Las renovables abren la puerta a la desalación masiva de agua a bajo coste

Antes fueron California o São Paulo, por citar un par de ejemplos aún vivos en la memoria en los que una gran sequía ha provocado grandes estragos en grandes aglomeraciones urbanas en Occidente. El más reciente, sin embargo, es el de España: dos comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía, están a un paso de la emergencia por falta de lluvias. Este problema, no obstante, puede estar cerca de tener solución —aunque sea forma parcial— en los próximos años: el bum de las renovables, con el consecuente abaratamiento drástico en el precio de la luz, promete una revolución total en las desaladoras. Tanto en lo económico, con una fuerte bajada de costes, como en lo ambiental: hasta ahora, la mayor parte de la electricidad utilizada en el proceso provenía del gas, o en el peor de los casos del carbón, pero pronto tendrá origen en la eólica y, sobre todo, en la solar fotovoltaica.

La primavera pasada, el siempre polémico —y polemista— Elon Musk se sometió a las preguntas del conocido periodista televisivo Bill Maher. En uno de los pasajes, el presentador mostró su preocupación por la escasez de agua, a lo que el fundador de Tesla y Space X respondió que el 70% de la tierra es agua. “Eso no se puede beber”, constató Maher. La respuesta de Musk, uno de los grandes visionarios del coche eléctrico y gran defensor de las renovables, no pudo ser más clara: la desalinización se está volviendo “absurdamente barata”.

Este cambio total de paradigma es —será— una auténtica bendición para países como España, que podrán seguir los pasos de los más avanzados en la materia: Emiratos Árabes Unidos e Israel, donde el 100% y el 25% del agua para consumo humano ya viene del mar. Y permitirá usos del agua desalada más allá del consumo humano: en España, apenas la quinta parte de lo que se extrae del mar y se trata acaba utilizándose en agricultura —según los datos del sector—, en gran medida por el alto precio. A medida que los costes bajen y la capacidad instalada crezca, sin embargo, todo apunta a un aumento exponencial de esa proporción. Con las oportunidades económicas que eso supone.

La transición energética no solo será clave para reducir emisiones y evitar desagradables sorpresas en la factura de la luz de hogares y empresas, sino que también será esencial para facilitar la disponibilidad de agua potable en la era del cambio climático. El sprint renovable en la Península durante estos últimos años ha coincidido precisamente con un momento en el que la emergencia climática ha mostrado como nunca su peor cara en la costa mediterránea, con una histórica sequía que se alarga ya más de tres años y que ha forzado a que Cataluña declarase el pasado viernes la emergencia en el sistema hidrológico del Ter-Llobregat, el que abastece Girona, Barcelona y toda su área metropolitana. En total, seis millones de personas (el 80% de la población catalana) tendrán un límite de consumo de 200 litros al día, la agricultura deberá reducir un 80% el agua, la ganadería un 50% y la industria un 25%. Todo eso conllevará un enorme coste económico.

Con el cambio climático, estos episodios irán a más y obligarán a tirar de todas las opciones disponibles: agua desalada y, también, agua regenerada, una opción muy ecológica —porque implica la reutilización de aguas residuales— y hoy por hoy más económica —fluctúa entre 35 y 50 céntimos, frente a los 90 actuales de la desalinizada—. Sin embargo, esta sigue encontrando importantes resistencias culturales entre los consumidores. Eso hace que su uso mayoritario sea agrario (62%) o en parques y jardines (18%).

España, cada vez más dependiente del agua de mar

En España, la dependencia de la tecnología de desalación ha ido claramente a más en los últimos tiempos. Cataluña, Murcia, Valencia y Andalucía se han visto forzadas a operar al máximo sus desalinizadoras para garantizar el abastecimiento urbano de sus poblaciones, incluidas Barcelona y Sevilla. Y en algunos rincones de la geografía nacional, como el archipiélago canario, dos islas ya llevan años cubriendo la totalidad de su consumo: Lanzarote y Fuerteventura.

Pero convertir el agua de mar en agua potable sigue sin salir ni mucho menos gratis. El proceso de osmosis conlleva un gran consumo energético: más de tres kilovatios hora (KWh) por metro cúbico de agua (1.000 litros de agua), aunque en algunas instalaciones de nuevo cuño —como la de Atacama, en Chile, que abastece a más de 200.000 personas— esa cifra ronda los 2,8 KWh. Y eso ha disparado irremediablemente la factura de luz de instalaciones faraónicas como la desalinizadora de El Prat, que abastece a los más de tres millones de personas que viven en la capital catalana y en su área metropolitana.

La instalación barcelonesa lleva más de dos años produciendo 2.000 litros de agua dulce por segundo. El nuevo contrato de suministro de energía eléctrica en instalaciones del operador del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ha aumentado un 50% desde septiembre del año pasado tras concluir la tarifa contratada para el periodo 2019-2023.

Ese gran gasto —particularmente oneroso en los años de la crisis energética, en los que el precio de la luz se ha disparado—, junto a otras actuaciones directas (como obras urgentes en plantas potabilizadoras), ya ha llegado al bolsillo del consumidor: el recibo del agua ha subido un 11,5% de media al mes en Barcelona. En Sevilla el precio de la factura del agua también ha subido entre un 15 y un 18%. Con el fuerte abaratamiento previsto de la electricidad en los próximos años, el precio debería ir claramente a la baja.

Pese a que el avance tecnológico ha mejorado mucho la eficiencia energética —hace más de una década el coste para producir un metro cúbico de agua desalada llegó a ser de 20 kWh—, se ha llegado a “un punto en el que es muy difícil bajar ya más el consumo energético por metro cúbico”, enfatiza Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), que aglutina las principales empresas del sector. La causa, añade, es que se está cerca del “límite termodinámico”. “Así que la única forma de reducir la huella de CO₂ es alimentar las plantas por medio de energía renovable”, agrega. También de rebajar el recibo.

En España, de momento, salvo pequeñas instalaciones destinadas al riego agrícola, las grandes desaladoras desplegadas en toda la costa mediterránea se alimentan de la red eléctrica general. Y aunque ya se han beneficio del creciente peso de la eólica y la fotovoltaica en la matriz eléctrica, tienen el reto a largo plazo de aprovechar el gran potencial solar para ser lo más autosuficientes posible, instalando paneles en las cubiertas o en los aledaños de estas instalaciones.

Hay una ventaja que acompaña: “Que las desaladoras estén ubicadas en una de las zonas [la costa mediterránea] con mayor potencial de generación fotovoltaica en España”, defienden fuentes de Acuamed, la empresa pública que gestiona estas instalaciones. Esto es particularmente claro en la mitad sur del área (de Murcia para abajo): Andalucía es una de las comunidades con mejor recurso solar y, también, una de las que más proyectos fotovoltaicos a gran escala concentra. Allí, el rendimiento de un panel —ya sea en un huerto solar o en el techo de una casa o de una desaladora— es mucho mayor que en el norte de España y, por supuesto, que en la Europa septentrional.

En proceso está ya la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas específicas para alimentar las desalinizadoras de Torrevieja, Águilas, Valdelentisco, Carboneras y Campo de Dalías con el objetivo de que se consiga producir ya en 2026 un 35% de la potencia demandada en cada planta, según cálculos de Acuamed. En paralelo, las nuevas plantas pendientes de construcción, como la nueva desaladora de Málaga o la de La Tordera (Girona), ya están ideadas para ser levantadas con conexión a plantas fotovoltaicas.

Un ejemplo a seguir es la macroplanta (con capacidad de 600.000 metros cúbicos al día) inaugurada el pasado junio en Riad (Arabia Saudí), que empezó a funcionar parcialmente con energía solar gracias a su gran planta fotovoltaica (45,5 MW), según los datos de la contratista, Abengoa.

La falta de espacio, cuello de botella

Con todo, el proceso de descarbonización durante la desalación en la España que bebe agua de mar no está exento de problemas, según reconoce el jefe de la patronal. El principal, la falta de terrenos: “Al estar lógicamente próximas a la costa no suele haber espacio disponible”, explica Zarzo. Es un problema que afecta sobre todo a las plantas desaladoras próximas a zonas urbanas como la de El Prat, encajonada entre el Aeropuerto y el puerto de Barcelona, donde se hace imposible levantar una planta fotovoltaica.

En paralelo, Zarzo añade otro inconveniente: “Las desaladoras deberían estar funcionando de la forma más continua posible, y las energías renovables se producen en discontinuo, por lo que hay que sobredimensionar el sistema o bien implantar baterías que tengan una elevada inversión”. Un problema sobre el que enfatiza también el director de Acuamed: “Teniendo en cuenta que estas plantas están diseñadas para funcionar las 24 horas, resulta necesario complementar el autoconsumo solar con otras fuentes”. Con este horizonte, Zarzo pide que las futuras instalaciones cuenten con “estos factores de espacio y de disponibilidad de energía”.

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