Contradicciones agrarias hirientes

Cualquier aproximación al malestar de los agricultores y los asalariados del campo debe partir del reconocimiento de sus peores condiciones de vida en comparación con las demás actividades económicas. Una desigualdad que se extiende a toda la población rural, unos 7,5 millones de personas (16% de la población) que ocupan un 85% del territorio. La realidad es que el 27,6% de la población rural española estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, en 2022, frente al 25,8% en las zonas urbanas, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés).

El deterioro de la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones es incontestable y está en la raíz de las protestas. La bien intencionada Ley de la Cadena Alimentaria, que trata de garantizar que los precios de venta no sean inferiores a los costes, resulta insuficiente para asegurar un comercio justo. La verdad hiriente es que en numerosos productos, como determinadas frutas, los agricultores se ven obligados a entregarlos a los intermediarios sin conocer el precio y mucho menos cuando cobrarán. Nada que ver con una economía de mercado. Ninguna otra actividad aceptaría estas condiciones.

En sus orígenes la Política Agraria Común (PAC) comunitaria de 1962 tenía muy claro que la agricultura precisaba una equilibrada regulación y ayudas a los agricultores para garantizar la seguridad alimentaria. Sucesivas reformas han ido relegando los presupuestos fundacionales con el consiguiente empobrecimiento de las explotaciones. La crisis actual está forzando volver a las reflexiones originales. El gobierno catalán, por ejemplo, propone una renta agraria básica para que los jóvenes permanezcan en el campo.

Las protestas de los agricultores abarcan un amplio campo de quejas: desburocratizar el papeleo, revisar las ayudas directas, acabar con los abusos de la gran industria y eliminar los tratados internacionales que favorecen la competencia desleal, entre otras. Los agricultores exigen más estudios para una mejor aplicación de los objetivos del Pacto Verde como la reducción en un 50% de los pesticidas más peligrosos. Denuncian la competencia desleal de los productos importados que incumplen las normas medioambientales europeas.

En el ámbito de las normas medioambientales y el comercio internacional, la Unión incurre en serias incoherencias. Un estudio elaborado por Institut Veblen, la Foundation Pour la Nature et L´Home e Interbev, señala que, para luchar contra las distorsiones de la competencia, las cláusulas espejo (que exigen las mismas normas a los productos importados que a los nacionales) “están lejos de ser suficientes para responder a los desafíos de sostenibilidad del sector agrícola de la UE”. “En aras a la coherencia”, precisa, “es primordial que la UE cese inmediatamente de exportar pesticidas prohibidos en su territorio”. Es incoherente prohibir a los agricultores el uso de ciertos pesticidas y permitir a la gran industria fabricarlos y exportarlos a sus competidores. Los agricultores son los primeros interesados con el Pacto Verde Europeo. Pero exigen una aplicación coherente y ser tratados con dignidad.

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