para mejorar la coordinación entre departamento y optimizar los recursos, y que tiene como funciones “la definición y propuesta del Mapa de riesgos tributarios para cada tributo”. Además, se incrementará “la intensidad de las actuaciones de control” de varias categorías de contribuyentes, “en particular” aquellos “que desarrollan actividades económicas y presenten un mayor riesgo fiscal” —sobre todo en relación con el control del IRPF de actividades económicas, IVA e impuesto sobre sociedades—.

También los grandes grupos empresariales que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal están bajo la lupa. “Dicha labor de control es esencial si se tiene en cuenta que un colectivo muy reducido, formado por aproximadamente 50.000 entidades”, señala el plan, que solo suponen un 3% del tejido empresarial, pero cerca del 30% de lo pagado en el impuesto de sociedades. Además, como ya recogía el organismo es su plan anual de control, publicado hace un mes, fija como “objetivo fundamental” en este tributo “el desarrollo de una herramienta de control de los créditos tributarios pendientes (...), incluyendo las derivadas de ejecuciones de fallos y sentencias”, una referencia a la reciente declaración de inconstitucionalidad de la reforma del impuesto de sociedades de Cristóbal Montoro.

El plan cuenta varios “ejes vertebradores de las actuaciones” en las que se incluye mejora del modelo de asistencia multicanal al contribuyente —presencial y telemática—, el refuerzo de la ayuda en materia de censos y de no residentes, la puesta en marcha de la figura de las autoliquidaciones rectificativas en los grandes tributos para que los obligados tributarios puedan corregir eventuales errores y la simplificación del lenguaje administrativos. En el ámbito de las actuaciones preventivas, el organismo pretende intensificar las campañas preventivas de información para mejorar el cumplimiento voluntario, implementar, según exige la ley europea, un régimen obligatorio de declaración fiscal de facturas y de facturación electrónica en las operaciones intracomunitarias o facilitar la corrección voluntaria de “pequeños errores cometidos en la presentación de la declaración del IRPF”, entre otras acciones.

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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