El trabajo forzoso genera 217.000 millones de euros al año en todo el mundo

La explotación sexual sigue siendo una actividad ilegal, perseguida, execrable, pero muy rentable: cada año genera 173.000 millones de dólares —unos 160.000 millones de euros— a nivel mundial, según las conclusiones del informe Ganancias y Pobreza: Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso que ha reeditado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio cifra en 236.000 millones de dólares —217.000 millones en euros— el total de beneficios que obtienen anualmente aquellos particulares que obligan a otros a trabajar de manera forzosa. La explotación sexual es una de esas manifestaciones, y representa tres cuartas partes del montante final, a pesar de que sus víctimas tan solo suponen un tercio de los afectados. “Es necesario invertir urgentemente en medidas coercitivas que pongan freno a los beneficios del trabajo forzoso y lleven a los responsables ante la justicia”, indica el texto publicado este martes.

Diez años después de dar a conocer el primer trabajo que ponía cifras a esta lacra que excede lo laboral, los últimos resultados obtenidos por la OIT han superado con creces los guarismos precedentes. A lo largo de la última década, las ganancias ilegales por el trabajo forzoso se han incrementado en 67.000 millones de dólares —61.600 millones en euros—, un 37% más, gracias a que en 2021 —último año tomado en cuenta para la comparativa— 27,6 millones de personas se encontraban en esta situación “un día cualquiera”, según alerta el informe; que calcula que entre 2016 y 2021 el número de trabajadores forzosos aumentó en 2,7 millones. Del total de personas afectadas, 7,4 millones eran explotadas sexualmente.

Debido a que la explotación sexual afecta prácticamente en su totalidad a las mujeres, en la distinción por sexos, cuatro de cada cinco personas que se ven atrapadas diariamente en estas situaciones son niñas o mujeres. A pesar de no llegar ni a un tercio del número de los afectados, las víctimas de explotación sexual son las que reportan una mayor cantidad de beneficios a los tratantes y delincuentes. Los cálculos de la OIT cifran en 27.252 dólares (unos 25.000 euros) lo que extraen las mafias de cada una de estas mujeres.

Tras la explotación sexual, el sector que aglutina mayores beneficios anuales del trabajo forzado es la industria (35.000 millones de dólares); seguido de los servicios (20.800 millones); la agricultura (5.000 millones); y el trabajo doméstico (2.600 millones), otro nicho de empleo copado por las mujeres.

Fenómeno global

El drama del trabajo forzoso es un fenómeno global y que tiene repercusión por todo el mundo. Sin embargo, los beneficios se obtienen de manera desigual en función del continente en el que se produce: la aportación es mayor en Europa y Asia Central (84.000 millones de dólares); por delante de Asia y el Pacífico (62.000 millones); América (52.000); África (20.000 millones) y los Estados Árabes (18.000 millones).

El informe de la OIT determina que el trabajo forzoso es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Esa “pena cualquiera” que se da por coacción puede producirse “en cualquier fase del ciclo laboral”. Esto es, tanto en el momento de la contratación (obligando a alguien a aceptar un trabajo en contra de su voluntad); durante el empleo (obligándole a trabajar y/o vivir en condiciones con las que no está de acuerdo); o en el momento de la separación del empleo (forzándole a permanecer en él). Entre las prácticas intimidatorias, la retención sistemática y deliberada del salario (36%) y la amenaza de despido (21%) son las más comunes.

“El trabajo forzoso perpetúa los ciclos de pobreza y explotación, y atenta contra el corazón de la dignidad humana”, advierte Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT. “La comunidad internacional debe unirse urgentemente para tomar medidas que pongan fin a esta injusticia, salvaguarden los derechos de los trabajadores y defiendan los principios de justicia e igualdad para todos”, añade.

En esta línea, el informe del organismo internacional del trabajo con sede en Ginebra (Suiza) resalta la necesidad de invertir “en medidas coercitivas para detener los flujos de beneficios ilegales y exigir responsabilidades a sus autores”. Del mismo modo, también plantea “reforzar los marcos jurídicos, impartir formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, “ampliar la inspección laboral a los sectores de alto riesgo”, y “mejorar la coordinación entre la aplicación de la legislación laboral y penal”.

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