La Fiscalía acusa a las asociaciones UATAE y Pimec de fraude en el cobro de subvenciones y falsedad documental

La Fiscalía Provincial de Madrid atribuye a las asociaciones UATAE y Pimec un delito de fraude en el cobro de subvenciones y otro de falsedad documental, como ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes del caso a EL PAÍS. De acuerdo con la documentación aportada por la Dirección General de Trabajo Autónomo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ambas organizaciones habrían actuado de manera conjunta para obtener un importe superior al que les correspondía por su condición de organizaciones representativas del colectivo de trabajadores por cuenta ajena, y de pequeñas y medianas empresas, respectivamente.

Para ello, habrían presentado un documento falso que validaba la unión de ambas plantillas de trabajadores —el elemento esencial para determinar la representatividad y, en consecuencia, la cuantía de la subvención—, que les permitió recibir 236.123 euros, el doble de lo debido. Los denunciados son los máximos responsables de ambas entidades, por un lado, Maria José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE); y Josep Ginesta, quien ostenta el mismo cargo en Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

Los hechos en los que se basa la Fiscalía para la imputación de ambos secretarios generales se produjeron en diciembre de 2021, cuando la Dirección General de Trabajo Autónomo otorgó 236.123 euros a UATAE en concepto de subvención de acuerdo con su nivel de representatividad del colectivo de trabajadores autónomos, tal y como establece la normativa del Ministerio de Seguridad Social. Para la percepción de esa subvención, Landaburu presentó varios anexos documentales que justificaban la unión de su plantilla de trabajadores con la de Pimec, entre los cuales se encontraba un certificado que daba cuenta de la inscripción de esta en el registro de asociaciones de autónomos de Cataluña. Una condición sine qua non, puesto que la norma establece que para tener derecho a reclamar estas subvenciones, las entidades deben estar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos (REAPTA).

Sin embargo, dos años más tarde, en 2023, la Federación de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentó un escrito ante la Dirección General del Trabajo Autónomo en el que advertía de la existencia de irregularidades en la concesión de esta subvención. Así, la Dirección General del Trabajo Autónomo se dirigió a la Dirección General de Relaciones Laborales de Trabajo Autónomo de Cataluña, para preguntar acerca de la validez del documento aportado por UATAE respecto de la inscripción de Pimec en el registro de asociaciones catalanas. Este órgano negó haber emitido certificado alguno. Según hace constar ATA en el escrito, la cantidad que le hubiera correspondido a UATAE de no haber incorporado la plantilla de Pimec a la suya sería de 133.211 euros, prácticamente la mitad de la que recibió.

Fuentes de UATAE reconocen que en el momento en que tuvieron conocimiento de esta investigación, y bajo la premisa de que lo único que se podría haber producido es un “error administrativo” y no un delito, devolvieron la parte correspondiente al exceso reclamado por ATA (133.000 euros), con un 25% de intereses. “Como federación que somos, tenemos convenios de integración tanto sectoriales como territoriales”, justifican. “Aunque no nos consta que ese certificado esté incluido, ya que el tamaño del expediente es muy grande, si ese papel no vale, no va a pasar nada más, porque nosotros ya hemos depositado esa cantidad adicional”, añade.

Respeto a la legalidad

Pimec, que se define como uno de los agentes sociales “más representativos de Cataluña” y que estuvo integrada en ATA hasta 2019 —se separaron tras la incorporación de esta en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)—, se ha defendido de las acusaciones por medio de un comunicado. En él, reconoce haber abierto un expediente interno para investigar la documentación presentada por UATAE, que niega que fuera la que este organismo le remitió. “La documentación supuestamente utilizada ahora por UATAE, relativa a las dos organizaciones de PIMEC, no se corresponde a la remitida por nuestra entidad”, indica. “Después de hacer las comprobaciones oportunas, Pimec puede afirmar que actúa y que siempre ha actuado respetando la legalidad vigente y, desde un profundo respecto a los procesos judiciales y sus plazos”, señala el organismo.

En la nota también recuerda que “Pimec no ha solicitado la subvención referida a las noticias aparecidas, ni ha hecho ninguna tramitación directamente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y tampoco ha recibido el dinero que en ellas se mencionan”. Al mismo tiempo que niega haber presentado “ante ningún estamento o institución, documentos o informaciones alteradas”. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman las actuaciones de sus organizaciones dependientes que constan en la denuncia, y se limitan a señalar que el caso queda ahora en manos de los tribunales.

El problema alrededor de las subvenciones que perciben este tipo de organizaciones tiene que ver con los criterios con los que el Ministerio de Trabajo determina su representatividad. De acuerdo con estos, son las entidades que acreditan un mayor número de trabajadores, de centros y de proyectos realizados las que se benefician de unas ayudas mayores. De ahí que muchas asociaciones traten de agrandar sus estructuras incorporando a otras federaciones. Esta representatividad —que varias organizaciones de autónomos han reclamado que se determine por votación del colectivo—, además, se mide de manera anual, por lo que los porcentajes van variando. En 2019, UATAE ostentaba el 24%, mientras que al año siguiente pasó al 33%, siendo ATA entonces la principal, con un 42%, En 2021, cuando se produjo la suma con Pimec, UATAE creció hasta el 48%, adelantando en 10 puntos a la asociación que dirige Lorenzo Amor.

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