Una juez de Madrid imputa a Pimec y UATAE por fraude en las subvenciones

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha abierto una causa para investigar si UATAE y Pimec cometieron un delito de fraude en el cobro de subvenciones y otro de falsedad documental en 2021. La magistrada María Isabel Garaizabal ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid contra las dos asociaciones y sus máximos responsables, a los que atribuye una serie de irregularidades para beneficiarse de una subvención de 236.123 euros, el doble de lo que les correspondería, según han informado fuentes jurídicas a EL PAÍS.

La investigación se encuentra en una fase muy embrionaria. Por el momento, y de acuerdo a las mismas fuentes consultadas, la jueza solo ha acordado las primeras declaraciones para comenzar a conocer los hechos. Se trata de los interrogatorios a María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE); y su homólogo en Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Josep Ginesta. Las comparecencias tendrán lugar el próximo 25 de abril, a partir de las 11.30 horas y estarán seguidas de los testimonios de varios testigos.

La Fiscalía de Madrid considera que ambas organizaciones actuaron de manera conjunta e irregular al presentar un documento falso que validaba la unión de ambas plantillas de trabajadores —el elemento esencial para determinar la representatividad y, en consecuencia, la cuantía de la subvención— para obtener una ayuda mayor a la que le correspondía por su condición de organizaciones representativas del colectivo de trabajadores por cuenta ajena, y de pequeñas y medianas empresas.

Landaburu presentó varios anexos documentales que justificaban la unión de su plantilla de trabajadores con la de Pimec. Entre ellos se encontraba un certificado que daba cuenta de la inscripción de esta en el registro de asociaciones de autónomos de Cataluña. Una condición sine qua non, puesto que la norma establece que para tener derecho a reclamar estas subvenciones, las entidades deben estar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos (REAPTE). Y en base a ello, la Dirección General de Trabajo Autónomo otorgó en diciembre de 2021 más de 236.000 euros a la UATAE.

Denuncia de ATA

Las sospechas comenzaron a surgir dos años más tarde, cuando la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentó un escrito ante el mencionado departamento, dependiente del Ministerio de Trabajo, en el que advertía de la existencia de irregularidades en la concesión de esta subvención. Tras una serie de comprobaciones, y recibir la respuesta de la Generalitat Cataluña, que negó haber emitido el documento que reconocía que Pimec como asociación de autónomos, la dirección general puso estos hechos en manos de la Fiscalía, que terminó por interponer una querella, que ahora ha sido admitida a trámite.

Esta investigación se suma a la abierta en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que analiza, precisamente, otra denuncia de ATA por el reparto de subvenciones. En opinión de esta asociación, la la cantidad que le hubiera correspondido a UATAE de no haber incorporado la plantilla de Pimec a la suya sería de 133.211 euros, prácticamente la mitad de la que recibió.

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